Trump amplia las causas para deportar a indocumentados y ordena contratar a 15.000 agentes fronterizos

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, en un momento de su intervención en Florida. archivo Afp.

Agencias – Porque “el auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos”. Las directrices también autorizan la expulsión inmediata de los inmigrantes irregulares que no puedan acreditar que llevan al menos dos años en Estados Unidos, mientras que hasta ahora solo se aplicaba esta medida a quienes llevaban menos de 14 días, con escasas excepciones. Washington (Estados Unidos), martes 21 de febrero de 2017. Fotografía: El presidente de EE.UU., Donald Trump, en un momento de su intervención en Florida. archivo Afp.

El secretario de Seguridad Nacional presenta las directrices en política migratoria. Los agentes tendrán mayor capacidad para actuar contra los indocumentados.

Se eliminan las exenciones y toda vulneración de la ley implicará la deportación. Se mantiene la protección de los dreamers, quienes llegaron siendo niños al país.

El Gobierno de Donald Trump ha desvelado este martes las líneas maestras de su política migratoria, entre las que figuran agilizar el proceso legal para la deportación de inmigrantes irregulares, eliminar las exenciones que hasta ahora impedían ciertas expulsiones y la contratación de 15.000 nuevos agentes para reforzar el control de las fronteras, una batería de medidas que abre la puerta a la expulsión masiva de los indocumentados que viven en Estados Unidos.

Las nuevas directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, suponen un cambio notable en la política migratoria del Ejecutivo, ya que no solo se aceleran los trámites para llevar a cabo las deportaciones, sino que se concede mayor capacidad a los agentes para actuar contra los indocumentados y se eliminan las exenciones que aplicaba la Administración de Barack Obama.

Así, bajo el mandato de Obama no se realizaban deportaciones en base a violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del coche. A partir de ahora, sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional “ya no eximirá a clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”, es decir, de una deportación.

Por lo tanto, con las nuevas directrices la orden es no solo perseguir a los inmigrantes irregulares con cargos criminales violentos, sino también a aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.

Expulsiones inmediatas

Las directrices también autorizan la expulsión inmediata de los inmigrantes irregulares que no puedan acreditar que llevan al menos dos años en Estados Unidos, mientras que hasta ahora solo se aplicaba esta medida a quienes llevaban menos de 14 días, con escasas excepciones.

Se restringe, asimismo, la puesta en libertad mientras dure el proceso de deportación de quienes son detenidos en la frontera, con el argumento de que muchos aprovechan para desaparecer, dado que el procedimiento puede alargarse más de dos años.

Así, se autoriza la devolución inmediata de los inmigrantes que lleguen por tierra desde México a la espera de que se resuelva formalmente su deportación, una medida que “ahorrará al Departamento recursos de detención”.

En conjunto, las nuevas medias implican un claro endurecimiento de la política migratoria, que el Departamento de Seguridad Nacional, equivalente al Ministerio de Interior, justifica por el incremento de la llegada de indocumentados:

“El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos”, subraya en las directrices.

Para poner en práctica esta nueva política, se contempla la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP), los organismos encargados de vigilar las fronteras y tramitar las deportaciones.

Se mantiene la protección a los dreamers

Pese a todo, Trump mantiene intacto el Programa de Acción Diferida (DACA) de 2012, implantado por Obama y que ha permitido frenar la deportación de 750.000 jóvenes indocumentados, los llamados dreamers (soñadores), aquellos que llegaron a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños y han crecido en el país.

El programa permite a los jóvenes frenar su deportación, obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir, aunque establece que para seguir gozando de estos beneficios los jóvenes deben renovar el permiso cada dos años.

“Es uno de los temas más difíciles que tengo. Vamos a tratar DACA con corazón”, señalaba el presidente hace pocos días, durante su última rueda de prensa, a pesar de que la eliminación del programa era una de sus promesas electorales.

“La situación del DACA es muy dura porque amo a esos chicos, algunos de esos son totalmente increíbles. Tengo hijos y nietos”, subrayaba este fin de semana ante los periodistas en Florida.

Por ahora, en el documento publicado este martes se especifica que estos jóvenes indocumentados “no” se verán afectados por las nueves órdenes de Seguridad Nacional.

 

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