Torra abandonará el Gobierno y Parlamento en cumplimiento de la (LOREG) y Estatuto

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FOTOGRAFÍA. BAÑOLAS 8GERONA) ESPAÑA, 22.12.2019. El inhabilitado presidente de la Generalidad de Cataluña por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por delito de desobediencia, Joaquim (Quim) Torra Pla, ha homenajeado este domingo en Bañolas (Gerona) a 150 comunistas que huyeron del resto de España a Cataluña en 1939 y de los que ha dicho sentirse "orgulloso" por ser un ejemplo de "dignidad". Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Y como la Junta Electoral Central (JEC) actúa de parte, nunca de oficio, tendrá que analizar la inhabilitación inmediata de condenado Joaquim Torra Pla. El delincuente Joaquim Torra Pla ha presentado alegaciones. La clave de la inhabilitación inmediata del delincuente Torra radica en el Artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), por cuyo cumplimiento vela la JEC en todo momento; dice que: no pueden ser elegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por una serie de delitos, entre ellos el de desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado que cuando el condenado Torra se negó a retirar los lazos amarillos dentro de los plazos que le dio la JEC, cometió desobediencia y le ha condenado por ese delito a multa de 30 mil euros y un año y medio de inhabilitación. A pesar de que el condenado Torra es diputado desde las elecciones del artículo 155 en Cataluña del pasado mes de diciembre de 2017, ello no alivia su situación. La (LOREG) contempla la figura de la «incompatibilidad sobrevenida», según la cual, si la sentencia, sea firme o no, se emite con posterioridad a la elección, cabe la retirada de la credencial y la vacante de su escaño. Un factor fundamental más: el Estatuto de Cataluña impide a quien no sea diputado ser presidente del gobierno de la Generalidad de Cataluña. La polémica está servida, a la espera de lo que haga también la Mesa del Parlamento de Cataluña. Barcelona (España), miércoles 1 de enero de 2020.

Por otra parte, la JEC se enfrenta a su renovación con la irrupción con fuerza de VOX, que tendrá representación en la nueva JEC, en aplicación de los resultados electorales del 10N. De allí los ataques de los antiVOX y cruzados del PP y Ciudadanos, PSOE, Podemos, separatistas y proetarras contra la formación de Abascal; el frente verde.

Uno de los planes de los del llamado «Consenso Progre», los AntiVOX entre ellos el PP de Pablo casado y Cayetana Álvarez de Toledo, para callar a los 3.640.063 de familias españolas votantes de VOX, representado en el Congreso con 52 escaños, siendo esa formación la tercera fuerza política en España, delante de Ciudadanos y Podemos juntos, y todos los separatistas y proetarras juntos, era precisamente ir todos unidos contra VOX en todas las votaciones de la constitución del Congreso y de su Gobierno para que VOX, finalmente, no tenga representación alguna en las instituciones del Estado, entre esas instituciones del Estado: la Mesa del Congreso, la Junta Electoral Central (JEC) y los entes públicos, entre eso, perder su cuota en los debates políticos de televisores públicas o televisiones privadas que reciben subvenciones del Estado.

Pero ese «Consenso Progre», tras conocerse parte del acuerdo PSOE y ERC que incluya la convocatoria de un referendum de independencia en Cataluña sin contar con JxCAT, PP y Ciudadanos, ha caído por su propio peso con el golazo del PSOE al PP, JxCAT de Puigdemont y Ciudadanos a últimas horas con su pacto con ERC y Oriol Junqueras Vies (ERC). Los últimos días, mientras PP y Ciudadanos se tiraban encima cenizas, señal de luto, JxCAT e lavaba las manos, rechazaba el acuerdo PSOE y ERC y convocaba una crisis de gobierno en la Generalidad de Cataluña para el próximo viernes, 3 de enero de 2020.

La JEC mandaría a su casa a Torra 

La Junta Electoral Central (JEC) se encuentra en periodo de renovación. Y de convulsión. Sus trece integrantes sabrán en próximas semanas si se van o si siguen mientras no dejan de aparecer asuntos peliagudos sobre su mesa: comenzará 2020 estudiando la inhabilitación de Joaquim (Quim) Torra Pla.

La última reunión de la Junta de 2019 pasó desapercibida porque la negociación para que hubiera investidura atravesaba momentos delicados y acaparó, por ello, toda la actualidad. Pero hubo sorpresa.

La JEC decidió abrir un expediente sancionador al PP por vulnerar la ley electoral con el envío de sms a más de un millón de ciudadanos durante el último día de la campaña del 10N. Fue uno más de los muchos acuerdos con ruidosas consecuencias políticas que ha adoptado la Junta Electoral Central durante 2019.

Un fugaz repaso conduce a los lazos amarillos, los debates de los candidatos en televisión, la entrevista de Pedro Sánchez en la Moncloa, la presencia de los medios en los mítines de VOX…

La tendencia para este comienzo de 2020 apunta incluso al alza porque la primera reunión del año, el próximo viernes, 3 de enero de 2020, tendrá un punto de máxima expectación: la posible inhabilitación inmediata de Joaquim (Quim) Torra Pla, condenado por el Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC), por comer el delito de desobediencia, a pena de inhabilitación de un año y medio y multa de más de 30 mil euros.

Para ilustrar la implicación política de semejante decisión, basta recordar que la investidura de Pedro Sánchez comenzará a dilucidarse a partir del día siguiente tras conseguir el PSOE la abstención de los separatistas de ERC, el gran adversario electoral de la formación de Torra, JxCat, que lidera de delincuente huido de la Justicia español, Carles Puigdemont Casamajò.

Además, por si fuera poco, está pendiente la posible sanción al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), por aquella entrevista en la Moncloa antes de la campaña de las elecciones generales del pasado domingo, 10 de noviembre de 2019 (10N), citada antes.

