Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), miércoles 2 de febrero de 2022. Los Grupos parlamentarios de los partidos separatistas ERC, JxCat y CUP han pactado este miércoles una propuesta de dictamen sobre el caso del delincuente Secretario Tercero de la Mesa del Parlamento de Cataluña y diputado de CUP, Pau Juvillà Ballester —inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia a una resolución de la Junta Electoral Central (JEC) en la campaña electoral de 2019 cuando el condenado era entonces concejal en el Ayuntamiento de Lérida y le gustaba exhibir símbolos políticos, como la bandera del separatismo, en este edificio público e campaña electoral, incumpliendo la Ley electoral— y que ahora la JEC ha dado un plazo de 5 días (hasta el próximo viernes 4 de febrero de 2022) a la presidente del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs Castanyer (JxCat), para retirar y confirmar la retirada del acta de diputado al condenado y que si no lo hace se enfrentará a acciones judiciales por el delito de desobediencia.
En el documento, los partidos separatistas mantienen que la presidente del Parlamento de Cataluña «no podría ejecutar la retirada de su escaño» del delincuente Pau Juvillà Ballester porque «de momento no hay sentencia firme del Tribunal Supremo ni se ha resuelto la petición de cautelares». Se trata de una manipulación del separatismo sencillamente porque la Ley dice exactamente el contrario: una vez «condenado» el diputado debe abandonar el escaño, así ocurrió con el inhabilitado expresidente separatista de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra Pla (JxCat), quien fue expulsado del Parlamento de Cataluña por el expresidente de la cámara catalana, Roger Torrent (ERC), o reciente con el delincuente Alberto Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados -en su caso, al ser aforado, le tocó directamente el Tribunal Supremo y al ser condenado, la presidente del Congreso, Meritxell Batet tuvo que ejecutar la retirada de su acto pese a que Rodríguez era diputado de uno de los partidos del Gobierno de coalición.
De todas formas, los tres Grupos Parlamentarios separatistas coinciden en que «el límite de la desobediencia a la hora de defender esta postura pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos».
El texto del desafío ERC, JxCat y CUP a la legalidad vigente recuerda que el «Parlamento de Cataluña», en otro texto pactado por estos grupos separatistas, ya defendió que la «JEC no es competente para tomar un acuerdo que altera la composición de la cámara».
ERC, JxCat y CUP añaden que «se trata de una vulneración flagrante del derecho a participación política ya la presunción de inocencia».
