Zaragoza (Aragón)/Mérida (Extremadura)/Valladolid (Castilla y león) (España), sábado 8 de agosto de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- Los vicepresidentes de VOX en Castilla y León, Extremadura y Aragón plantan a la ministra de Juventud e Infancia Sira Abed Rego y exigen por carta al Gobierno de España que cumpla con la ley, paralice el reparto de inmigrantes ilegales marroquíes Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) y los devuelva a Marruecos. Carlos Pollán Fernández, Óscar Fernández Calle y Alejandro Nolasco Asensio han descartado la participación de sus regiones en el reparto de MENA marroquíes y han puesto de manifiesto las ilegalidades en las que el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón está incurriendo.
Los vicepresidentes de VOX, Óscar Fernández Calle (Extremadura); Carlos Pollán Fernández (Castilla y León); y Alejandro Nolasco (Aragón), han remitido sendas cartas a la ministra de Juventud e Infancia, la socialista y migracionista Sira Abed Rego, anunciando que no asistirán a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto de 2026 y haciendo constar anticipadamente su negativa al traslado de ilegales MENA procedentes de Ceuta.
Estos gobiernos autonómicos han denunciado cómo en la convocatoria del ministerio a la que han sido llamados no existe ni una sola mención a los gravísimos hechos ocurridos en la ciudad autónoma de Ceuta, con la infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros que forzaron nuestra frontera poniendo en serio riesgo la Seguridad Nacional, el Orden Público y la integridad de los españoles.
Una convocatoria en la que tampoco se explica la responsabilidad del Gobierno de España en asegurar la frontera ni el ofrecimiento formal de Marruecos para hacerse cargo de todos los menores.
De esta forma, los vicepresidentes de VOX, y ante el momento de gravísima crisis que vive España, exigen lo siguiente al Gobierno de la nación:
1. Abstenerse de preparar, acordar o ejecutar traslado alguno de MENA procedentes de Ceuta mientras no hayan concluido los expedientes individualizados y que son exigidos legalmente.
2. Remitir el expediente completo y la certificación de la situación administrativa de cada menor cuyo traslado se pretenda. Los tres Gobiernos de VOX anuncian que impugnarán judicialmente todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos.
3. Impulsar con la máxima diligencia los procedimientos de reunificación familiar y, cuando legalmente proceda, de retorno al país de origen mediante entrega a las instituciones de protección competentes del Reino de Marruecos.
Y por si fuera poco, los responsables políticos de VOX han querido dejarle claro a la ministra Rego que el Estado debe acreditar la minoría de edad, tramitar el procedimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, localizar a los progenitores o a la institución tutelar marroquí, emitir los informes preceptivos y dictar resolución motivada.
LOS MENORES, CON SUS FAMILIAS
Esta oposición de los Gobiernos de VOX al traslado de los menas no responde a razones de oportunidad política, sino al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y del principio del interés superior del menor, que impone la reunificación familiar y la devolución al país de origen y exige una valoración individualizada, excluyendo toda actuación automática o colectiva, como ya indicó el Tribunal Supremo.
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La competencia sobre extranjería corresponde en exclusiva al Estado. Mientras no la ejerza correctamente, carece de fundamento trasladar a los menores a otra comunidad para que asuma las consecuencias de una competencia estatal no concluida.
Y, por último, desde VOX se ha manifestado en sendas cartas a la ministra que es precisamente el reparto lo que dificulta la localización de los progenitores, retrasa los expedientes de retorno y perjudica al propio menor.
Marruecos ha sido calificado como país seguro por el Consejo y el Parlamento Europeo y ese mismo país ha manifestado la voluntad de recuperar a los menores de su país que se encuentren actualmente en suelo español.
Desde VOX se da cumplimiento a lo pactado en los gobiernos autonómicos y, siempre en cumplimiento estricto de la legalidad, se ponen en marcha los mecanismos oportunos para rechazar el reparto y defender los intereses de los españoles independientemente de la región en la que vivan.