Agencias – La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho hoy que la independencia judicial «no es un privilegio de los jueces sino una garantía para los ciudadanos» en una comunidad autónoma como en cualquier país democrático europeo. En este sentido, el TSJC considera que no puede permanecer «impasible» ante las concentraciones y manifestaciones convocadas por colectivo separatistas catalanes con «el objetivo de cuestionar la legitimidad de los jueces y, además, pretender influir en su toma de decisiones«. «Esto representa un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial, poniendo en entredicho uno de los elementos esenciales del estado constitucional», añade el comunicado. Barcelona, 13 de octubre 2015. <Fotografía: Fanáticos separatistas excluyentes ante el palacio del gobierno autonómico de Cataluña, plaza San Jaume, en la campaña de opresión de ANC, Ómnium y AMI al TSJC. Foto facilitada por ANC>.
La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha considerado este martes «inadmisible» que «representantes públicos con funciones de gobierno» separatista excluyente en funciones de Artur Mas Gavarró participen y encabecen manifestaciones y concentraciones frente al Palacio de Justicia, como las que este Martes ha habido en apoyo a la consejera del departamento de adoctrinamiento del gobierno catalanista -consejería de Enseñanza-, Irene Rigau, y la ex-vicepresidenta y consejera de gobernación del gobierno catalanista excluyente, Joana Ortega, por la declaración como imputadas por la querella del golpe del Estado separatista del pasado 9 de noviembre 2014.
En un comunicado, el TSJC recuerda que la independencia judicial «no es un privilegio de los jueces sino una garantía para los ciudadanos». En su nota, la Sala de Gobierno del máximo órgano jurídico en Cataluña dicen que el poder judicial es una «institución esencial en cualquier sociedad democrática» y sus cuestiones tienen interés general y por lo tanto las decisiones jurisdiccionales «están sometidas al control ya la crítica pública». Pero este poder «requiere la confianza de la sociedad, de donde reside su legitimidad».
Por ello, considera que no puede permanecer «impasible» ante las concentraciones y manifestaciones convocadas con «el objetivo de cuestionar la legitimidad de los jueces y, además, pretender influir en su toma de decisiones«. «Esto representa un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial, poniendo en entredicho uno de los elementos esenciales del estado constitucional», añade el comunicado.
En este sentido, asegura que «el cuestionamiento resulta aún más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos con funciones de gobierno». Así, la Sala recuerda «el deber de no injerencia, que vincula especialmente a aquellos que forman parte de los otros poderes, en los que se organiza nuestro sistema político», apunta el Tribunal catalán oprimido desde las primera de esta mañana por el brutal aparato separatista con la complicidad de la extrema izquierda catalana y del resto del Estado.
En la nota el TSJC insiste en que «cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales sólo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de la convivencia política». Finaliza reclamando «responsabilidad a aquellos que tienen el deber de garantizar la convivencia en paz y libertad», sentencia el TSJC.
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