VOX llevará a la «Presidencia del Congreso ante Tribunales» por los acatamientos ilegales

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FOTOGRAFÍA. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (MADRID), 03.12.2019. El presidente del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados y líder de VOX, Santiago Abascal Conde, pide la palabra durante la constitución del Congreso para advertir a la Presidencia del Congreso de que esté incurriendo en el un presunto delito de «prevaricación administrativa» al permitir «acatamientos ilegales» de diputados enemigos de España. VOX ha anunciado «acciones legales», a las que se reserva si no se hace cumplir el reglamento del Congreso y la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991, contra la «Presidencia del Congreso y los miembros de ese órgano de Gobierno que lo permitan» y también contra los diputados separatistas. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo).

Redacción – El presidente de VOX y del grupo Parlamentario de ese partido político español en la cámara baja del Reino de España, Santiago Abascal Conde, ha advertido a la presidente del Congreso, Meritxell Bate (PSOE Cataluña) este martes, 3 de diciembre de 2019, durante la constitución de la Mesa del Congreso de los diputados de la XIV Legislatura de España que si el Gobierno del Congreso no considere nulos los acatamientos ilegales de los diputados de las formaciones separatistas, proetarras separatistas y regionalistas, «queremos dejar constancia que desde el Grupo Parlamentario de VOX nos reservamos todas las acciones legales, inclusos ante los Tribunales, no solamente contra los electos (separatistas) que van a adquirir la condición de diputados del Congreso de los Diputados ilegalmente en el día de hoy sino contra la Presidencia de la cámara y los miembros que lo permitan por la presunta prevaricación administrativa». Barcelona (España), miércoles 4 de noviembre de 2019. 

VÍDEO. Madrid, 03.12.2019. Interviene el líder de VOX ante presunto delito de prevaricación administrativa por parte de la presidencia del Congreso al permitir acatamientos ilegales de diputados separatistas y regionalistas, enemigos de España.

El presidente del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados y líder de VOX, Santiago Abascal Conde, pide la palabra durante la constitución del Congreso para advertir a la Presidencia del Congreso de que esté incurriendo en el un presunto delito de «prevaricación administrativa» al permitir «acatamientos ilegales» de diputados enemigos de España.

VOX ha anunciado «acciones legales», a las que se reserva si no se hace cumplir el reglamento del Congreso y la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991, contra la «Presidencia del Congreso y los miembros de ese órgano de Gobierno que lo permitan» y también contra los diputados separatistas.

Los acatamientos de los separatistas y compinches de unidos Podemos de pablo Iglesias y alianzas proreferéndum en Cataluña y partidos regionalistas: «Por los derechos sociales, por la república Catalana, por el 1-O», se refieren al referéndum separatista de 2017 en Cataluña, «por los presos políticos», se refieren a los presos golpistas del Procés, «por el planeta», «por las clases trabajadoras», «por un país en el que el amor gane al odio», se refieren a los casi 4 millones de familias españolas —un total de 3.640.063 españoles representando el 15.09% de los votos de las elecciones generales del 10N— que han rechazado votar a los separatistas, PSOE, PP, Cs, etc. y han elegido la papeleta de VOX en las urnas democráticas del pasado domingo 10 de noviembre de 2019, «por un país verde donde todos tengan derecho a la vivienda», etc..

Según dicha sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del pasado año 1991, así como recoge también el rotativo ABC, Los diputados separatistas que defienden la libertad en las fórmulas de juramento se apoyan en una sentencia del TC de 1991 que dio la razón a tres senadores de HB que acataron «por imperativo legal».

El tribunal consideró que lo esencial es que el acatamiento de la Carta Magna sea «incondicional y pleno» y «no entraña una prohibición de representar o perseguir ideales políticos diversos de los encarnados por la Constitución». «En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica, que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político, que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata».

Sin embargo, el tribunal dejó claro que ese acatamiento debe respetar «las reglas del juego político democrático y el orden jurídico existente y no intentar su transformación por medios ilegales».

La formulación, según el TC, «no puede desnaturalizar o vaciar de contenido el acatamiento mismo, mediante fórmulas que supongan un fraude a la ley o lo priven de sentido».

La pregunta: «¿Juráis o prometer acatar la Constitución?», Respuesta: «Sí, juro» o «Sí, prometo»

Por lo que a la pregunta «¿Juráis o prometer acatar la Constitución?», numerosos diputados electos no respondieron mediante la expresión «Sí, juro» o «Sí, prometo», sino que utilizaron frases alejadas de esa «expresión clara e inequívoca» de acatamiento constitucional que exige la jurisprudencia para perfeccionar la condición de parlamentario.

tanto es así que la fórmula como la de los 52 de VOX es correcto al ser «expresión clara e inequívoca» dado que los diputados de VOX contestan: «Por España, sí, lo juro».