Zaragoza, miércoles 21 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La formación patriota Vox y el Partido Popular han registrado un total de 44 enmiendas conjuntas a la Ley de Vivienda de Aragón para establecer de forma firme la prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública y protegida. Esta iniciativa conjunta busca revertir las graves secuelas dejadas por ocho años de políticas socialistas de efecto llamada y fronteras abiertas que han desbordado el mercado inmobiliario a raíz de la inmigración masiva. Asimismo, el texto incorpora medidas fiscales para jóvenes y familias numerosas, agilización de trámites urbanísticos y el blindaje total frente al fenómeno de la okupación ilegal.
Así lo han anunciado este miércoles la diputada de Vox, María Carmen Rouco Laliena (Carmen Rouco), y la diputada del grupo popular, Susana Cobos. El objetivo, ha señalado Rouco, es «dar un primer paso firme y decidido para empezar a corregir un desequilibrio que se ha acumulado durante muchos años y sentar las bases de una solución duradera al problema de la vivienda».
Como punto de partida, Rouco ha contextualizado que «llevamos 8 años de políticas socialistas de efecto llamada y de puertas abiertas que han desequilibrado un mercado tremendamente impactado por la inmigración masiva». Ha denunciado que «tan sólo en los últimos cinco años han entrado a España seis millones de personas, mientras se han creado menos de 500.000 viviendas», de modo que «por cada nueva vivienda construida en España han entrado más de 10 personas en el país. En el mercado de alquiler en España, la mitad de los inquilinos son de origen extranjero. Algo más de 10 millones de personas viven de alquiler en España, de las cuales 5,2 millones han nacido en el extranjero», ha informado.
Por tanto, Rouco ha abogado por «facilitar que haya más suelo disponible, que los procedimientos administrativos sean más ágiles, que se incremente el parque público y protegido, que el alquiler público sea realmente asequible y que exista mayor seguridad jurídica». Ha puesto el foco en “ordenar la adjudicación de unos recursos públicos escasos bajo el denominado principio de prioridad nacional, mediante criterios objetivos de necesidad, arraigo y vinculación verificable con Aragón y España».
«La eficacia de todas estas medidas comenzará a apreciarse a medio plazo: con más viviendas públicas efectivamente terminadas, mayor disponibilidad residencial, reducción de plazos administrativos, mejores condiciones de acceso y una prioridad nacional efectiva», ha valorado.
Rouco ha insistido en que las enmiendas «fijan la prioridad nacional, uno de los compromisos políticos más importantes que Vox ha incorporado al acuerdo de gobernabilidad con el PP». Ha analizado que «el sistema debe garantizar que todos los españoles que cumplan los requisitos legales y acrediten una necesidad real sean los primeros en la cola».
En esta línea, las enmiendas contemplan la creación de un Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida y Vivienda Pública de Aragón. «Permitirá comprobar, entre otras circunstancias, los ingresos, la composición familiar, la existencias de otras viviendas y las condiciones personales, laborales y sociales de los solicitantes», ha detallado Rouco, quien añade que «este bloque de enmiendas plantea criterios de arraigo real, duradero, verificable, historial de empadronamiento, nacionalidad española o residencia legal y necesidad acreditada».
Otro bloque de enmiendas está vinculado a la fiscalidad. La diputada de Vox ha valorado que «reconocen la necesidad de establecer una política fiscal que facilite la primera vivienda, la emancipación de los jóvenes, el acceso de las familias numerosas, la rehabilitación y la recuperación residencial del medio rural». En consecuencia, ha incidido en que «se contemplan actuaciones en el IRPF, ITP, AJD e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones», en la línea de lo firmado en el Pacto de Gobierno. «Quiero señalar el compromiso de impulsar una fiscalidad diferenciada que favorezca la vivienda en los municipios rurales», ha refrendado.
Rouco también se ha detenido para explicar dos modificaciones relacionadas con el incremento del suelo disponible y reducir la burocracia. «Las enmiendas permitirán que determinados suelos puedan destinarse a vivienda protegida, sin tener que afrontar necesariamente una modificación completa del planeamiento, siempre que se cumplan las condiciones urbanísticas previstas y existan suficientes dotaciones para atender los usos terciarios necesarios», ha hecho saber, con el fin de «poder aprovechar determinados suelos y edificios destinados a usos terciarios para construir vivienda protegida».
Otra modificación es la «simplificación de los procedimientos de calificación de vivienda protegida mediante declaraciones responsables». Lo ha justificado para «simplificar parte de ese procedimiento, permitiendo que el promotor declare, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos legales técnicos y económicos exigidos para la promoción de vivienda protegida. Esto permitirá agilizar la tramitación, sin eliminar las licencias urbanísticas que correspondan ni las facultades de comprobación de la administración», ha resumido.
Otro bloque de enmiendas va enfocado a «la lucha contra la okupación ilegal», de modo que este fenómeno «no pueda utilizarse como fundamento para obtener ventajas en los procedimientos de realojo público. Se contemplan restricciones de acceso a determinadas ayudas y viviendas públicas para quienes hayan sido condenados por usurpación o allanamiento, durante el cumplimiento de la condena y mientras no hayan satisfecho las responsabilidades civiles correspondientes», ha analizado.