Redacción.- Barcelona (España), lunes 5 de julio de 2021. Parlamento de Cataluña, Grupo Parlamento de VOX en Cataluña. Ref.: 202MCF050721 00004. A la Mesa del Parlamento de Cataluña. Joan Garriga Domènech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el artículo lll.B del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: Proposición de Ley para la supresión de la delegaciones de Exterior del Gobierno de Cataluña
Exposición de motivos
El Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), fue fundado en noviembre de 2012. Conocido anteriormente como Patronato Cataluña Mundo, a su vez sucesor del Patronato Catalán Pro Europa, es un consorcio impulsado por la Generalidad de Cataluña dedicado a la proyección internacional de Cataluña. Como entidad de diplomacia pública, su objetivo es dirigirse a la opinión pública internacional para explicar Cataluña en el mundo de forma transversal, según reza su consigna.
En el 2014, se aprobó la Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, publicada en el DOCC núm. 6768, de 11 de diciembre de 2014. Tiene por objeto regular la acción exterior de Cataluña y las relaciones de la Generalidad con la Unión Europea, cuya máxima es alcanzar, bajo la dirección, coordinación y orientación del Gobierno, la proyección de Cataluña y la promoción de sus intereses, así como el posicionamiento de Cataluña en el exterior a modo de actor internacional activo en relación con materias que son competencia de la Generalidad o de interés para Cataluña.
No obstante, y ante esta invasión de competencias estatales, el Gobierno de España, presentó un recurso de inconstitucionalidad en el año 201 5.
La sentencia del Tribunal Constitucional 228/2016, de 22 de diciembre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad núm. 1442-201 5 interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1 a 9, 26 y 29 a 38 de la Ley autonómica 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. Así las cosas, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos aquellos preceptos que atribuían a Cataluña competencias reservadas en exclusiva al Estado; entre ellos, los dirigidos a promover el establecimiento de relaciones «bilaterales» de Cataluña con otros países o los que configuran la llamada «diplomacia pública» de la Generalidad, y remarcaba que se debe respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, tal y como prevé el art. 149.1.3 de la Constitución.
Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en octubre del año 2017, consecuencia del golpe de estado perpetrado el primero del mismo mes, el Gobierno toma la decisión de clausurar las delegaciones catalanas en el exterior, a excepción de la de Bruselas, oficina de representación permanente de España en la UE y con la que cuentan todas las regiones españolas por igual.
A pesar de los antecedentes expuestos, las conocidas como «embajadas catalanas» comenzaron a reabrirse a mediados del año 2018 con el beneplácito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
De esta forma, desde el año 2012 hasta la fecha, estas delegaciones del Gobierno de Cataluña en el exterior han ido incrementándose paulatinamente, alcanzando el número de 1 5, según informa la página de transparencia del Gobierno de la Generalidad. Estas son: Washington, Viena, Roma, Croacia, Suecia, Suiza, Méjico, Países Bálticos, Túnez, Nueva York, Berlín, Londres, Buenos Aires, París y Bruselas.
Desde su creación, las denominadas «Embajadas Catalanas» han estado envueltas en grandes polémicas y conflictos, fruto de la evidente invasión de competencias estatales y de su casi exclusiva labor de internalización del denominado «proceso de ruptura con España» que en los últimos años han tratado de llevar a cabo, sin éxito, los diferentes Gobiernos de la Generalidad de Cataluña.
Las delegaciones en el exterior del gobierno autonómico de Cataluña interfieren de forma clara en las competencias exclusivas que tiene el Gobierno central en el terreno de política exterior. Son un elemento disgregador de la cohesión que España debe mostrar en el exterior, y menoscaban indignamente el interés general de la nación española, al proyectar una constante mala imagen sobre nuestro país y nuestras instituciones nacionales.
Desde la cartera de Exteriores se ha apuntado en diversas ocasiones, que estas sedes se han usado como instrumento fundamental para la Desde la cartera de Exteriores se ha apuntado en diversas ocasiones, que estas sedes se han usado como instrumento fundamental para la internacionalización del «procés», y que, en vez de promocionar Cataluña, se han empleado para la promoción de la causa secesionista valiéndose además de ataques al estado español.
