Efe – Serán así castigados las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen «abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales», según señala este precepto. En concreto, el Artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales «multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años». Según fuentes del Gobierno del Reino de España del presidente Pedro Sánchez ayer, martes 19 de marzo de 2019, en un informa exigido por la Junta Electoral Central (JEC) sobre el primer ultimátum de 48 horas de la JEC al Gobierno del presidente Quim Torra Pla mientras la JEC baba a Torra otro plazo de 24 horas —también desoído por el líder independentista y todo su ejecutivo en pleno, anoche, martes 19 de marzo de 2019—, «es la Junta Electoral Central la exclusivamente competente para dar los siguientes pasos, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase al cuerpo de seguridad competente el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos». Madrid (España), miércoles 20 de marzo de 2019.
La negativa del presidente separatista en Cataluña, Quim Torra, a retirar las Estrelladas del separatismo en Cataluña, conocidas en dialecto catalán como Esteladas, y los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat podría acarrear su inhabilitación si se le considera responsable del delito de desobediencia ya apuntado por la Junta Electoral Central (JEC) al ordenarle quitar estos símbolos.
En concreto, el artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales «multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
Serán así castigados las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen «abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales», según señala este precepto.
La Junta Electoral, en el escrito aprobado el lunes pasado para ordenar a Torra que retirara en 24 horas los símbolos independentistas de los edificios públicos catalanes, ya le avisaba «de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir» si persistía «en la desobediencia» a sus acuerdos.
Una vez constatado el incumplimiento de la orden por parte de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que ayer comunicó a la JEC que los lazos y «Esteladas» seguían exhibiéndose en las fachadas de los edificios de la Generalidad de Cataluña, la Junta tendrá que decidir cómo actúa.
Existe la posibilidad de que ponga los hechos en conocimiento de la Fiscalía, a la que le correspondería determinar si Torra ha podido cometer algún delito tipificado en el Código Penal.
También puede, según ha recordado esta semana el Gobierno, ordenar a los Mossos d’Esquadra que quiten los símbolos independentistas de los edificios donde siguen colocados pese a la orden dictada por el máximo intérprete de la legislación electoral.
Porque, según fuentes del Ejecutivo, «es la Junta la exclusivamente competente para dar los siguientes pasos, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase al cuerpo de seguridad competente el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos».
Entre tanto, antes de que la JEC decida si acude o no al fiscal, la propia Fiscalía ya cuenta desde el viernes pasado con dos denuncias contra Torra presentadas por el PP y Ciudadanos, por el incumplimiento por parte del presidente de la Generalitat de la primera orden dada el 11 de marzo por la Junta para que quitara los lazos amarillos en 48 horas.
