Madrid, miércoles 28 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La conmoción nacional provocada por la devastadora catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas y ha dejado más de un centenar de heridos, ha derivado en una contundente ofensiva judicial contra el núcleo del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. El partido político Vox, bajo la dirección letrada de Marta Castro Fuertes y en ejercicio de la acusación popular, ha interpuesto este miércoles una querella penal ante la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Santiago, imputándole delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave en la modalidad de comisión por omisión. La acción penal señala de forma categórica la inacción del titular del departamento, a quien acusa de omitir de forma continuada sus deberes personales de dirección, control y supervisión de la seguridad de la red ferroviaria durante los nueve meses previos a la tragedia, ignorando sistemáticamente los avisos de los sindicatos y los antecedentes mortales de la línea.
La querella ante el Supremo y la imputación por homicidio imprudente
El escrito procesal presentado ante el Alto Tribunal fundamenta la exigencia de responsabilidad penal en la posición de garante que ostenta el ministro socialista al frente del departamento de Transportes. De acuerdo con el texto de la querella, Vox imputa a Óscar Puente la violación de los artículos 142.1, 152.1, 142 bis y 152 bis del Código Penal en relación con su artículo 11, al considerar que la falta de supervisión directa de las barreras de protección causó los fatales descarrilamientos e impactos. Como señala el documento procesal, «la actuación exigida al Ministro consistía en activar, a través de los órganos competentes, la obtención de información técnica suficiente; exigir una evaluación documentada de las deficiencias relevantes para la seguridad; impulsar los controles, inspecciones o auditorías procedentes; requerir planes correctores con responsables y plazos; y verificar que las medidas acordadas se ejecutaban efectivamente».
En su suplico ante la Sala de lo Penal, la representación letrada ejercida por Marta Castro Fuertes exige expresamente «recibir declaración en calidad de investigado al querellado» Óscar Puente Santiago para que responda por las facultades de control omitidas. Asimismo, la querella solicita que se requiera a Adif la relación completa de incidencias registradas en la línea Madrid-Sevilla durante todo el año 2026 y ordena a la Policía Judicial el aseguramiento inmediato de las actas de seguridad, registros de comunicaciones y fuentes de prueba para evitar cualquier manipulación o borrado de datos en el centro de control.
Balance de víctimas, red hospitalaria y atención a las familias
La magnitud de la tragedia registrada en el punto kilométrico 118 de la vía de Alta Velocidad, entre las localidades toledanas de Mora, Orgaz y Urda, ha desbordado a los servicios de emergencias de Castilla-La Mancha. El siniestro se produjo a las 08:54 h cuando el tren AVE 2080 de Renfe, en el que viajaban 397 pasajeros, embistió por alcance al convoy Iryo 6079, ocupado por 147 pasajeros y un bebé, que permanecía detenido en la vía. Como consecuencia del brutal impacto a velocidad de línea, dos vagones del tren Iryo descarrilaron y cayeron violentamente por un terraplén.
El balance provisional oficial confirma al menos 68 fallecidos y más de 100 heridos, de los cuales 18 se encuentran en estado extremadamente grave. Los heridos graves han sido trasladados de urgencia al Hospital Universitario de Toledo, al Hospital General Mancha Centro de Alcázar de San Juan, así como a centros hospitalarios de Ciudad Real y Albacete. Mientras tanto, el Instituto de Medicina Legal de Toledo trabaja sin descanso en la identificación de las víctimas mortales mediante el cotejo de huellas dactilares y pruebas genéticas de ADN.
Para la atención inmediata de las familias afectadas, las operadoras y las administraciones públicas han puesto a disposición los siguientes canales telefónicos y puestos de asistencia: Renfe: 900 10 10 20, Iryo: 900 001 403, Emergencias Castilla-La Mancha (PLATECAM) 900 122 112, y Puesto de atención psicosocial desplegado por la Comunidad de Madrid en la estación de Atocha.
Anatomía del fallo de seguridad: Caída del LZB, rebase y ruptura de la marcha a la vista
El análisis técnico de la secuencia de los hechos pone al descubierto una gravísima ruptura en cadena de las barreras de protección de la infraestructura. La reconstrucción del accidente confirma que a las 08:32 h se produjo una caída informática masiva del sistema principal de señalización y control continuo LZB, lo que provocó que los sistemas de emergencia detuvieran automáticamente hasta seis trenes en sus respectivos cantones a lo largo de 90 kilómetros de trazado.
Tras la inhabilitación del LZB, la línea pasó a operar en régimen degradado mediante señalización lateral (BSL) y el sistema secundario ASFA Digital. Fue en ese punto crítico cuando el Puesto de Mando y Centro de Control de Adif en Atocha emitió una autorización verbal de «rebase autorizado» para que el AVE rebasara la señal en rojo. Sin embargo, bajo este protocolo, la normativa ferroviaria exige de manera estricta que la circulación se reanude bajo el principio de «marcha a la vista» —a una velocidad máxima de 40 km/h que permita detener la formación ante cualquier obstáculo visible—. En lugar de respetar esta garantía esencial, la orden transmitida instó a reanudar la marcha con normalidad, permitiendo que el AVE alcanzara velocidades de hasta 200 km/h hasta colisionar de lleno contra la parte trasera del Iryo inmovilizado.
Nueve meses de advertencias ignoradas desde la tragedia de Adamuz
La querella presentada contra Óscar Puente enfatiza que la catástrofe de Urda no es un hecho aislado, sino la consecuencia trágica de un deterioro prolongado y advertido de forma reiterada durante los últimos nueve meses. El antecedente directo se sitúa el 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba), donde el descarrilamiento de otro tren Iryo y su posterior choque con un Alvia costó la vida a 46 personas. A aquel suceso se sumó apenas dos días después el siniestro mortal en Gelida (Barcelona), desatando una oleada de denuncias por parte de las organizaciones sindicales SEMAF, UGT y ALFERRO ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo por la evidente falta de mantenimiento e inversión en la red.
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Pese a que el 9 de febrero de 2026 el Ministerio de Transportes firmó un acuerdo con los sindicatos comprometiendo un incremento de 1.800 millones de euros para mantenimiento y la contratación de miles de profesionales, las promesas cayeron en saco roto. Apenas doce días antes del accidente de Urda, el 16 de octubre, el sindicato de maquinistas SEMAF convocó una huelga general en Renfe para el 29 de octubre ante el bloqueo administrativo de las medidas de seguridad acordadas. Como denuncia la querella de Vox, hasta siete compromisos clave en materia de seguridad permanecían paralizados sin que el ministro Puente ejerciera su deber de control, dejando la red de Alta Velocidad expuesta a un riesgo evitable que se ha saldado con una auténtica tragedia nacional.