Madrid (España), jueves 2 de julio de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- VOX pregunta por la contratación de más de 300 efectivos en la red consular para tramitar expedientes de la ley de nietos. El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados ha registrado una batería de preguntas y solicitudes de datos relacionadas con la tramitación de expedientes vinculados a la ley de nietos.
La formación recoge en el texto cómo se han incrementado los contratos de refuerzo en la red consular pasando de 320 efectivos en 2022 a 657 en 2025.
Por ello, exige una copia de estos expedientes de contratación formalizados desde 2022 así como de los informes, observaciones o valoraciones emitidos por la Abogacía General del Estado por la Intervención General de la Administración del Estado en relación con dichos contratos.
Además, formula las siguientes preguntas para su respuesta por escrito:
1. ¿Cuántos contratos se han formalizado cada año, desde 2022 hasta la actualidad, para reforzar los consulados encargados de tramitar expedientes vinculados a la ley de nietos?
2. ¿Qué consulados han recibido ese refuerzo de contratación? En este sentido, ¿cuántos contratos corresponden a cada uno de ellos?
3. ¿Cuál ha sido el coste total, hasta la fecha de la presente, de dichos contratos?
4. ¿Qué criterios ha seguido el Gobierno para llevar a cabo la formalización de dichos contratos?
5. ¿Qué número de contratos prevé formalizar el Gobierno en 2026 con la misma finalidad?
Por otro, y en relación con la circunscripción concreta que se asigna al nuevo español, VOX pone el foco en dos cuestiones: por un lado, si la Comunidad de Madrid está siendo utilizada como «circunscripción residual» para inscribir a los nuevos nacionalizados que no pueden acreditar una provincia, y, por otro, si existe alguna orden o instrucción en ese sentido, cuestionando la casilla «otros motivos» del formulario de Exteriores, que —según denuncia— permitiría al nuevo ciudadano elegir libremente la circunscripción donde votará sin acreditar vínculo real con ella.
Estas acciones se suman a las anteriores de VOX contra la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática, entre las que se encuentran el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (2023, pendiente de sentencia), la solicitud de nulidad de la Instrucción ante la Secretaría de Estado de Justicia (26 de junio), los dos escritos ante la Junta Electoral Central del 30 de junio (auditoría y suspensión de inscripciones en el CERA e impedir el voto por correo desde el extranjero sin garantías) y la denuncia ante la Comisión Europea (2 de julio).