Lasvocesdelpueblo y Agencias – Joaquim Torra Pla, expresidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña inhabilitado automáticamente por el Estatuto de Cataluña, tras la resolución del Tribunal Supremo de este jueves, 23 de enero de 2020, ante su propio recurso a la retirada de su acta de diputado en el Parlamento de Cataluña por la Junta Electoral Central (JEC) después de su inhabilitación a un año y medio y multa de 30 mil euros por el delito de desobediencia en una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha dicho hoy que se reserva la posibilidad de «emprender acciones legales» por presuntas calumnias contra los que le acusan de «usurpador» y también contra aquellas que ejercen «presiones» a niveles «insostenibles» al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, por su inhabilitación. Desde anoche, jueves 23 de enero, el futuro de Torra está en mano de un Torrent que ha sido avisado por la JEC, de tramitar «inmediatamente» la perdida de acta de diputado del condenado Torra. por lo que Torrent está bajo presiones e incurriría en el delito de desobediencia si no tramite el finiquito de Torra y le expulse del Parlamento de Cataluña antes la votación del Pleno del lunes, 28 e enero de 2020. Barcelona (España), vienes 24 de enero de 2020.
Pese a que el Supremo haya decidido mantener la orden de la Junta Electoral Central de retirarle el acta de diputado autonómico a Torra, la Oficina de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña ha remarcado, en un comunicado, que cuenta con «toda la legitimidad democrática» para seguir en el cargo.
En este sentido, atribuir a Torra la posible comisión de un delito de usurpación de funciones públicas «no solo demuestra una ignorancia profunda del derecho penal, sino que se esgrime para coaccionar a aquellos que defienden la soberanía del Parlamento de Cataluña», sostienen desde la Generalidad de Cataluña.
Así, Torra, según el comunicado de su oficina, «no dudará en ejercer las acciones legales oportunas en el caso de que persistan esta acciones, que podrían estar incurriendo en un presunto delito de calumnias e injurias».
En las últimas horas, Torra ha recibido diversas críticas principalmente de PP y Ciudadanos tras rechazar la resolución del Supremo y, en concreto, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, le calificó como «el usurpador».
Además, la Oficina de Presidencia ha alertado de que las presiones a las que se pretende someter el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, por este asunto están llegando «a límites insostenibles e incompatibles con el ordenamiento jurídico en general y, específicamente, con el Código Penal», con lo que se podrían haber cometido a su juicio delitos de coacción.
«En este sentido, no vamos a renunciar a ejercer las acciones legales pertinentes, también de carácter penal», añaden.
La Oficina de Presidencia mantiene que «la condición de diputado del Parlamento de Cataluña del presidente de la Generalitat sólo le puede ser revocada, en caso de que exista sentencia firme, por el propio Parlamento».
También insiste en que la JEC es «incompetente para dictar la resolución por la que se le quiere privar de esta condición de diputado a Joaquim Torra Pla».