Es pues obvio, que dichas oficinas catalanas en el exterior actúan como «sedes diplomáticas» sin tener competencia para tal tarea y que si bien, tienen el objetivo de transmitir la cultura y tradiciones catalanas y dar asesoría empresarial, van más allá en sus funciones y trasladan un mensaje político claro y orientado al apoyo del discurso rupturista del actual gobierno catalán.
Otro foco de controversia se centra en el coste astronómico que suponen estas plataformas políticas superfluas.
Es innegable que el aumento del gasto de estas sedes ha sido exponencial, ya que en 2012 el presupuesto para las delegaciones de la Generalidad en el exterior era de 1,1 millones. En 2014, se dobló hasta los 2,2 millones y el año 201 5 la cifra alcanzaba los 3 millones por delegación.
Es difícil concretar el gasto que supone para la Generalidad de Cataluña el mantenimiento de las delegaciones de exteriores, dado que no se reflejan detalladamente en el portal de Transparencia y muestran una gestión totalmente opaca.
Además, tras la intervención del Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización publicado a finales del 2017, se concluye que los gastos irregulares y sin justificar de las delegaciones catalanas en el extranjero ascienden al menos a 27,2 millones de euros, ya que las llamadas «embajadas» gozan de autonomía financiera y carecen de control.
Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas, publicado en junio de 2021, reclama un total de 5.422.879 euros a los líderes del «procés» e investiga a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Andreu Mas-Colell y Raül Romeva, pero también a 35 ex altos cargos y funcionarios por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las denominadas «embajadas catalanas» y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña. En esta línea, el Tribunal Supremo ha confirmado dichas condenas avalando la decisión del Tribunal de Cuentas y quedando probada la malversación.
En defensa del interés general de España y de su integridad territorial, y en un contexto, además, en el que Cataluña se encuentra sumida en un grave crisis sanitaria y económica, resulta necesario suprimir el gasto público superfluo, máxime cuando es destinado a la ruptura de nuestra Patria. En consecuencia, las «embajadas catalanas» como entes inútiles, insostenibles económicamente, rupturistas, e invasores de las competencias estatales, deben ser suprimidas sin demora, y emplear sus recursos económicos a solucionar los problemas reales de los catalanes.
Por los motivos expresados el Grupo Parlamentarlo de VOX en Cataluña presenta la presente proposición de ley:
Proposición de ley para la supresión de las delegaciones de exterior del Gobierno de Cataluña.
Artículo primero: Se suprimen las delegaciones del Gobierno de Cataluña en el exterior y ante la Unión Europea.
Artículo segundo: Se suprimen las oficinas sectoriales del Gobierno de Cataluña en el exterior.
Artículo tercero: La representación del Cataluña en el exterior y ante la Unión Europea la ejercerá en exclusiva el Gobierno de España, con respeto a la Constitución, a la integridad territorial de España, y en defensa del interés general de la nación española.
Disposición adicional primera:
En el momento de la entrada en vigor de esta ley, los funcionarios cuya actividad laboral se desarrolle en las delegaciones del Gobierno de Cataluña en el exterior y ante la Unión Europea, así como las oficinas sectoriales del Gobierno de Cataluña en exterior, se regirán de conformidad con la legislación correspondiente sobre función pública.
Disposición adicional segunda:
La supresión de las delegaciones del Gobierno de Cataluña en el exterior y ante la Unión Europea, y la supresión de las oficinas sectoriales del Gobierno de Cataluña en el exterior, supondrá la resolución de todos los contratos de trabajo correspondientes al personal laboral y cargos de confianza que prestan en ellas servicios, con todos los efectos que procedan de acuerdo con la legislación laboral aplicable.
Disposición derogatoria primera: Queda derogada íntegramente Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea.
Disposición derogatoria segunda: Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final: Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
Palacio del Parlamento de Cataluña, lunes 5 de julio de 2021.
Joan garriga Domènech, Portavoz del Grupo Parlamentario de VOX (GP VOX); Antonio Gallego Burgos, Portavoz adjunto del GP VOX; y María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del GP VOX.
