Redacción – El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para prohibir a compañías extranjeras «al servicio de regímenes autoritarios», como la multinacional china «Huawei Technologies Co., Ltd.», el acceso a «la contratación pública y al régimen de liberalización de inversiones extranjeras». Madrid (España), domingo 2 de agosto de 2020.
«España no puede permanecer pasiva ante las implicaciones directas y desconocidas que esta nueva tecnología tendrá en la esfera de derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos», señala el portavoz de VOX en la comisión de Industria, José María Figaredo.
VOX propone, por motivos de preservación nacional, la prohibición de que el Estado lleve a cabo cualquiera de los negocios jurídicos previstos en esta legislación con empresas provenientes de países no democráticos o que «estén controladas por los Gobiernos o por los Ejércitos de regímenes totalitarios».
De este modo VOX considera imprescindible desarrollar una nueva estrategia para proteger la seguridad nacional frente a unos potentes enemigos que ya han penetrado con fuerza en nuestros sistemas.
Así, son tres las características que permiten calificar al «5G» como «una tecnología disruptiva y como cambio de paradigma» en la concepción de las redes de comunicaciones móviles:
1-. Virtualización: la utilización de las tecnologías de virtualización es lo que podría suponer una mayor revolución y, consecuentemente, un más grande impacto en la privacidad.
2-. Edge computing: El uso de hardware de propósito general para contener servicios virtualizados del operador o de otros proveedores de servicios permitirá implementar los denominados MEC (Multi-Acess Edge Computing), desplazando el centro de gravedad del tratamiento de datos desde los servidores hacia ubicaciones más cercanas al dispositivo terminal del usuario, cuando sea necesario. Esto es, podrá existir un flujo de información o servicios entre diferentes ubicaciones acordadas por operadores de la red y gestores de servicios.
3-. Localización: el «5G» proporcionará al operador y a otros agentes vinculados a la explotación de los datos de la red la capacidad de localizar el terminal de usuario con una precisión mucho mayor de la que tiene en la actualidad. Se alcanzarán resoluciones de localización inferiores a un metro.
Los problemas que plantea sobre la privacidad y la más estricta intimidad de los usuarios, apenas apuntados en el Expositivo anterior, incrementan enormemente los ya existentes.
Problemas de privacidad
La Agencia Española de Protección de Datos plantea los siguientes problemas de privacidad:
1-. Geolocalización más precisa del usuario al existir más estaciones base y menos distancia entre ellas.
2-. Individualización precisa de las personas y el desarrollo de servicios que permitan la toma de decisiones automáticas sobre las personas (inteligencia artificial y servicios en tiempo real).
3-. Aumento en el número de agentes que pueden participar en el tratamiento de datos personales.
4-. Diferentes objetivos de privacidad e intereses (comerciales, de seguridad nacional, etc) entre los distintos agentes que intervendrán en las redes de telefonía.
5-. Falta de un modelo homogéneo de seguridad, ya que cada agente puede cumplir con distintos estándares de seguridad y podrá incluir segmentos que correspondan a protocolos de las primeras generaciones, por lo que la seguridad global será equivalente a la del elemento más débil.
6-. Aumento exponencial de la superficie de exposición a ciberataques, al incrementarse los servicios, conectividad, interoperabilidad y puntos de entrada y gestión.
7-. Herencia de los problemas de privacidad derivados de infraestructuras estándar interoperables.
8-. Vulnerabilidad derivadas de los entornos virtuales y funciones
9-. Dinamismo en las funciones de gestión.
10-. Posible pérdida de control del usuario: esto puede producirse sobre los flujos de datos, con posibles implicaciones transfronterizas, así como el ejercicio de derechos. El 5G usa un modelo de procesamiento distribuido y dinámico, donde está previsto que los datos y procesamientos se mueven en tiempo real a la ubicación física en el que sean más necesarios o sea más eficaz.
En el sentido anterior, la AEPD señala que «las decisiones de los operadores en la implementación de la red, la gestión de la configuración y su operativa tendrán un impacto definitivo en el nivel de privacidad alcanzado, por lo que se les insta a que definan las infraestructuras de «5G» bajo el marco de la privacidad desde el diseño y por defecto».
China y Huawei
El papel de China y Huawei en el desarrollo del «5G» plantea la importancia capital de esta cuestión para la soberanía y la integridad de una nación y para las más esenciales libertades de sus ciudadanos.
Por tanto, se atisba el peligro que la renuncia a una acción y una planificación valiente en esta materia puede comportar para nuestras democracias y para la vida ordinaria de las personas.
China, por tanto, es el país pionero en el desarrollo de la tecnología «5G» y paradigma del control del flujo de información dentro del país mientras se aprovecha de la información externa para influir en otros países.
Así, el Partido Comunista de China tiene a gala el uso del «discourse power»: la creación y difusión de narrativas y relatos que sirven a los intereses del Estado chino y la eliminación de aquellos que amenazan su integridad.
China ejerce este liderazgo informativo a través, principalmente, del consorcio Huawei. Esta empresa, que da trabajo a 194.000 personas (1.200 en España) es el mayor proveedor tecnológico del mundo acaparando un 28% del mercado global.
