Torra recurre su inhabilitación y amenaza con llevar a Europa la «parcialidad de los jueces»

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 03.03.2020. El inhabilitado expresidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra Pla, alias Quim Torra, durante la reunión semanal del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Escrito del recurso del inhabilitado expresidente Torra ante el Tribunal Supremo: «¿A alguien le sigue cabiendo alguna duda, después de descubrirse la confabulación existente entre, al menos, uno de los miembros de la Junta Electoral Central y el partido político Ciudadanos para perjudicar a mi representado (Quim Torra) y al partido y opción política que él representa?», sostiene Torra en su recurso. Para Torra, «llama prodigiosamente la atención» que la Fiscalía obvie en su escrito que dos miembros de la Junta «no guardaban absolutamente ninguna apariencia de imparcialidad y, al menos, uno de sus miembros estaba a sueldo» de Ciudadanos, formación que presentó la denuncia que dio pie al proceso contra el presidente catalán. Barcelona (España), martes 3 de marzo de 2020. 

El inhabilitado expresidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra Pla, alias Quim Torra, ha denunciado ante el Tribunal Supremo que su condena por desobediencia obedece a una «confabulación» entre el partido político que preside nadie en la actualidad desde la dimisión de su entonces líder Albert Rivera, un día tras la debacle electoral del 10 de noviembre de 20219 (10N) de esa formación: Ciudadanos (Cs), y al menos un exvocal de la Junta Electoral Central (JEC) para apartarlo del cargo y «neutralizarlo» políticamente.

La defensa de Torra ha presentado un escrito ante el Supremo en el que se opone a la petición de la Fiscalía de que confirme la pena de inhabilitación que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso al presidente catalán por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.

En su escrito, Gonzalo Boye, abogado de Torra, aprovecha para volver a cuestionar la imparcialidad de los miembros de la Junta, a raíz de las recientes informaciones que apuntan a que el exvocal Andrés Betancor cobró como asesor de Ciudadanos mientras participaba en debates del árbitro electoral, entre los años 2017 y 2019.

«¿A alguien le sigue cabiendo alguna duda, después de descubrirse la confabulación existente entre, al menos, uno de los miembros de la Junta Electoral Central y el partido político Ciudadanos para perjudicar a mi representado (Quim Torra) y al partido y opción política que él representa?», sostiene Torra en su recurso.

Para Torra, «llama prodigiosamente la atención» que la Fiscalía obvie en su escrito que dos miembros de la Junta «no guardaban absolutamente ninguna apariencia de imparcialidad y, al menos, uno de sus miembros estaba a sueldo» de Ciudadanos, formación que presentó la denuncia que dio pie al proceso contra el presidente catalán.

La defensa de Quim Torra, que la semana pasada anunció una querella contra Betancor, sostiene que la Junta Electoral «actuó contaminada por convicciones políticas» y por «motivaciones espurias», en una «estrategia política tendente a neutralizar políticamente» al presidente catalán.

El escrito de Torra denuncia un «plan urdido» por Betancor y critica que la «desvergüenza» del vocal debió ser valorada por el juez instructor y por el tribunal que juzgó el caso.

El letrado insiste, como ya alegara en el juicio por desobediencia, que la Junta Electoral Central «no era competente» para emitir los requerimientos a Torra para que retirara los símbolos de apoyo a los políticos presos, teniendo en cuenta que el presidente de la Generalitat era «un tercero ajeno a la organización del proceso electoral».

«La orden era abiertamente ilegal y no debía acatarse», mantiene la defensa, que cree además que los requerimientos de la Junta a Torra vulneraban «derechos fundamentales» del presidente de la Generalitat y de terceros y «generaban indefensión».

El escrito hace también hincapié en la «distinta reacción» ante hechos semejantes atribuidos a Pedro Sánchez, que la Junta Electoral Central «ha ventilado con una sanción económica, sin atribuirles relevancia penal».

La defensa pide al Supremo que, antes de resolver sobre el asunto, eleve una batería de cuestiones prejudiciales a la justicia europea sobre la supuesta parcialidad de los jueces que han instruido o juzgado la causa contra el delincuente Torra y la posible vulneración de derechos fundamentales del condenado Torra.