Madrid, jueves 29 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- La investigación penal sobre la invasión e irrupción irregular masiva registrada a finales de julio en la Ciudad Autónoma de Ceuta ha dado un vuelco decisivo que acorrala directamente al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, la magistrada María Tardón, ha dictado un auto por el que solicita con carácter de máxima urgencia al Consejo de Ministros —otorgando un plazo improrrogable de 15 días naturales— la desclasificación de todos los documentos, informes y notas secretas elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativos a las actuaciones e informaciones del régimen de Marruecos, así como la identificación nominal de las autoridades de la Moncloa que los recibieron. La instructora subraya de forma tajante que este material es «indispensable para el esclarecimiento de los hechos» y para determinar qué miembros del Ejecutivo conocían previamente la alerta de la avalancha y decidieron no actuar en defensa de la soberanía nacional.
Un plazo de 15 días para retratar la cadena de mando en la Moncloa
El requerimiento de la Audiencia Nacional desarma la estrategia del sanchismo de ocultar tras el secreto de Estado las negligencias cometidas durante el asalto fronterizo que colapsó la infraestructura de la ciudad española de Ceuta. En su resolución, la juez Tardón desmonta los pretextos habituales de la Moncloa señalando de forma categórica que la desclasificación «resulta plenamente compatible con las exigencias de la seguridad y la defensa del Estado», toda vez que la propia seguridad nacional «se ha visto vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento» y lo que la Justicia busca determinar con rigor es, de manera ineludible, «la autoría de ese ataque a la seguridad del Estado».
La providencia judicial impone un ultimátum al Consejo de Ministros para que, en un plazo no superior a 15 días naturales, libere las notas e informes emitidos por los servicios de Inteligencia a partir del 30 de julio de 2026. En concreto, la magistrada reclama de forma prioritaria el desglose de los documentos que analizan el comportamiento y la colaboración del régimen alahuita de Marruecos en la preparación del asalto, así como el «listado concreto de autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas del 27 y 30 de julio de 2026» y la certificación oficial con fecha y hora de su recepción efectiva.
Con esta diligencia de prueba, la instructora busca acorralar la inacción deliberada del Gabinete de Pedro Sánchez. Como remarca el auto, la documentación requerida «permitirá determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026. Permitirá también saber qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos». Asimismo, la magistrada solicita que se autorice a los propios agentes del CNI a declarar en sede judicial para testificar sobre las comunicaciones cruzadas entre el centro de inteligencia y el núcleo político del Gobierno.
La pasividad del Ejecutivo frente a una frontera a 3 kilómetros de Castillejos
El escándalo de la gestión sanchista queda evidenciado por la proximidad geográfica del asalto. La distancia por carretera entre el paso fronterizo de El Tarajal, en Ceuta, y la localidad marroquí de Castillejos (Fnideq) es de apenas 3 kilómetros (3 km). Pese a la inmediatez territorial que permitía aplicar de forma expedita la devolución en caliente y la expulsión inmediata de los asaltantes al país vecino, el Ejecutivo socialcomunista optó por una absoluta inacción, permitiendo la consolidación del asalto y levantando campamentos gubernamentales improvisados para albergar a miles de ilegales a costa del erario público.
Esta sumisión hacia Marruecos y la falta de amparo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contrasta con la grave factura económica que soportan los contribuyentes. El coste extraordinario derivado de la invasión estival ha sido cuantificado en más de 45 millones de euros para las arcas de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Mientras los Guardias Civiles y Policías Nacionales sufrían agresiones en el espigón fronterizo y se detectaban incursiones desestabilizadoras de patrulleras y buques marroquíes en aguas jurisdiccionales españolas, el Gobierno abandonaba a su suerte a la población civil ceutí.
Respaldo patriótico a los ceutíes frente al abandono institucional
Durante los momentos más estructurados de la crisis fronteriza, mientras el régimen gubernamental rehuía sus responsabilidades y trataba de mitigar el impacto político de las intrusiones marroquíes, la respuesta social e institucional de los referentes patrióticos resultó inmediata. Líderes como Santiago Abascal Conde y el eurodiputado patriota francés Jordan Bardella se desplazaron hasta Ceuta para arropar a los vecinos, visitar las zonas fronterizas y denunciar sobre el terreno la traición del Ejecutivo sanchista a la integridad territorial de España. Esta presencia de apoyo contundente a la soberanía española en la frontera norteafricana evocó el histórico compromiso mostrado por Sus Majestades los Reyes de España en anteriores momentos de arremetida fronteriza.
Toda la documentación que resulte desclasificada por el Consejo de Ministros será incorporada de forma reservada a la pieza secreta de la causa. Las investigaciones de la Audiencia Nacional deberán esclarecer ahora si existió una omisión del deber de socorro a la soberanía nacional por parte de los altos cargos de la Moncloa que ignoraron las advertencias del CNI ante la invasión orquestada desde Marruecos.