Vox propone “eliminara Impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones en toda España” en su documento fiscal

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Vox propone eliminara Impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones en toda España en su documento fiscal,,

La formación que lidera Santiago Abascal -conocida como “partido de los valores”(VOX)- ha presentado su paquete de medidas fiscales en un documento titulado ‘Impuestos los justos; 100 propuestas fiscales para España’; este lunes, 06 de abril 2015, en la capital de España (Madrid). “Queremos bajar o eliminar todos los impuestos existentes” sin “crear” más “impuestos”, ha asegurado el secretario general de VOX, Iván Espinosa. Concretamente, entre sus 100 propuestas fiscales, VOX propone “eliminara los Impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones en todo el territorio Nacional”.

Durante el acto -que ha presentado Santiago Abascal acompañado por la cúpula de su partido: Iván Espinosa de los Monteros, secretario General; Laura Rodríguez Soler, tesorera de Vox; y el vicesecretario del consejo político y responsable del área de Hacienda, Pablo Sáez- la formación ha defendido: “Una reforma integral del” del impuesto sobre la renta de personas física “(IRPF), dejando un tipo único al 21%, con un mínimo exento de 12.000 euros, y eliminar el (IRPF) de las indemnizaciones por despido. Asimismo propone que la declaración del (IRPF) se haga en una sola página”.

Con un paquete de 100 medidas de la política fiscal que encaja en un complejo engranaje de propuesta, – que según la formación permite abrir “la puerta a un gran objetivo que se marcan para nuestro país: volver a colocar a España entre los 10 países más desarrollados del mundo en el plazo de 10 años. Este plan permitirá a España disfrutar de una economía dinámica, competitiva, generadora de empleo y bienestar, y que garantice nuestro futuro. Alcanzar este modelo requiere afrontar la crisis con medidas en una variedad de campos: económicas, educacionales, laborales, jurídicas, fiscales”- los dirigentes de Vox han destacado las siguientes 10:

1.- Una reforma integral del IRPF, dejando un tipo único al 21%, con un mínimo exento de 12.000 euros, más 3.000 euros por hijo o dependiente, y simplificando la declaración hasta dejarla en un formato de un solo folio. Esta medida rebaja la carga fiscal a todos los españoles, que verán sus ingresos incrementados en una media de entre 200 euros y 300 euros al mes.

2.- Equiparar el Impuesto de Sociedades al IRPF, con un tipo único al 21%

3.- Reducir el IVA al 16% en su tipo general, el 8% en su tipo reducido, y el

4% en su tipo superreducido

4.- Rebaja de la cuota de autónomos a 50 euros/ mes

5.- Presupuesto base cero

6.- Descentralización de las CCAA y reducción del gasto

7.- Acabar con las subvenciones a partidos políticos, patronales y sindicatos.

8.- Obligar a las administraciones públicas a pagar todas sus facturas en menos de 30 días, bien al contado, bien con unos Pagarés del Estado, que servirán a quienes los reciban para liquidar a su vez deudas con cualesquiera otros estamentos públicos: IRPF, IS, IVA, Seguridad Social…

9.- Eliminación de los impuestos de Sucesiones, Donaciones, Patrimonio en toda España

10.- Bajar o eliminar TODOS LOS IMPUESTOS existentes y no crear ninguno nuevo

A continuación adjuntamos el documento con las 100 medidas desarrolladas de forma más detallada.

PRINCIPIOS INSPIRADORES

Como menciona nuestro Manifiesto Fundacional, VOX es un proyecto político para la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática española con el objetivo de cohesionar la Nación, conseguir la eficiencia del Estado, mejorar la calidad de las instituciones garantizar la honradez de los responsables públicos e impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los ciudadanos.

En VOX creemos que la fiscalidad ha de ser una herramienta de dinamización de la economía sin alcanzar nunca niveles confiscatorios que inhiban el ahorro y la inversión y desincentiven el trabajo, la creación de empleo y el esfuerzo. El motor de creación de ocupación son las empresas y los empresarios, a los que el Estado ha de proporcionar un entorno normativo, fiscal, cultural y ético que estimule su actividad.

La búsqueda de un Estado eficiente y transparente, un riguroso control del gasto público, el fomento de la libre iniciativa y la competitividad, la búsqueda de la creación de valor que impulsen los niveles de renta disponible en particular para los más desfavorecidos, han sido así mismo, principios inspiradores en la definición de los objetivos y medidas concretas en el área de Hacienda.

VOCALES Y COLABORADORES

Se menciona también en nuestros principios inspiradores el fomento de la participación activa de la Sociedad. Ha sido esta participación activa de vocales y colaboradores la que ha dado lugar a las propuestas que se analizan en este documento. Esta ponencia es el resultado del debate surgido de las diferentes propuestas planteadas por los vocales e incorpora diversas aportaciones realizadas por los afiliados.

NUESTRAS PROPUESTAS

Las propuestas contenidas en este documento se engloban en cinco principales capítulos:

  1. Medidas encaminadas a lograr un estado eficaz, transparente, ejemplar y responsable.
  2. Propuestas para conseguir un sistema fiscal accesible y justo que incorpore mecanismos para eliminar las desigualdades que produce el fraude fiscal.
  3. Iniciativas de reducción del gasto público y para lograr el equilibrio de las cuentas públicas.
  4. Reformas impositivas para lograr un sistema fiscal sencillo, con tipos más bajos y de marcado carácter social.
  5. Aportaciones en la búsqueda de un sistema fiscal que contribuya a la unidad de mercado y persiga la igualdad de derechos de los españoles.

MEDIDA 0

Como premisa de partida a las propuestas que se desarrollan a continuación, se plantea la reorganización del Estado en aras de una mayor eficiencia y reducción de gasto político innecesario. En nuestro modelo administrativo se redistribuyen entre el Estado y las entidades locales el conjunto de competencias ejercidas actualmente por las CCAA. Este rediseño permitiría un ahorro estimado de 90.000 millones de euros al año.

  1. UN ESTADO EFICAZ, TRANSPARENTE, EJEMPLAR Y RESPONSABLE

Entendemos la transparencia fiscal como el deber de informar al público sobre la estructura y las funciones del gobierno, las intenciones de la política fiscal, las cuentas del sector público y las proyecciones fiscales. Un proceso fiscal transparente comienza con un marco legal bien definido donde exista una clara definición de funciones y responsabilidades de los órganos de la administración del Estado, unos procesos presupuestarios con reglas claras y definidas, el acceso al público de la información, la existencia de garantías de calidad en los datos fiscales y un adecuado control sobre las cuentas del Sector Público.

Queremos unas Administraciones Públicas eficaces, austeras, transparentes, ejemplares y responsables.

La Administración Pública y los cargos electos deben estar enfocados a la transparencia, el servicio al ciudadano, la ejemplaridad en la gestión y justificación del gasto, la responsabilidad plena en la eficacia de sus actuaciones.

Para lograr una eficaz transparencia del Estado, se debe garantizar una independencia efectiva de los órganos de control de la actividad económica y financiera pública (Tribunal de Cuentas, Intervención del Estado y Agencia Tributaria) respecto de los partidos políticos.

Proponemos las siguientes medidas:

  1. Controles a los cargos públicos: cargos electos, altos cargos con responsabilidades en adjudicaciones, asesores, directores generales y cargos de libre designación.

Procedimientos de control:

1.1.       Procedimiento proactivo: Declaración patrimonial de bienes previa a la asunción de cargos públicos electos o designados.

1.2.       Procedimiento reactivo: Declaración patrimonial de bienes anual de los mismos cargos

1.3.       Procedimiento tributario: Aplicación estricta de los procesos de investigación de incrementos patrimoniales no justificados.

1.4.       Procedimiento penal: Además del resultante del tributario, incremento punitivo tipificado como falsificación de documento público y prevaricación, malversación de fondos etc.

1.5.       Inspección periódica (cada 3 años) de cargos públicos elegidos en Congreso, Senado, Comunidades y Municipios cubriendo a todos los partidos políticos con cargos electos

1.6.       Se definirá un protocolo de actuación con objeto de recabar toda la información de los cargos públicos que incluirá solicitud de información a entidades financieras, visitas de propiedades y otras.

1.7.       Se requerirá que se declaren las dietas por asistencia a plenos y viajes pagados por el erario público.

  1.          Incorporar aspectos éticos en la gestión pública. Para ello se propone:

2.1.       Compromiso de cumplimiento de un código de conducta: obligatoriedad de certificar por escrito el cumplimiento de lo dispuesto en un código de conducta ético por parte de todos los cargos públicos. 2.2.       Impulsar la incorporación en la Administración Pública de aspectos éticos de buen gobierno y el desarrollo de sistemas de medición de la calidad y efectividad de los sistemas de prevención.

2.3.       Prohibir que los cargos políticos, en los 5 años siguientes al abandono de su cargo, puedan ocupar un puesto ejecutivo en empresas o sectores sujetos a regulación pública directamente relacionadas con las labores que viniera desempeñando. Esta prohibición se extiende también a empresas beneficiarias de subvenciones o concesiones públicas.

  1. Un Estado ejemplar en la lucha contra la corrupción. Para ello proponemos las medidas siguientes:

-Supresión de los aforamientos.

-Establecimiento de juicios rápidos para el enjuiciamiento de delitos relativos a la corrupción.

-Exigencia de la devolución de los caudales públicos para la aplicación de cualquier beneficio penitenciario.

-Inhabilitación, por un plazo a definir, de personas condenadas por delitos de corrupción para acceder o mantenerse en cualquier cargo público, para contratar con Administraciones y empresas públicas y para recibir cualquier financiación pública.

  1. Reforzar la independencia de los órganos de control. Se evaluarán tan solo aspectos técnicos en el nombramiento de los consejeros de los órganos de control (como el Tribunal de Cuentas), no permitiéndose injerencia de los partidos políticos.
  2. Mejora de los procesos de información a los ciudadanos. Implantar una política de transparencia total en la administración pública requiriendo de cada administración la publicación en una web de su presupuesto y el desglose de todos los gastos incurridos en tiempo real así como la documentación soporte.
  3. Publicación en la web de cada organismo de la administración pública de la relación completa de puestos de trabajo, identificando categorías y tipos de personal así como las retribuciones de cada uno de los mismos.
  4. Incrementar la transparencia en los contratos públicos. Mediante la informatización y publicación en internet de todos los procesos de contrataciones.
  5. Limitar el porcentaje de empleados laborales sobre funcionarios.
  6. Informatizar y transparentar los procedimientos de acceso al empleo público. Todos los procesos de contratación de personal y promociones internas serán transparentes al público.

Queremos unas Administraciones Públicas al servicio de los ciudadanos y que se conduzca bajo la máxima de “los contribuyentes son mis clientes”.

  1. Desarrollo de un plan de mejora en la información al ciudadano. Para ello se solicitarán propuestas a los ciudadanos para conocer sus inquietudes.

Son acciones en este punto:

– Preavisos al ciudadano sobre que se le está comprobando un impuesto y un periodo

– No estar sujeto a sanción si se regulariza antes de que empiece el procedimiento en sí, aunque sí a recargo

  1. Pensar en el ciudadano. Se debe aumentar el plazo de pago de impuestos trimestrales, como mínimo 10 días más, hasta el último día del mes siguiente.

Una Administración Pública cercana con el mensaje que “los contribuyentes son mis clientes”

  1. Se establece como regla general el silencio positivo en las relaciones con las administraciones públicas.
  2. Modelo informativo IVA (347). La única intención de este modelo es facilitar los datos de todas las operaciones relativas a operaciones mercantiles de más de 3000 euros, cuya acción no tiene ningún sentido más allá de ser un modelo para detectar descuadres de operaciones, y por lo tanto carece de sentido que el propio contribuyente sea quien tenga que facilitar la información propia de la inspección de Hacienda.
  3. Revisar la relación ciudadano- Órganos de Gestión/Inspección-Procedimiento tributario. Equilibrar esa relación, que debe basarse en condiciones de igualdad, buscando además la eficacia recaudatoria. Todo son problemas para impugnar decisiones de la autoridad fiscal, desde las sanciones e intereses de demora, las garantías avales de la deuda, los costes de la litigación (asesores, peritos etc.). No debe existir la presunción de prueba de la Administración del Estado, la prueba documental se debe aportar por ambas partes.
  4.    Fomentar la participación de los ciudadanos. Desarrollar un marco jurídico para fomentar la participación ciudadana a través de:

– Acceso a la información.

– Establecer mecanismos de consulta

– Implantar mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

– Incorporar mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública.

  1. Simplificación de procesos y acortamiento de plazos en la resolución de las inspecciones tributarias. Debe aplicarse un procedimiento simplificado en el contencioso administrativo (Tribunal Superior de Justicia y Audiencia nacional).
  2. Pensar en el ciudadano: Aplicación estricta del criterio de que la Administración no puede solicitar al ciudadano datos que ya obran en su poder.
  3.        Plazos de requerimiento o recurso. Carece de sentido que los sábados sean días hábiles para el cómputo de días frente a la agencia tributaria y que la propia agencia considere inhábil los sábados a efectos de gastos y desgravaciones.

Por tanto VOX propone la eliminación del sábado como día hábil en el cómputo de plazos frente a la Agencia Tributaria.

  1. Complementarias voluntarias. La realización de una modificación voluntaria, en la que de buena fe el contribuyente declara una cuantía económica que corrije un error es penado con sanción económica. No tiene sentido que si se trata de un acto voluntario que hace digna su actuación encima sea sancionada.

Por tanto VOX propone que las declaraciones complementarias sean NO sancionables y que las diferencias entre el importe a pagar o a compensar sea simplemente modificado con los pertinentes intereses legales (sumatorios en el caso de proceder abono, y 0 en el caso de compensar).

  1. UN SISTEMA FISCAL ACCESIBLE Y JUSTO QUE INCOPORE MECANISMOS PARA ELIMINAR LAS DESIGUALDADES QUE PRODUCE EL FRAUDE FISCAL

Consideramos que un sistema fiscal justo debe incorporar mecanismos de lucha contra el fraude al ser éste un fenómeno perturbador que provoca una alteración muy negativa de la distribución de la renta y riqueza, con graves secuelas para la equidad. Consecuencias del fraude fiscal son las siguientes:

  1. Mala   asignación   de   los   recursos disponibles, haciendo más ineficiente la economía del país que lo padece.
  2. Alteraciones en la competencia derivadas de asignaciones de recursos muy diferentes a las que se habrían producido en condiciones de cumplimiento tributario.
  3. Reduce la recaudación esperada.
  4. Una errónea estimación y valoración de indicadores básicos de la situación económica, tales como el volumen del PIB y sus tasas de crecimiento o la auténtica cuantía del desempleo, con muy negativas consecuencias para el diseño de la política económica adecuada.

Potenciar la conciencia fiscal de los ciudadanos a través de la vinculación entre impuestos soportados y bienes y servicios recibidos.

Consideramos que las medidas de reforma fiscal incluidas en este documento, tendrán un impacto positivo en la lucha contra el fraude. Entre ellas podemos citar: la desaparición del sistema de módulos, eliminación de deducciones, reducción y simplificación de figuras impositivas, la reducción de la carga impositiva, supresión de subvenciones y la simplificación del Estado.

Proponemos las siguientes medidas:

  1. Profundización en el Plan Anual de Inspección.
  2. Aumentar la plantilla de la AEAT cuya ratio por habitante es de las menores de Europa, y aumentar las comprobaciones e inspecciones.
  3. Ampliar las actuaciones inspectoras sobre los receptores de facturas. Las multas previstas a los emisores de facturas falsas previstas en la Ley General Tributaria, una vez firmes, deberían conducir a regularizar la situación en los receptores de las mismas a quienes se les deberá sancionar de igual forma como parte necesaria del proceso.
  4. Mejorar el acceso a la información. Se debe mejorar el cruce de datos entre las distintas administraciones públicas.

Reforzar los medios de la Administración en su lucha contra el fraude.

  1. Revisión completa del sistema de incentivos de la Inspección. Cobro de salario variable en base a objetivos. Incentivos a aquellos que logren cerrar más actas con acuerdo o en conformidad que agilicen la recaudación
  2. Ampliación de la base de contribuyentes con campañas eficaces de “afloramiento” de actividades sumergidas, aceleración de trámites, explicación del destino de los impuestos y actuaciones firmes contra competidores desleales sumergidos que perjudican a empresas y trabajadores que cumplen

Ampliar la base de contribuyentes con su consiguiente mejora de la recaudación.

  1. Análisis de la proporcionalidad de las sanciones tributarias. Reducción de las sanciones mínimas en contribuyentes que no hayan tenido inspecciones o sanciones previas
  2. Definir claramente la responsabilidad de la Administración. Debe tener carga de responsabilidad al menos en sus actos administrativos.
  3. Se puede crear una figura similar al abogado de oficio para contribuyentes sin medios suficientes, regular la imposición de costas a la Administración, rebajar las exigencias de afianzamientos de deudas, facilitar más todavía las Actas con acuerdo, limitar el plazo real de duración de las actuaciones inspectoras. Estudiar la posibilidad de que las declaraciones tributarias se firmen también por un asesor fiscal regulado como se hace en otros países

Debe ser compatible la persecución del fraude con el reequilibrio de la relación en casos de cuestiones técnicas y de juicio donde se levanta una muralla contra los contribuyentes menos favorecidos, con menos capacidad económica para asumir los costes de un largo proceso de litigación.

Simplificar los trámites administrativos y facilitar la gestión a los ciudadanos.

  1. Simplificación en los procesos. El contencioso administrativo en materia tributaria de ciudadanos, IRPF, IBI, etc. debe ser simplificado en procedimiento, actuación profesional y con tasas judiciales gratuitas.
  2. Eliminación de trámites administrativos. Eliminación del mayor número posible de licencias y permisos de la administración (licencia de apertura, permisos de obras, etc.).
  3. Prohibir por ley la participación del Estado o las Autonomías en la creación de empresas públicas o mixtas que compiten en el mercado produciendo bienes o servicios. Con la excepcionalidad de que pueden crearse dichas empresas para después privatizarse o venderse
  4. REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y EQUILIBRIO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

El Gasto Público debe aplicarse a sostener y mejorar los servicios esenciales de los ciudadanos, reduciéndolo en todo lo superfluo, innecesario, simplificando estructuras y con un exigente control tanto de su aplicación como de los cargos políticos y demás gestores que lo administran.

Entendemos que se debe adoptar un sistema de Presupuesto en base cero de forma que, anualmente, se conozcan las necesidades de cada departamento o área de la Administración y se facilite que el gasto público cubra sus fines de forma eficiente. Para ello revisaremos anualmente la totalidad de los gastos existentes y presupuestaremos con objetivos de austeridad y eficiencia.

Queremos una distribución óptima del gasto público identificando los sectores claves en el destino del mismo.

Proponemos las siguientes medidas de control de las cuentas públicas:

  1. Elaboración de un Catálogo de servicios públicos esenciales. Para ello se procederá a un análisis completo de los gastos públicos y de esta forma identificar (para eliminar) gastos superfluos e improductivos

Queremos eliminar el gasto público superfluo e innecesario.

  1. Proponemos revisar la totalidad de las subvenciones públicas existentes con el objetivo de mantener tan solo aquellas que supongan un beneficio social, cooperación al desarrollo y las de I+D+i. Queremos conocer sus fuentes de financiación, colectivo impactado y beneficio social de las mismas. Definiremos criterios claros y exigentes para acceder a las mismas, como son los siguientes:
  2. Si su desaparición implicaría que deberían ser realizadas por el Estado.
  3. Se definan estrictos criterios de vigilancia del cumplimiento de sus fines
  4. Se exigirá una memoria detallada de su actividad y cuentas claras
  5. La actividad subvencionada se ejerza en territorio nacional (a menos que se fomente el uso de español)
  6. La subvención no exceda del 50% de su presupuesto ordinario
  7. Se prohibirá cualquier injerencia de los partidos políticos en la labor de control realizada por la Intervención General de la Administración del Estado
  8. Se agilizarán los procedimientos para exigir el reintegro de la subvención cuando proceda.
  9. Supresión, sin excepción alguna y con carácter inmediato, de las subvenciones públicas a Partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
  10. Reducir los gastos de representación y protocolarios. Entre otras medidas propugnamos:

–             Supresión dietas por asistencia a Consejo de Administración derivadas del cargo público.

–             Reducción drástica en el número de vehículos oficiales

–             Limitación en la existencia de gabinetes de prensa

–             Fuerte restricción en los viajes internacionales en todas las administraciones públicas.

  1. Supresión de la publicidad institucional que no cumpla con estrictos criterios para ser considerada como servicio público, se encuentre adecuadamente presupuestada y su finalidad perfectamente fundamentada.
  2. Traslado de las dependencias de los organismos públicos a edificios/zonas más económicas.

Proponemos una política amplia de privatizaciones y reducciones de entes públicos

  1. Privatizaciones: se analizará una política profunda de privatizaciones de acuerdo a las siguientes características:

– Alcance: En la medida de lo posible, todo aquello no incluido en el catálogo de los servicios públicos esenciales debe privatizarse, ya sea la propiedad del “negocio” o la gestión en su defecto.

– Agenda: se debe comenzar por las actividades con mayor demanda del mercado para obtener mayores recursos con las mismas.

– Supervisión: tiene que haber un gestor/supervisor independiente que imponga cumplimientos de calendarios.

  1. Privatización o cierre de los medios de comunicación públicos que funcionan como medios de propaganda del poder político. Consideramos que se debe acometer un profundo análisis de los objetivos y viabilidad de los medios de comunicación públicos.
  2. Las empresas públicas que se mantengan estarán sujetas a rígidas auditoría externas e internas realizadas por los organismos correspondientes.
  3. Inventario completo del 100% de los inmuebles del Sector Público. Identificación de aquellos disponibles para la venta. Plan de venta de los mismos. Los fondos obtenidos se destinarían exclusivamente a la reducción del endeudamiento público.

Propugnamos la optimización del estado mediante la reducción de entes administrativos y supresión de aquellos organismos autonómicos que dupliquen los del Estado

  1. Reducción drástica de los entes no administrativos de distinta naturaleza jurídica (empresas públicas, fundaciones, observatorios, sociedades mercantiles…) de Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Propuesta de fusión de ayuntamientos, concejos y mancomunidades.
  2. Supresión de los organismos administrativos autonómicos redundantes que dupliquen los del Estado, como consejos económicos y sociales, consejos consultivos, tribunales de cuentas, agencias de protección datos, agencias de tráfico, agencias meteorológicas, institutos de estadística y oficinas comerciales en el exterior. Esta medida supondría:

–             Una reducción muy importante en el número de altos cargos públicos, con salarios generalmente elevados, que redundaría una reducción del gasto público.

–             Una recolocación de los empleados públicos que volverían a depender de la Administración Central del Estado.

  1. Programa de Auditoría obligatoria del 100% de los entes públicos. Externa por el Tribunal de Cuentas e interna por el IGAE sin incrementar sus estructuras sino acudiendo a las instituciones gremiales ( ICJCE, REA, Titulares Mercantiles)
  2. Evaluaremos anualmente todos los programas y gastos del Estado. Para ello seguiremos las pautas siguientes:

– Revisión y análisis de cada departamento o área de la administración, viendo los procesos y que es lo que verdaderamente se necesita y lo que sobra para atender los servicios públicos esenciales

– Detallar y justificar durante la elaboración del presupuesto cada partida del presupuesto del área.

– Seguimiento presupuestario por departamentos, estudiando sus necesidades y asignación de recursos.

– Riguroso control sobre ampliaciones o modificaciones presupuestarias

– Riguroso control sobre el grado de ejecución presupuestaria, no permitiendo traspasos de gastos de un periodo a otro ni asignaciones a partidas o capítulos diferentes a los presupuestados.

– Equilibrio presupuestario a conseguir en el corto plazo

Presupuesto en base cero. Queremos revisar todos los años la totalidad de los gastos del Estado.

  1. Queremos fomentar la participación ciudadana en la identificación de sus necesidades. Conocer las necesidades de los ciudadanos es paso previo a cualquier procedimiento presupuestario. Plantearemos mecanismos para fomentar su participación tanto a través de los nuevos medios de comunicación como de la cercanía exigible a unos políticos que deben ser “representantes de sus votantes”.
  2. Los ciudadanos deberían poder informar y opinar sobre servicios o entidades que, o bien funcionan mal o no si resultan necesarios y revisar anualmente en un programa de mejoras la razón de ser de tales organismos
  3. Plan de reducción del endeudamiento público. Este plan se incluirá en los presupuestos generales del Estado y se detallarán todas las medidas encaminadas a alcanzar este objetivo. Las nuevas emisiones de deuda pública deberán ser adecuadamente explicadas en cuanto a su necesidad y cumplimiento del plan de reducción del endeudamiento.

Queremos reducir el elevado grado de endeudamiento público.

  1. Establecer responsabilidades de los cargos públicos encargados de la gestión presupuestaria y de reducción del déficit.
  2. UN SISTEMA FISCAL SENCILLO, CON TIPOS MÁS BAJOS Y DE MARCADO CARÁCTER SOCIAL

Un sistema fiscal enfocado al crecimiento económico, de la renta disponible de los ciudadanos, rebajando los tipos, revisándose figuras impositivas, simplificándolo y con marcado carácter social.

Entendemos que los tributos deberían pretender la eficiencia, que se alcanza cuando no se altera en exceso la asignación de recursos que se obtendría en situaciones de libre competencia. También la neutralidad, que se consigue cuando no se afecta negativamente a las decisiones de los individuos y empresas respecto al trabajo, al ahorro, a la materialización de ese ahorro o a la asunción de riesgos. Por ello, planteamos una reforma del sistema fiscal basada en la consecución de los siguientes objetivos:

–             Sencillez: simplificación y eliminación o reducción de impuestos

–             Suficiencia: cubrir las necesidades de un gasto público eficiente

–             Orientado a estimular el consumo y el crecimiento económico, dando la necesaria protección al ahorro y a la inversión productiva creadora de empleo.

–             Con marcado carácter social: protegiendo a la familia y a los colectivos desfavorecidos

–             Basado en la unidad de mercado, la neutralidad fiscal y la igualdad en el esfuerzo fiscal de todos los ciudadanos

D.1. PROPUESTAS EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al recaer directamente sobre cada contribuyente, influye de forma muy importante en sus decisiones en relación a su trabajo, su aceptación o rechazo de los riesgos económicos y la materialización o colocación de su ahorro. Es por ello por lo que buscamos un modelo simple y con marcado carácter social de apoyo a la familia, que incite a los ciudadanos al trabajo y les permita tomar sus propias decisiones sobre su ahorro.

Proponemos las siguientes medidas en materia de IRPF:

  1. Simplificación declaraciones. En IRPF diseñar una declaración de la renta de un folio, que recoja en pocas casillas los ingresos, reducciones y deducciones aplicables.
  2. Desaparición del Sistema de Módulos. En la tributación de los rendimientos de las actividades económicas se propone la supresión, con carácter general, del sistema de módulos (estimación objetiva de los rendimientos), manteniéndose como algo marginal y por un periodo de tiempo no superior a un ejercicio anual, en sectores concretos. Se propone mantener el modelo directo de estimación simplificada, aplicándolo a actividades con volumen anual de operaciones muy reducido.

Proponemos avanzar hacia un Modelo de Tipo Único impositivo

  1. Elaboración de un plan de transición a un tipo único en el impuesto (flat tax), idéntico al del Impuesto sobre Sociedades y con unos mínimos exentos. El tipo único al final del plan de transición se establecerá en el 21% para todas las rentas.
  2. Durante el periodo de transición, que no debe superar los cinco ejercicios, proponemos los siguientes tipos y tarifas:

Base general

–             Tarifa progresiva (tres tramos)

–             Tipo mínimo del 15 %

–         Tipo intermedio del 25 %

–             Tipo máximo del 35 %

Base del ahorro: tipo único similar al mínimo de la tarifa progresiva

Proponemos una reducción de tipos y tarifas en el impuesto

  1. Elevar el mínimo exento a 12.000 euros.
  2. Aplicar una exención de 3.000 euros por cada uno de los hijos (o dependientes) de la unidad familiar.
  3. Revisión para su desaparición de las deducciones y reducciones en el impuesto. Sólo deben de quedar las técnicas (deducción para evitar doble tributación), aquellas de apoyo a las familias y las vinculadas a la protección ahorro.
  4. Quedarán exentas de tributación por IRPF las pensiones en sus primeros €12.000
  5. Quedarán exentas de tributación por IRPF las indemnizaciones por despido.

Proponemos mejoras en el tratamiento fiscal de las familias.

  1. Introducir el tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges, o “splitting” en el IRPF. De esta manera no se penaliza la opción de que uno de los miembros de la unidad familiar se dedique al cuidado del hogar y de los hijos o dependientes.
  2. Mejoras en el tratamiento de las familias. Con el objetivo que el impuesto grave la renta real disponible, se articulará un sistema para considerar, como parte de los gastos deducibles, las aportaciones realizadas por las familias a la compra o alquiler de viviendas. Se considerarán medidas adicionales para ayudar a familias con discapacitados.
  3. Tratamiento homogéneo de ganancias y pérdidas patrimoniales. Se proponen las siguientes medidas:

–             No exista distinción por los plazos de su obtención. Suprimiéndose la diferenciación fiscal entre ganancias a corto y largo de su obtención.

–             No exista corrección por depreciación monetaria

–             Su gravamen, durante el periodo transitorio a un tipo único, se considere dentro de la base del ahorro

–             Exista posibilidad de compensación de pérdidas patrimoniales con otros rendimientos del capital (mobiliarios e inmobiliarios) que integren la base del impuesto.

  1. Protección del ahorro de los trabajadores. Ante el grave problema existente de financiación del sistema público de pensiones y nuestra propuesta de transición a un sistema de capitalización, proponemos:

–             Mantener las reducciones en la base del impuesto exclusivamente a los perceptores de rendimientos de trabajo y de actividades económicas.

–             Ampliar el régimen fiscal, y por tanto el contribuyente tener mayor libertad de elegir, a las aportaciones a cuentas bancarias especiales que cumplan con los mismos requisitos de indisponibilidad y asignación que los planes y fondos de pensiones.

  1. Declaraciones de la renta extemporáneas.- el modelo de tributación individual y conjunta solo existe en la presentación en plazo, pero en el caso de declaración extemporánea solo permite la declaración individual, lo cual genera un agravio precisamente en las declaraciones de la renta más bajas o en las que uno de los dos este en desempleo.

VOX propone que se puede elegir tributación individual o conjunta también en las declaraciones fuera de plazo ordinario o complementarias posteriores.

Queremos que los impuestos no sean confiscatorios de la riqueza de los ciudadanos que inhiban el ahorro y la inversión y desincentiven el trabajo y el esfuerzo.

Con las reformas propuestas ningún español pagará más impuestos y todos pagaremos menos.

D.2. PROPUESTAS EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

El Impuesto sobre Sociedades es una figura muy importante de cualquier sistema tributario especialmente por su capacidad de control de los beneficios que generados el ámbito societario y su influencia sobre las decisiones empresariales de inversión y localización de sus diversas actividades. Es por ello por lo que buscamos principalmente simplificar el modelo, mediante la eliminación de exenciones y deducciones, y fomentar la iniciativa empresarial mediante la reducción de tipos.

Proponemos las siguientes medidas en materia del Impuesto sobre Sociedades:

  1. Bajar el tipo general del Impuesto sobre Sociedades al 21%. Se realizaría en dos etapas:

Primera etapa:

–             Tipo general al 25%

–             Unificación con tipos de empresas de reducida dimensión

–             Posibilidad de renuncia a reducción de tipos para empresas con Bases Imponibles Negativas.

Segunda etapa:

–             Tipo general al 21%.

Proponemos una fuerte bajada en tipo general del Impuesto sobre Sociedades

  1. Revisión para su eliminación de exenciones y deducciones. Las exenciones y deducciones añaden complejidad y favorecen el fraude. Tan solo quedarán aquellas que su eliminación suponga una doble tributación, como la imposición de las rentas de las pensiones contributivas. En el caso de la exención por doble imposición de dividendos, se mantendrá la exención cuando se cumplan los criterios siguientes:

–             Interna: si la participación en el capital de la pagadora es > 5%

–             Internacional: solo si el gravamen en el extranjero es >10% del beneficio allí obtenido

  1. Reforzar la capitalización de las empresas. Para ello analizaremos la posibilidad de aumentar el porcentaje de reducción de la base imponible de la actual Reserva de Capitalización, actualmente en un 10%, a un porcentaje más próximo al tipo general del Impuesto. Se mantendría el requisito de dotación de una reserva indisponible por el mismo importe y el de mantenimiento del incremento por un plazo de 5 años.
  2. Revisión de las limitaciones a la deducibilidad de amortizaciones, gastos financieros y compensación de Bases Imponibles Negativas (amén de la eliminación de la supresión de límite de su comprobación según el proyecto de reforma que genera cargas administrativas e inseguridad jurídica).

Queremos simplificar y unificar los regímenes existentes.

  1. Desaparición del régimen especial de empresas de reducida dimensión por extensión. No se debe penalizar desde el Estado el éxito y el crecimiento de las empresas.

D.3. PROPUESTAS EN MATERIA DE IMPOSICIÓN PATRIMONIAL

Estos impuestos, al recaer sobre elementos en que se materializa el ahorro, suponen una doble tributación del mismo y por tanto desanimándolo frente al consumo. Este impacto negativo sobre el ahorro su multiplica cuando la imposición patrimonial se exige anualmente por la mera tenencia de esos bienes y, además, cuando se produce un cambio gratuito en la titularidad de tales bienes, por sucesión o donación.

Proponemos las siguientes medidas en materia de imposición patrimonial a aplicar en todo el territorio nacional:

  1. Desaparición definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio. Proponemos su desaparición por su considerable efecto negativo sobre el ahorro y sobre los estímulos para invertir, asumir riesgos y trabajar, por ser especialmente beligerante contra el asentamiento en el territorio nacional de   grandes inversores y por acabar recayendo sobre las clases medias.
  2. Supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Consideramos que este impuesto, actualmente cedido a las Comunidades Autónomas, por un lado desincentiva el ahorro y la inversión y por otro no juega el pretendido papel de redistribución de la renta y la riqueza.

Queremos que los ciudadanos no paguen dos veces por las rentas obtenidas. Suprimiremos el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones

  1. Desaparición de los actuales Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD. La imposición sobre las transferencias de riqueza comprende una serie de figuras impositivas que gravan la transmisión onerosa de bienes, títulos valores y, en general, las modificaciones en la titularidad de los derechos. Proponemos las siguientes medidas:

–             Suprimir el Impuesto sobre Operaciones Societarias

–             Reemplazar el actual Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados por unas tasas fijas basadas en criterios objetivos que eliminen las incertidumbres actuales.

–             Suprimir el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Consideramos que, los impuestos sobre la transmisión de la propiedad inmobiliaria desincentivan las transacciones, reducen el mercado y obstaculizan la formación de los precios.

D.4. PROPUESTAS EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se encuentra orientado por las normas establecidas por la Unión Europea.

Proponemos las siguientes medidas en materia de IVA:

  1. Consideramos adecuada la existencia de los tres tipos actuales de IVA: general, reducido y superreducido, que VOX propone sean gravados con el 16 %, 8 % y 4 %, respectivamente..
  2.    Aplicación del tipo superreducido de IVA para los bienes de primera necesidad, productos infantiles y geriátricos.
  3. Determinación de la base, en todos los casos, según el criterio de devengo. Porque buscamos simplificación en las declaraciones.
  4. Revisión de las exenciones existentes. Para ello proponemos:

–             Un análisis de las exenciones existentes y supresión de algunas de ellas.

–             Entendemos que deben estar sometidas a tributación las prestaciones de servicios realizadas   por   los   colegios profesionales, las cámaras oficiales y las organizaciones empresariales.

–             Mantenimiento de otras por equiparación internacional (servicios financieros).

  1. Apoyar la promoción de la cultura y el patrimonio español gravando estas operaciones al tipo reducido (8 %) en lugar del tipo general.
  2. Facilitar la deducibilidad del IVA en tickets dándoles el mismo tratamiento que a las facturas simplificadas, siempre que conste el NIF/CIF del emisor.

Queremos ayudar a las familias en la compra de viviendas.

  1. Reducción de un 50% en la cuota para las familias que adquieran su primera vivienda. En caso de familias numerosas la reducción sería de un 100%.

D.5. PROPUESTAS EN MATERIA DE COTIZACIONES SOCIALES

Las cotizaciones sociales constituyen en España un ingreso de naturaleza tributaria no adscrito a la financiación de los Presupuestos generales del Estado sino exclusivamente a la del sistema de Seguridad Social. Su importancia recaudatoria es muy elevada, suponiendo la cifra más elevada obtenida por cualquier otra figura de nuestro sistema impositivo. Las cotizaciones sociales no son más que un impuesto que recae directamente sobre el trabajo aunque establecido con criterios muy peculiares, por lo que sus efectos económicos son cruciales a efectos de la ocupación y del empleo de la economía española.

Entendemos que es necesario acometer una reforma del actual sistema de financiación de las prestaciones sociales. Consideramos que, de forma paulatina pero lo antes posible, el actual sistema de reparto debe ser sustituido por uno de capitalización.

Proponemos las siguientes medidas en materia de cotizaciones sociales:

  1. Reducciones en las cotizaciones sociales para favorecer el empleo y reducir los costes de la empresa, con el fin de mejorar la competitividad de la economía y elevar el empleo y la producción. La reducción en las cotizaciones sociales se realizará tras un pormenorizado análisis del impacto en la financiación actual de las pensiones. Para ello se estudiará:

–             Una reducción ambiciosa de la aportación de la empresa. Proponemos reducir los tipos de gravamen que se encuentran en España por encima de la media europea.

–             Una reducción más moderada en los tipos de gravamen de las aportaciones de los trabajadores.

Queremos reducir las cotizaciones sociales con objeto de favorecer el empleo y el crecimiento de la economía.

  1. Establecer una cuota reducida para los trabajadores autónomos. Con el objetivo de promover la iniciativa empresarial y ampliar la base de contribuyentes, proponemos que los trabajadores autónomos tengan la posibilidad de pagar las siguientes cuotas:

–             Una cuota fija mínima de 50 euros mensuales.

  1. Reforma de las bases de cotización mediante la eliminación de los topes máximos y mínimos. Esta eliminación supondría que se tributaría por el salario efectivamente percibido, encaminándose el sistema a un auténtico impuesto sobre nóminas.
  2.        Limitar el uso de exenciones y bonificaciones en la Seguridad Social, centrándolas solo sobre:

–             Contrataciones específicas sobre colectivos definidos (como las familias numerosas)

–             Con carácter excepcional, a aquellos beneficiarios especialmente desfavorecidos a los que resulte difícil ayudar con políticas activas de empleo

Queremos apoyar a las familias y favorecer la conciliación entre la vida laboral y la familiar

  1. Con el objetivo de incentivar a las familias y de reconocer el aporte a la sociedad de los padres.

–             Reducciones en las cotizaciones sociales, para los trabajadores en activo, de carácter creciente por cada hijo que se tenga.

–             Coste cero en las cotizaciones de madres y padres de familias numerosas

–             Coste cero en las cotizaciones de empleados contratados para sustituir bajas por maternidad o paternidad.

–             Coste cero en las cotizaciones de bajas por enfermedades derivadas de la maternidad.

–              Reducciones en las cotizaciones sociales para aquellas empresas que ofrezcan días de asuntos familiares a sus empleados.

–             Reducciones en las cotizaciones para empresas que apliquen flexibilidad de horarios y medidas de teletrabajo.

–            Que el Estado reconozca a las madres que dejen de trabajar al tener hijos, o que reduzcan su jornada para su cuidado, una cotización social equivalente a la que generaba la mujer en cuestión antes de tener hijos (y si no trabajaba antes de ello, una cotización equivalente a la del doble del salario mínimo), hasta que el hijo menor tenga cuatro años de edad

  1. Vincular aportaciones con prestaciones sociales. Para lograr este propósito se propone que las prestaciones deberían referirse a las contribuciones efectivamente satisfechas a lo largo de toda la vida laboral.

D.6. PROPUESTAS EN MATERIA DE IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES

Las propuestas en el ámbito de estos impuestos responden a la finalidad de distribución de los costes sociales que genera su consumo, vinculación a la finalidad perseguida y racionalización y simplificación del complejo sistema actual.

Proponemos las siguientes medidas:

  1. Revisar la política energética de nuestra nación. Para ello se debe evaluar lo siguiente:

–             Revisar los recortes de las renovables y fomentar las instalaciones individuales suprimiendo el Impuesto especial del 7% al 2% y rebajando el peaje del 21% al 5%.

–             Carbón: supresión exenciones existentes en el impuesto sobre el carbón.

–             Nucleares Analizar la capacidad existente y valorar la estabilidad en suministro.

–             Interconexión con Francia.

–             Fracking y prospecciones de petróleo. Analizar la imposición existente y una mayor apertura del mercado a la competencia en los precios en la distribución de productos petrolíferos

  1. Reforma de la Imposición sobre la energía nuclear. Se propone:

–             Integrar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos con el de almacenamiento

–             Transformarlo finalmente en una tasa por coste de gestión y almacenamiento de residuos

  1. Unificación de los tributos estatales sobre el agua.

–             Agrupar en uno solo el canon de regulación, la tarifa de utilización del agua, el canon de utilización de los bienes de dominio público hidráulico y el canon de control de vertidos

–             Las tarifas seguirán garantizando la repercusión de los costes sobre los usuario

–             Orientar los tributos sobre el agua al objetivo de reducir las pérdidas de los sistemas de distribución, reducir el consumo y así evitar incurrir en costes de nuevas inversiones y dedicarlo a mejorar su depuración y reutilización.

  1. Unificación de otros Impuestos medioambientales

–             Sustitución de impuestos sobre incineración de residuos autonómicos por uno nacional

–             Sustitución de impuestos para las emisiones atmosféricas por uno nacional

  1. Suprimiremos los siguientes impuestos:

–             Supresión del canon eólico

–             Supresión del canon de agua embalsada

–             Supresión de impuestos sobre grandes superficies por atentar contra la libertad de mercado

–             Supresión de los actuales impuestos sobre emisión de dióxido de carbono por la imposibilidad de cumplir con sus fines

–             Supresión de los impuestos sobre bolsas de plástico

  1. UN SISTEMA FISCAL QUE CONTRIBUYA A LA UNIDAD DE MERCADO Y PERSIGA LA IGUALDAD DE DERECHOS DE LOS ESPAÑOLES

Consideramos que el sistema fiscal español se debe articular en base a un sistema de impuestos estatales únicos aplicados en todo el territorio nacional, complementado con impuestos locales que sean no concurrentes con los tributos del Gobierno central en cuanto a hechos imponibles. La capacidad normativa en los impuestos locales correspondería, en todo caso, al Gobierno central, manteniéndose su gestión y recaudación a nivel local.

Las Administraciones locales deben trabajar sobre el principio de vinculación entre el impuesto y el nivel de gasto público que debe financiarse. Entendemos que las administraciones locales pueden tener atribuidas competencias para fijar la cuantía de los impuestos locales, aunque siempre dentro de unos límites fijados, promoviendo de esta forma la corresponsabilidad fiscal. Consideramos que esta medida generaría una verdadera competencia entre administraciones para ser más eficientes.

Dada la existencia de importantes diferencias en niveles de renta y riqueza entre localidades y provincias, no todas podrán financiarse de la misma manera, surgiendo la necesidad de que se establezcan transferencias de nivelación que serán calculadas con el objetivo de asegurar la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos.

Proponemos las siguientes medidas para la consecución de la unidad de mercado:

  1. Revisión del marco normativo vigente con objeto de eliminar normas obsoletas, confusas, redundantes o ineficaces y superfluas. Simplificación drástica de la normativa vigente para garantizar su cumplimiento, evitar la ruptura de la unidad de mercado y la restricción de la libertad de circulación en España.
  2. Como parte de las medidas a tomar para el desmantelamiento del estado autonómico, proponemos las medidas siguientes:

Supresión de la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas

– Centralización de aquellos impuestos cedidos a las mismas.

– La integración de las autoridades de recaudación en una única entidad nacional.

  1. Reducción de la carga impositiva del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sobre los ciudadanos. Estará basada en la aplicación de los coeficientes mínimos permitidos por la Ley, tanto para inmuebles rústicos como urbanos.
  2. Establecer un macro plan de urbanismo a nivel nacional que libere el suelo y fijase unos criterios que establezcan dónde se podría y no se podría construir.
  3. Ayudaremos a las familias a través de bonificaciones en el IBI tanto para familias numerosas como para familias con personas dependientes.
  4. Reforma del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Este impuesto se sustituiría por uno de carácter medioambiental basado en uso de medios de transporte. Este impuesto tendría las características siguientes:
  5. La cuota dependería de la emisión de dióxido de carbono del vehículo y si es diésel o gasolina. Su gravamen se reduciría cuando el vehículo fuera objeto de modificaciones que redujeran las emisiones y eximirse para los vehículos de uso exclusivo de personas con discapacidades y para familias numerosas.
  6. La regularización sería estatal e igual para todos los municipios
  7. La gestión del impuesto sería municipal
  8. Revisión, reducción y, tras un completo análisis de su impacto en la recaudación y la financiación de las Administraciones Públicas, supresión de los siguientes impuestos:

–             Impuesto sobre el incremento de Valor de los terrenos de naturaleza urbana.

–             Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras.

–             Impuestos sobre el juego

–             Impuestos sobre depósitos bancarios.

  1. Aumentar la exención del IAE a 2 millones de euros de facturación y comenzar a pagarlo a partir de la obtención de beneficios.
  2. Potenciaremos e impulsaremos el uso de tasas o precios en los servicios públicos que no las tienen. Entendemos que las administraciones locales y provinciales, en aquellos servicios adicionales que propongan a los ciudadanos, podrán establecer tasas que cubran el coste del servicio (no por debajo) a quienes se beneficien de los mismos. Los estudios para la fijación de costes que determinarán las tasas a aplicar, serán debidamente publicados.
  3. Cuando la Administración en sus pagos a proveedores supere los 30 días, necesariamente emitirá un pagaré que el proveedor podrá utilizar en su deudas frente a cualquier organismo de la Administración Pública.
  4. Como principio general eliminación o reducción de todos los impuestos que existen con el compromiso de no crear ninguno nuevo.

CONCLUSIONES

UN ESTADO EFICAZ, TRANSPARENTE, EJEMPLAR Y RESPONSABLE

Un Estado eficiente y transparente requiere un riguroso control del gasto público, el fomento de la libre iniciativa y la mejora de la competitividad. Las Administraciones Públicas y los cargos electos deben estar enfocados a la transparencia, el servicio al ciudadano, la ejemplaridad en la gestión y justificación del gasto y la responsabilidad plena en la eficacia de sus actuaciones. Son medidas a tomar las siguientes:

–             Controlar a los cargos públicos y cargos de libre designación. Antes, durante y después de su mandato.

–             Garantizar una independencia efectiva de los órganos de control de la actividad económica y financiera pública (Tribunal de Cuentas, Intervención del Estado y Agencia Tributaria) respecto de los partidos políticos.

–            Incorporar en las AAPP aspectos éticos de buen gobierno así como sistemas de medición de la calidad y efectividad de los sistemas de prevención. Obligatoriedad de cumplimiento de un código de conducta.

–             Ejemplarizar en la lucha contra la corrupción. Supresión de aforamientos, exigencia de devolución de caudales públicos y una clara definición de la política de inhabilitaciones.

–             Mejorar el acceso a la información por los ciudadanos. Acceso fácil a la información sobre presupuestos, grados de ejecución presupuestaria, contratación pública, empleo público.

UN SISTEMA FISCAL ACCESIBLE Y JUSTO QUE INCORPORE MECANISMOS PARA ELIMINAR LAS DESIGUALDADES QUE PRODUCE EL FRAUDE FISCAL

Consideramos que un sistema fiscal justo debe incorporar mecanismos de lucha contra el fraude al ser éste un fenómeno perturbador que provoca una mala asignación de los recursos disponibles, alteraciones en la competencia y reduce la recaudación. Entendemos que la desaparición del sistema de módulos, eliminación de deducciones, reducción y simplificación de figuras impositivas, la reducción de la carga impositiva, supresión de subvenciones y la simplificación del Estado, tendrán un impacto positivo en la lucha contra el fraude. Otras medidas concretas serían las siguientes:

 

–             Aumentar la plantilla de la AEAT cuyo ratio por habitante es de las menores de Europa.

–             Unificar acceso a la información. Se debe mejorar el cruce de datos entre las distintas administraciones públicas.

–             Revisión completa del sistema de incentivos de la Inspección. Cobro de salario variable en base a objetivos de cierre de actas con acuerdo o en conformidad que agilicen la recaudación.

–             Ampliar la base de contribuyentes que entendemos será consecuencia de la reducción y supresión de impuestos, simplificación de procesos y eliminación de trámites administrativos (licencias de todo tipo como la de apertura, permiso de obras).

–             Prohibir por ley la participación del Estado, CCAA o ayuntamientos en la creación de empresas públicas.

–             Programa de Auditoría obligatoria del 100% de los entes públicos.

REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y EQUILIBRIO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

El Gasto Público debe aplicarse a sostener y mejorar los servicios esenciales de los ciudadanos, reduciéndolo en todo lo superfluo e innecesario. Para ello consideramos las siguientes acciones a tomar:

–             Adoptar el sistema de Presupuesto en base cero de forma que, anualmente, se revisen las necesidades de cada departamento o área y se facilite la eficiencia del gasto público. Riguroso seguimiento del mismo y control de sus variaciones.

–             Elaboración de un Catálogo de servicios públicos esenciales.

–             Eliminar subvenciones. Se mantendrán tan solo aquellas que supongan un beneficio social.

–             Traslado de las dependencias de los organismos públicos a edificios/zonas más económicas.

–             Acometer una optimización del sector público a través de:

  1. Privatizaciones de entes públicos. Comenzando por aquellos que supongan mayores recursos.
  2. Supresión de los organismos administrativos autonómicos redundantes que dupliquen los del Estado. Cierre de televisiones autonómicas.

III. Cierre de aquellos que funcionan como órganos de propaganda de los partidos políticos (tv)

  1. Inventario completo del 100% de los inmuebles del Sector Público. Identificación de aquellos disponibles para la venta. Plan de venta de los mismos.

Establecer responsabilidades de los cargos públicos encargados de la gestión presupuestaria y de reducción del déficit.

UN SISTEMA FISCAL SENCILLO, CON TIPOS MÁS BAJOS Y DE MARCADO CARÁCTER SOCIAL

Entendemos que los tributos deberían pretender la eficiencia, que se alcanza cuando no se altera en exceso la asignación de recursos que se obtendría en situaciones de libre competencia. La neutralidad impositiva se consigue cuando no se afecta negativamente a las decisiones de los individuos y empresas respecto al trabajo, al ahorro, a la materialización de ese ahorro o a la asunción de riesgos. Por ello, planteamos una reforma del sistema fiscal basada en la consecución de los siguientes objetivos:

  1. Sencillez: simplificación y eliminación o reducción de impuestos

–             Simplificación declaraciones. El IRPF se debe declarar en uno o dos folios.

–             Desaparición con carácter general del sistema de Módulos en el IRPF.

–             Determinación de la base del IVA según el criterio de devengo exclusivamente

–             Adoptar lo antes posible un tipo único (“flat tax”) en IRPF, similar al Impuesto sobre Sociedades y próximo al tipo general de IVA.

–             Reducción del IBI basada en la aplicación de los coeficientes mínimos permitidos por la Ley.

–             Revisión, reducción y, tras un completo análisis de su impacto en la recaudación y la financiación de las Administraciones Públicas, supresión de los siguientes impuestos: Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre el Juego, Impuesto sobre depósitos bancarios.

–             Revisión de la imposición de carácter medioambiental. Revisar la imposición sobre la energía nuclear, tributos sobre el agua, incineración de residuos y emisiones atmosféricas. Supresión de las exenciones existentes en el impuesto sobre el carbón.

–             Reforma del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Este impuesto se sustituiría por uno de carácter medioambiental basado en uso de medios de transporte

  1. Con marcado carácter social: protegiendo a la familia y a los colectivos desfavorecidos

–            Elevando el mínimo exento añadiendo cantidades en función del colectivo desfavorecido y miembros de la unidad familiar de acuerdo a lo siguiente:

–             Un mínimo exento próximo al salario mínimo interprofesional (9.000 euros aproximadamente) con posibilidad de mejora para las pensiones contributivas.

–             Un importe único aplicable por cada descendiente, sin distinción del número de los mismos (en torno a 4.500 euros) euros por cada uno de los hijos de la unidad familiar.

–             Articulando un sistema para considerar, como parte de los gastos deducibles, las aportaciones realizadas por las familias a la compra o alquiler de viviendas. Se considerarán medidas adicionales para ayudar a familias con discapacitados.

–            Reducción de un 50% en la cuota del IVA para las familias que adquieran su primera vivienda. En caso de familias numerosas la reducción sería de un 100%.

–             Bonificaciones en el IBI para las familias numerosas y familias con personas dependientes.

  1. Orientado al crecimiento económico: protegiendo el ahorro y la inversión

-Protección del ahorro de los trabajadores.

– Manteniendo las reducciones en la base del impuesto tan solo a los perceptores de rendimientos de trabajo y de actividades económicas y menores de la edad de jubilación.

– Ampliando los beneficios fiscales a otros instrumentos de ahorro.

– Suprimiendo figuras impositivas que suponen doble tributación: casos del Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

– Desaparición de los actuales Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD. Suprimiremos el Impuesto sobre Operaciones Societarias y el de Transmisiones Patrimoniales. Reemplazaremos el actual Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados por unas tasas fijas basadas en criterios objetivos.

 

  1. Basado en la unidad de mercado y la neutralidad fiscal y la igualdad en el esfuerzo fiscal de todos los ciudadanos. Consideramos que el sistema fiscal español se debe articular en base a un sistema de impuestos estatales únicos aplicados en todo el territorio nacional, complementado con impuestos locales que sean no concurrentes con los tributos del Gobierno central en cuanto a hechos imponibles. La capacidad normativa en los impuestos locales correspondería, en todo caso, al Gobierno central, manteniéndose su gestión y recaudación a nivel local. Proponemos

–             Supresión de la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas

–             Centralización de aquellos impuestos cedidos a las CCAA.

–             La integración de las autoridades de recaudación en una única entidad nacional.

–             Supresión de impuestos gestionados por las Comunidades Autónomas. Supresión del canon eólico, canon de agua embalsada, Impuesto sobre grandes superficies, Impuesto sobre bolsas de plástico.

ACCIONES SOBRE COTIZACIONES SOCIALES

Las cotizaciones sociales no son más que un impuesto que recae directamente sobre el trabajo. Es nuestro propósito acometer una reducción de las mismas para favorecer el empleo y reducir los costes de la empresa, con el fin de mejorar la competitividad de la economía y elevar el empleo y la producción. Iniciativas en este campo son las siguientes:

–             Acometer urgentemente el proceso de sustitución del actual sistema de reparto por uno de capitalización mixto.

–             Reducción de las cotizaciones sociales. Proceder, tras a un pormenorizado análisis del impacto en la financiación actual de las pensiones, a una reducción de las cotizaciones sociales. Consideramos que la misma debe ser más ambiciosa en las aportaciones de la empresa al encontrarse la misma por encima de la media de nuestro entorno.

–             Vincular aportaciones con prestaciones sociales. Las pensiones deben guardar relación con las contribuciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral.

–             Reforma de las bases de cotización mediante la eliminación de los topes máximos y mínimos. Esta eliminación supondría que se tributaria por el salario efectivamente percibido.

–             Establecer una cuota reducida para los trabajadores autónomos. Esta cuota se encontraría en torno a los 50 a 100 euros en función de su ejercicio de actividad.

–             Incentivar a las familias mediante: reducciones en las cotizaciones en función de los hijos, a empresas que ofrezcan días de asuntos familiares y flexibilidad de horarios. Coste cero en cotizaciones de padres y madres de familias numerosas o en bajas por enfermedades derivadas de la maternidad.

1 Comment
  1. Jose.M. 4 años ago
    Reply

    Si cumplis todo el programa, es lo mejor con diferencia, lo que si me gustaria es que os dierais a conocer mejor, mi voto ya lo teneis.

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