Huawei controla casi medio centenar de contratos comerciales para la instalación de las infraestructuras de «5G» (más la mitad en Europa) y ha suscrito acuerdos de colaboración con diversos operadores europeos.
Su principal ventaja es que puede hacer equipos para toda la cadena: produce chips, de los smartphones, routers, core y demás elementos de la infraestructura de red.
Sin embargo, sobre esta compañía pesan acusaciones de espionaje generalizado a gobiernos y a empresas occidentales, de ser el brazo de vigilancia del Partido Comunista y del Gobierno chino y suministrarle información confidencial, así como de colaborar en la represión de más de 1 millón de musulmanes pertenecientes a la minoría étnica uigur en Xinjiang.
En este sentido diversas instancias internacionales han alertado de los riesgos para la privacidad y los derechos humanos en los que podría estar incurriendo Huawei. Es el caso de la revista Forbes, el Wall Street Journal, el Instituto de Política Estratégica de Australia o el National Cyber Security Centre del Reino Unido, que señala que «ha cambiado significativamente su evaluación de seguridad» sobre la presencia de Huawei en la red «5G» de Reino Unido y recomendó el veto.
El Departamento de Comercio de los EEUU publicó una lista negra con las empresas consideradas como una amenaza para la seguridad nacional, entre las que se encuentra Huawei.
Por su parte, la Comisión Europea ha alertado de que «las amenazas a la ciberseguridad(incluido el riesgo de intromisión de agentes de Estado no miembros de la UE o que cuenten con su respaldo) son un reto en constante evolución y cuya importancia aumenta al ritmo de la creciente dependencia de la tecnología y los datos».
Además la Comisión Europea alerta de que esta tecnología «facilitará un mayor número de vías de ataque que podrían ser explotadas por agentes de riesgo». «Entre los distintos agentes potenciales, los Estados no pertenecientes a la UE o aquellos respaldados por Estados son los más peligrosos y los que más probabilidades tienen de atacar las redes «5G»».
Los vetos a Huawei y a otras empresas que pueden constituir un peligro para la seguridad nacional como ZTE se evidencia con la prohibición del uso de equipos de telecomunicaciones fabricados por estas compañías al servicio de regímenes totalitarios. Así, EEUU hace campaña activa en favor del veto por sus aliados.
Otros países que han optado por el veto son Francia, Australia, Nueva Zelanda, Japón y el Reino Unido, que impide que las empresas británicas puedan adquirir materiales «5G» de Huawei a partir del 31 de diciembre.
España debe tomar medidas
«España no puede permanecer pasivante las implicaciones directas y desconocidas que esta nueva tecnología tendrá en la esfera de derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos”, señala el portavoz de VOX en la comisión de Industria, José María Figaredo.
Por este motivo, en el plano comercial, el estudio, diseño, instalación y puesta en marcha del «5G» deben ser sometidos a una reflexión lenta y sosegada. España ha de situarse al lado de sus tradicionales aliados.
Asimismo, la legislación en materia de contratación pública debe recoger la prohibición de que el Estado contrate con empresas provenientes de países no democráticos. Se debe impedir la posibilidad de que compañías o consorcios que responden, en última instancia, al Gobierno o al Ejército de países que vulneran sistemáticamente derechos fundamentales accedan a las cuantiosas licitaciones y adjudicaciones en materia de infraestructuras del «5G».
La adjudicación de contratos en estas materias a empresas de tal condición conllevaría un quebranto de los principios que deben regir la contratación pública y, en especial, de los de transparencia, integridad y seguridad jurídica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX pide al Congreso de los Diputados que inste al Gobierno a:
1-. Regular, por motivos de preservación de la seguridad nacional, la prohibición de que el Estado lleve a cabo cualquiera de los negocios jurídicos previstos en esta legislación con empresas provenientes de países no democráticos o que estén, en última instancia, controladas de facto por los Gobiernos o por los Ejércitos de regímenes totalitarios. Para ello deberá modificarse la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad y la Ley 9/20176, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, así como cualesquiera disposiciones concordantes.
2-. Cancelar el régimen de liberalización establecido en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior con respecto a cualesquiera inversiones extranjeras directas que provengan o puedan provenir de los agentes de riesgo referidos en el apartado anterior, bien por sí mismos, bien por medio de sucursales en España, y que hayan de recaer sobre los sectores del orden públicos, la seguridad pública y la salud pública.
3-. Incorporar estas limitaciones y prohibiciones de inversión en un nuevo Plan Nacional «5G» para los próximos años, que sustituya al vigente para el período 2018-2020. El nuevo plan deberá cohonestar su contenido con lo señalado en materia de desinformación y sus amenazas en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, ampliando su contenido y detallando un programa específico en lo que se refiere a «5G».
4-. Elaborar una estrategia nacional contra la desinformación y las amenazas globales a la libertad y la democracia que incluya la información como una de las piezas fundamentales de la seguridad de la nación. Esta estrategia deberá sentar las bases para garantizar a futuro nuestra soberanía en el ciberespacio y el éxito de las democracias occidentales en la lucha contra las tácticas de desinformación.
