Madrid, martes 13 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo). La formación política Vox ha presentado en la mañana de este martes una querella criminal ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid contra el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Francisco Martín Aguirre. El equipo jurídico de la formación patriota, bajo la dirección letrada de la abogada Marta Castro Fuertes, formaliza el escrito en calidad de acusación popular ante la escandalosa inactividad, permisividad y pasividad de las autoridades gubernamentales frente al secuestro y ocupación indefinida que sufre la emblemática plaza de la Puerta del Sol desde hace más de dos semanas por parte de colectivos de la extrema izquierda.
La querella criminal de Vox acusa formalmente al Delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, de la presunta comisión de un «delito de omisión del deber de perseguir delitos», tipificado en el artículo 408 del Código Penal, así como de un «delito de prevaricación administrativa en comisión por omisión», recogido en los artículos 404 y 11 del mismo texto legal. La formación patriota fundamenta la acción penal en el absoluto quebrantamiento de los deberes de su cargo, puesto que el dirigente socialista se ha negado de forma de reiterada a disolver el asentamiento o, al menos, a promover la obligada persecución de las múltiples infracciones penales cometidas en el recinto, a pesar de haber sido formalmente requerido para ello por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Asimismo, la ofensiva penal de Vox no se detiene en las autoridades de la Moncloa y extiende la querella criminal de forma directa contra los rostros visibles, promotores y organizadores de la acampada ilegal, que opera bajo el paraguas de la plataforma autodenominada Acampada26S. Entre los querellados principales figuran Alicia del Río, Valeria Racu, Carolina Vilariño y Fernando de los Santos, identificados de forma pública como los portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, organización extremista que convocó la manifestación original de la que partió la posterior ocupación material del espacio público. También se dirige la acción judicial contra Carlota F. y Marta Hernández, portavoces de la denominada Coordinadora Juvenil Socialista, vinculada doctrinalmente al Movimiento Socialista de raíz radical abertzale, y contra Quico C., miembro clave de la autoproclamada comisión de urbanismo de la acampada ilegal. A todos ellos Vox les imputa la autoría de un presunto «delito de reunión ilícita» previsto en el artículo 514.1 en relación con el artículo 513.2 del Código Penal.
Acopio de cuchillos, asalto al patrimonio histórico e incidentes violentos
El escrito de la querella desgranado por la acusación popular de Vox revela una situación de extrema gravedad delictiva que ha convertido el kilómetro cero del país en una zona de exclusión al margen de la ley. La formación patriota advierte en los folios del escrito que el Delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, ha tenido plena e incuestionable constancia de la comisión de hechos con apariencia delictiva dentro del recinto. El propio Ayuntamiento de Madrid remitió un requerimiento formal acompañado de pruebas que acreditaban de forma indubitable «el acopio de cuchillos de gran tamaño con hojas superiores a los once centímetros de longitud y piedras en el campamento masivo». Según relata el texto de Vox, al permitir el libre asentamiento de estos individuos con elementos lesivos, el Delegado socialista «dejó intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tuviere noticia o de sus responsables», vulnerando los principios de objetividad, eficacia y sometimiento pleno a la ley.
El ataque sistemático contra el patrimonio histórico y artístico de la capital española también constituye un pilar fundamental en la querella criminal. El informe oficial emitido por la Dirección General de Patrimonio detalla un reguero continuo de destrozos y degradaciones materiales perpetrados sobre la fachada de la Real Casa de Correos —edificio catalogado institucionalmente como Bien de Interés Cultural— y sobre la escultura de el Oso y el Madroño. Los folios judiciales describen la proliferación de «pintadas, grafitis, pegatinas, pinturas y la escalada forzada de personas utilizando ventanas y rejas como apoyo, provocando peso y tirones» sobre los elementos de protección del complejo monumental. Vox argumenta que estos hechos revisten caracteres delictivos bajo el artículo 323.1 del Código Penal y que el Delegado «se erigió ilegalmente en juez de la tipicidad para no actuar», cuando su estricto deber procesal pasaba por ordenar la inmediata identificación y detención de los vándalos de la ultraizquierda.
La querella criminal aporta un desglose exhaustivo de las escenas de violencia, coacciones y asaltos sufridos por los profesionales de la información en el perímetro de la Puerta del Sol. Vox plasma el violento asalto sufrido el 28 de septiembre por un operador de cámara del programa Código 10, quien fue «golpeado de forma brutal con un manotazo, un empujón y una patada en la rodilla por un grupo radical, tras lo cual destruyeron su equipo de cámara contra una pared y el suelo para posteriormente sustraerlo».
