Madrid (España), miércoles 1 de julio de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- VOX lleva la «ley de nietos» a Bruselas y reclama a la Comisión Europea que actúe contra el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón por la concesión masiva de nacionalidades.
- El partido denuncia que la concesión masiva de nacionalidad española y, con ella, de ciudadanía europea, sin verificar el vínculo real con España ni la seguridad de los solicitantes, vulnera el Derecho de la Unión.
- La denuncia de VOX recuerda que el TJUE ya declaró incompatible con el Derecho europeo el sistema de Malta que concedía la nacionalidad sin acreditar un vínculo efectivo con el Estado._
VOX presentará este jueves una denuncia ante la Comisión Europea para que inicie un procedimiento de infracción contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la aplicación de la conocida como «ley de nietos», la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, y por la instrucción administrativa de octubre de 2022 que, según el partido, amplió ilegalmente el acceso a la nacionalidad española.
El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé Villalba, ha explicado en una entrevista concedida a Toro TV que «no estamos ante el reconocimiento de derechos a los descendientes de españoles, sino ante una concesión masiva de nacionalidades sin comprobar la existencia de un vínculo efectivo con España ni realizar controles sobre antecedentes penales o riesgos para la seguridad».
Buxadé recuerda que «cuando alguien adquiere la nacionalidad española, adquiere automáticamente la ciudadanía de la Unión Europea. Por tanto, la Comisión Europea tiene la responsabilidad de actuar cuando un Gobierno incumple el Derecho de la Unión y pone en riesgo el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia».
A juicio de VOX, cada nacionalidad española concedida supone automáticamente la ciudadanía europea, con derecho a circular y residir por toda la Unión.
Por ello, sostiene que una concesión masiva y acelerada, sin comprobar la existencia de un vínculo real con España ni controlar los antecedentes penales o los riesgos para la seguridad, afecta directamente al Derecho de la Unión.
El partido presidido por Santiago Abascal Conde denuncia, además, que la tramitación de estos expedientes se ha externalizado a la empresa privada NEORIS y al grupo estatal cubano PALCO, sin las debidas garantías de control.
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La denuncia presentada ante la Comisión Europea recuerda además la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Malta, en la que el Alto Tribunal concluyó que un Estado miembro no puede conceder su nacionalidad sin acreditar una vinculación efectiva con el país.
En este sentido, Buxadé afirma que «vamos a pedir a la Comisión Europea que haga con el Gobierno de Pedro Sánchez lo mismo que hizo con Malta. ¿Dónde está la vinculación efectiva con España de quienes jamás han vivido aquí y cuyos padres o abuelos tampoco lo hicieron? Esa vinculación simplemente no existe».
VOX solicita a la Comisión que investigue los hechos, requiera información al Gobierno sobre los controles realizados y los contratos suscritos para gestionar estas nacionalizaciones y, si aprecia un incumplimiento del Derecho de la Unión, active el procedimiento de infracción previsto en los Tratados contra el Gobierno español, pudiendo posteriormente acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Asimismo, pide la tramitación prioritaria del expediente al considerar que cada nueva nacionalización consolida situaciones difíciles de revertir.
Según Buxadé, «esto no es una cuestión ideológica, sino de Estado de Derecho. Estamos ante un intento de fraude que puede alterar el censo electoral y convertir en ciudadanos europeos a personas cuya vinculación con España nunca ha sido comprobada».
Esta acción se suma a las anteriores iniciativas de VOX contra la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática: el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2023, aún pendiente de resolución; las iniciativas de control registradas en el Congreso durante 2026; la denuncia formulada por Santiago Abascal el pasado 24 de junio; la solicitud de revisión y nulidad de la instrucción presentada ante la Secretaría de Estado de Justicia el 26 de junio; y los dos escritos registrados ante la Junta Electoral Central el 30 de junio para auditar y suspender las inscripciones en el censo exterior y reforzar las garantías del voto desde el extranjero.