Redacción – La vicesecretaria Nacional Jurídica de VOX, Marta Castro, ha ampliado los delitos por los que el pasado mes de abril presentó una querella por el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, gestionado por el SEPI, dependiente del Ministerio de Transportes, y avalado por el Consejo de Ministros. El escrito ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
La vicesecretaria Jurídica de VOX Marta Castro amplía los delitos por los que el pasado mes de abril presentó una querella por el caso del rescate de la aerolínea #PlusUltra, dependiente del Ministerio de Transportes, y avalado por el Consejo de Ministros pic.twitter.com/DWHNDrDSFt
— Lasvocesdelpueblo (@lasvocesdelpue) May 17, 2021
La responsable Jurídica de la formación incorpora así los delitos contra la hacienda pública, por fraude de subvenciones, en el artículo 308 del Código Penal (CP); cohecho contemplado en el artículo 419 del CP, y delito de tráfico de influencias, artículo 429 CP, del que, además, deberá responder la aerolínea como persona jurídica.
De este modo, se amplían las diligencias solicitadas por la formación, que solicita que se remitan los informes realizados por Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
También se pide que se llame como diligencia testifical al gerente y director General de Plus Ultra. Y testificará el representante legal de la aerolínea y de SNIP Aviation.
En su escrito, Castro pone de manifiesto que «la falta de pronunciamiento -del Juzgado- sobre la personación impide a esta parte ejercitar los derechos esenciales inherentes a la acusación popular al no poder accionar frente a resoluciones o posturas de otras partes personadas decisivas para el mantenimiento de la acción».
Por otro lado, la Vicesecretaría Nacional Jurídica ha enviado un escrito al Tribunal Supremo, donde se presentó una querella el pasado mes de marzo, y en el que ha incorporado un análisis de la situación contable de la aerolínea beneficiada por el rescate aprobado por el Consejo de Ministros.
En el estudio enviado, Castro concluye que la aerolínea no cumplía los requisitos para beneficiarse de un rescate, que, además, sólo será recuperado por parte del Estado en el caso de que la empresa obtenga beneficios en el fututo -algo que no ha logrado hasta ahora la aerolínea-. «En definitiva, es una entrega de dinero a fondo perdido a un entramado societario configurado como un holding cuya matriz tiene sede en Panamá y de capital venezolano», destaca Castro.