TSJC y CGPJ denuncian «ataque directo» separatista «encabezada por gobierno» de Artur Mas

Redacción.- Barcelona (España), 14 de octubre 2015. Tanto el Consejero General del Poder Judicial en Cataluña como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reiteran y denuncian el «ataque directo» separatista catalán al Tribunal en Cataluña este martes que según el TSJC «encabezado por el gobierno» del presidente en funciones en Cataluña, Artur Mas Gavarró en un comunicado [pdf]. Concretamente, por el consejero de justicia del gobierno separatista de Artur Mas, el opresor Germà Gordó Aubarell.

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Una opresión que el TSJC considera una amenaza «a la independencia judicial poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado Constitucional», apunta el Tribunal reconociendo así lo que millones de calanes padecen ya durante años. Además, la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Teresa Freixes Sanjuán, califica de hechos «anormales» en democracia.

Teresa Freixes Sanjuán: «Autoridades principales de Cataluña, cargos públicos, diputados y sobre todo», subraya la miembro del Consejo General del Poder Judicial en Cataluña, «sobre todo el poder ejecutivo» del Artur Mas Gavarró «que haya estado promoviendo, según parece, esta manifestación ante el Tribunal», denunció este martes en declaraciones a TV3.

Sanjuán asegura que entiende «la posición» del gobierno separatista catalán pero, «evidentemente», añade, «no es normal» en democracia. «No es normal que un gobierno encabece una manifestación contra ningún Tribunal» en ningún país del mundo, lamentó Sanjuán.

La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha denunciado este «ataque directo» separatista en un comunicado al que hemos tenido acceso y que reproducimos íntegramente, a continuación.

TSJC informa

La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la vista de las llamadas a concentrarse ante el Palacio de Justicia, con ocasión de la comparecencia de miembros y ex-miembros del Govern de la Generalidad efectúa las siguientes consideraciones:

Las cuestiones que conciernen al funcionamiento del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, revelan siempre un interés general y, en consecuencia, todas las decisiones jurisdiccionales que se adopten están sometidas al control y a la crítica pública. Ahora bien, lo anterior no debe hacer olvidar su función en la sociedad. Como garante de la Justicia, valor fundacional del Estado Constitucional, su acción necesita de la confianza de la sociedad, fuente, además, de su legitimidad.

La Sala de Gobierno no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a la puerta del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de los Jueces y además pretender influir en su toma de decisiones. Ello supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado Constitucional.

Debe recordarse que la independencia judicial no es un privilegio de los Jueces, sino una garantía de los ciudadanos. Su cuestionamiento resulta aun más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno. En este sentido, la Sala quiere recordar el deber de no injerencia que vincula especialmente a aquellos que forman parte de los otros poderes, en los que se organiza nuestro sistema político.

Insistimos. Cuestionar de manera interesada que la actuación de los Tribunales de Justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política. Solo desde el respeto a los valores democráticos se puede garantizar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Y en esa medida reclamamos responsabilidad a aquellos que tienen el deber de garantizar la convivencia en paz y libertad».