TRANSICIÓN EN LA JEC POR LA IRRUPCIÓN CON FUERZA DE VOX

La Junta Electoral afronta, por tanto, dos resoluciones de envergadura en pleno periodo de transición. Su composición debe renovarse dentro de los 90 días siguientes al de la constitución de las Cortes, el pasado 3 de diciembre.

De los 13 integrantes, ocho son magistrados del Tribunal Supremo y dependen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); los otros cinco son catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología, y dependen de la Mesa del Congreso. Todos aparecerán en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Como señalan a Efe fuentes parlamentarias, en la Mesa no se ha abordado aún la renovación de su cuota de la JEC. Queda tiempo.

Después de los comicios del 28A, el PSOE promovió a dos vocales, y el PP, Ciudadanos y Unidas Podemos a uno cada uno. Sin embargo, el 10N ha alterado completamente la formación de la Mesa: el PSOE y Unidas Podemos representan una clara mayoría al tener a seis de los nueve diputados que la integran; dos son del PP y uno de VOX. Ciudadanos se hundió y desapareció de la Mesa del Congreso.

Uno de los planes de los del llamado «Consenso Progre», los AntiVOX entre ellos el PP de Pablo casado y Cayetana Álvarez de Toledo, para callar a los 3.640.063 de familias españolas votantes de VOX, representado en el Congreso con 52 escaños, siendo esa formación la tercera fuerza política en España, delante de Ciudadanos y Podemos juntos, y todos los separatistas y proetarras juntos, era precisamente ir todos unidos contra VOX en todas las votaciones de la constitución del Congreso y de su Gobierno para que VOX, finalmente, no tenga representación alguna en las instituciones del Estado, entre esas instituciones del Estado: la Mesa del Congreso, la Junta Electoral Central (JEC) y los entes públicos, entre eso, perder su cuota en los debates políticos de televisores públicas o televisiones privadas que reciben subvenciones del Estado. Pero ese «Consenso Progre», tras conocerse parte del acuerdo PSOE y ERC que incluya la convocatoria de un referendum de independencia en Cataluña sin contar con JxCAT, PP y Ciudadanos, ha caído por su propio peso con el golazo del PSOE al PP, JxCAT de Puigdemont y Ciudadanos a últimas horas con su pacto con ERC y Oriol Junqueras Vies (ERC). Los últimos días, mientras PP y Ciudadanos se tiraban encima cenizas, señal de luto, JxCAT e lavaba las manos, rechazaba el acuerdo PSOE y ERC y convocaba una crisis de gobierno en la Generalidad de Cataluña para el próximo viernes, 3 de enero de 2020.

Ha sido tanta la influencia de la Junta en los dos anteriores procesos electorales, 28 de abril y 10 de noviembre (su cometido es vigilarlos, conviene subrayarlo), que para los partidos políticos el acuerdo sobre quiénes serán sus futuros representantes en el organismo se prevé prioritario.

Por regla general, se apela a un acuerdo entre las formaciones con presencia en el Congreso para designar a los cinco vocales de la JEC que entran en su radio de decisión, pero como no suele fraguarse el consenso, el plazo de 90 días se deja pasar y la Mesa establece luego su criterio.

FUERA TORRA

Entretanto, los actuales trece vocales serán los que decidan el viernes si Torra debe abandonar la Presidencia de la Generalitat por estar inhabilitado.

Basará en gran medida su resolución en el informe que remita la Junta Provincial de Barcelona tras haber desestimado tres reclamaciones del vox, PP y Ciudadanos para que le apartaran del escaño del Parlamento de Cataluña.

Pero como los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal creen que la continuidad de Torra infringe la ley electoral, han insistido y han acudido a la JEC.

Y como la JEC actúa de parte, nunca de oficio, tendrá que analizar el asunto. El delincuente Joaquim Torra Pla ha presentado alegaciones. La clave de la inhabilitación inmediata del delincuente Joaquim Torra Pla radica en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), por cuyo cumplimiento vela la Junta en todo momento. Dice que no pueden ser elegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por una serie de delitos, entre ellos el de desobediencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictaminado que cuando Torra se negó a retirar los lazos amarillos dentro de los plazos que le dio la JEC, cometió desobediencia. A pesar de que el condenado Torra es diputado desde las elecciones de diciembre de 2017, ello no alivia su situación. La LOREG contempla la figura de la «incompatibilidad sobrevenida», según la cual, si la sentencia, sea firme o no, se emite con posterioridad a la elección, cabe la retirada de la credencial y la vacante de su escaño.

Un factor fundamental más: el Estatuto de Cataluña impide a quien no sea diputado ser presidente. La polémica está servida, a la espera de lo que haga también la Mesa del Parlamento de Cataluña.

La Junta ha transitado por 2019 bajo enorme presión, como reconocen fuentes de este organismo. La evolución de los acontecimientos no invita a la calma.

De hecho, el viernes, el otro asunto a tratar será la tramitación de la credencial como eurodiputado de Oriol Junqueras después del último informe de la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo. Aunque sobre ese asunto, la decisión de la JEC no sea por encima de la del tribunal Supremo dado que para que Junqueras salga de prisión, es el Supremo que debe decidir escuchando todas las partes: VOX (Acusación popular), la Fiscalía -en contra de la salida del preso golpista- y la Acusación Particular (Abogacía del Estado) y las defensas del Procés (abogados de Junqueras) -esos dos últimos a favor de su libertad.

La Abogacía, mientras pide que Junqueras sea eurodiputado  salga de prisión para serlo, pide que se solicite «urgentemente la suspensión de su inmunidad» y que vuelva a prisión cumplir su condena de 13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación.