Efe – Las primeras horas con el estado de alarma en vigor en toda España por la pandemia del coronavirus se están viviendo con normalidad y apenas algunos incidentes aunque, por ahora, las fuerzas de seguridad no han tenido que imponer sanciones, que van desde multas económicas a penas de prisión. Madrid (España), domingo 15 de marzo d e2020.
El dispositivo ya está en marcha y los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han comenzado esta tarde a realizar «reconocimiento previos» en siete ciudades donde puede haber mayor riesgo de propagación del virus, como Madrid, Valencia, Sevilla y Zaragoza.
Además, se ha procedido a la activación de médicos militares en la reserva y se ha dado instrucciones a la farmacia militar para que incremente la elaboración de la solución desinfectante hidroalcohólica así como otros medicamentos genéricos que fueran necesarios.
Estas son algunas de las decisiones acordadas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la reunión que ha mantenido con la cúpula militar y del Ministerio para desarrollar el decreto aprobado este sábado sobre el estado de alarma.
Por ahora, solo ha habido algún incidente aislado como el registrado en Bilbao, donde la Ertzaintza ha detenido a un hombre por agredir a varios agentes cuando procedían a cerrar un club que permanecía abierto pese a que ya había entrado en vigor el estado de alarma.
En Granada, la Policía Local ha denunciado esta madrugada a cuatro personas por organizar fiestas en sus viviendas, mientras que en Cataluña, los Mossos d’Esquadra han cerrado numerosos establecimientos y locales de ocio que permanecían abiertos pese a la orden de cierre y han levantado siete actas administrativas.
También en varias ciudades, como Madrid, aún se ha visto a personas que han salido a la calle a hacer deporte, como se refleja en vídeos colgados en las redes, en los que se denuncia el incumplimiento del estado de alarma.
Ese incumplimiento puede acarrear sanciones para los ciudadanos que van desde multas de 100 euros hasta pena de tres meses de cárcel por un delito de desobediencia y de cuatro años por atentado a la autoridad.
Por ejemplo, están previstas multas de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente o de hasta 60.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.
El delito de desobediencia a los agentes de la autoridad o al personal de seguridad privada se castiga con pena de uno a tres meses de cárcel, mientras que el de atentado prevé penas de hasta cuatro años de prisión (y el personal sanitario se incluye entre los agentes de autoridad a esos efectos).
El Ministerio del Interior ha previsto el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios que se ordenen en cumplimiento del decreto de estado de alarma, así como en la intervención de empresas o servicios para el abastecimiento de bienes de primera necesidad.
Y el ministro de Sanidad podrá impartir órdenes para asegurar el abastecimiento y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.
También podrá ordenar intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica, y practicar requisas temporales de todo tipo de bienes en aquellos casos en que resulte necesario.
Ademas de controlar el movimiento de personas o el cierre de establecimientos, la Policía Nacional ha anunciado que extremará la vigilancia para evitar el pillaje y los asaltos a centros de abastecimiento de productos de primera necesidad.
Además, durante la vigencia del estado de alarma, los miembros de los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedan bajo las órdenes directas de Interior, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