El escrito recuerda que los equipos de El Debate, EDATV, Libertad Digital y el periodista Vito Quiles de El Español sufrieron intentos continuos de linchamiento y agresiones físicas por parte de los acampados, viéndose obligados a interrumpir sus emisiones en directo y a ser escasamente escoltados o rescatados de urgencia por los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y la Policía Municipal. Vox recalca que estas agresiones constituyen presuntos delitos de coacciones, lesiones y robos, y que «en un Estado democrático de Derecho no cabe amparar tras el derecho fundamental de reunión que un colectivo organizado se apropie de forma indefinida de un espacio público» y conculque de forma violenta el derecho a la libre información.
La organización de la acampada ilegal desmonta la excusa del espontaneísmo
Frente a las reiteradas justificaciones emitidas desde la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, que han pretendido amparar de forma injustificada el asentamiento bajo la cobertura del derecho constitucional de reunión pacífica del artículo 21, la querella de Vox desmonta por completo la tesis de una protesta espontánea o incontrolable. El equipo jurídico patriota expone ante los magistrados de instrucción que la plataforma Acampada26S cuenta con una «estructura organizativa perfectamente delimitada, estable y permanente», compuesta por una asamblea general, nodos territoriales coordinados y un entramado de comisiones internas específicas denominadas de mediación, cuidados, comunicación, limpieza, obras, ferretería y urbanismo.
Vox pone el foco sobre la denominada comisión de urbanismo, integrada formalmente por el querellado Quico C., la cual emite comunicados operativos obligatorios relativos a la «gestión física y material del campamento, limitando la ampliación del perímetro por razones de seguridad, organizando de forma estricta los huecos de las tiendas y estableciendo vías de acceso interiores». El escrito añade como indicio irrebatible de este control de acceso y dirección jerárquica el hecho documentado de que los propios acampados reconocieron públicamente haber localizado y expulsado del recinto a una persona que portaba un palo con pinchos.
Para la formación presidida por Santiago Abascal, la existencia de este entramado interno demuestra que existían interlocutores y responsables materiales claros, y que los promotores de la ultraizquierda incurrieron de forma flagrante en el delito del artículo 514.1 del Código Penal al «omitir deliberadamente el empleo de todos los medios a su alcance para impedir de raíz la presencia de armas y objetos peligrosos en el seno de la concentración».
En el apartado de diligencias urgentes de investigación, la representación procesal de Vox ha solicitado al Tribunal de Instancia la toma de declaración inmediata en calidad de investigados de Francisco Martín Aguirre y del resto de cabecillas y portavoces ultraizquierdistas identificados en la querella. Asimismo, se interesa de manera perentoria el libramiento de oficios urgentes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid y a la Policía Municipal para que recaben, custodien e incorporen a la causa judicial todas las filmaciones de las cámaras de seguridad públicas de la Puerta del Sol, la calle del Arenal y los aledaños de la Real Casa de Correos. Vox exige también la aportación íntegra de todos los atestados policiales, partes diarios de incidencias y actas de incautación de armas y cuchillos practicadas en las últimas semanas para esclarecer de manera exhaustiva el alcance de la inacción del Delegado del Gobierno.
El Caso Maricarmen: El burdo uso político de la ultraizquierda
La acampada ilegal de la Puerta del Sol no representa una movilización civil espontánea en defensa del derecho a la vivienda, sino la culminación de una campaña de instrumentalización macabra orquestada por los colectivos de la ultraizquierda. Meses antes de su fallecimiento, los grupos radicales de la órbita zurda utilizaron de forma sistemática el caso de la anciana María del Carmen Abascal como un ariete político contra las instituciones madrileñas y el libre mercado.
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El activismo radical pretendió camuflar bajo el paraguas de un supuesto drama de desahucio social lo que los tribunales de justicia aclararon de forma contundente: un procedimiento de desalojo legal y plenamente justificado, avalado de forma unánime y en última instancia por el propio Tribunal Supremo tras constatar que la afectada acumulaba un largo historial de impagos del coste de su alquiler.
Pese a la claridad del pronunciamiento del Alto Tribunal, los colectivos de okupas e inquiokupas utilizaron la figura de la anciana para justificar la patada en la puerta y el asalto a propiedades privadas en el centro de Madrid. Tras el fallecimiento de la mujer, la maquinaria de agitación ultraizquierdista, canalizada a través del denominado Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, no dudó en utilizar su muerte para exacerbar la confrontación civil. La plataforma radical emitió un breve comunicado a través de la red social X anunciando la muerte de la anciana, utilizándola de forma inmediata como el detonante político para levantar la acampada indefinida de la Puerta del Sol, convirtiendo el luto de una familia en un burdo pretexto de ingeniería social.
Esta instrumentalización de la memoria de la fallecida responde a una calculada agenda de desestabilización que busca blindar la impunidad de las mafias de la okupación en toda España. La conversión de la Puerta del Sol en un campamento base de colectivos radicales y facciones abertzales demuestra cómo la ultraizquierda de Sumar y del PSOE recurre de forma sistemática al chantaje emocional y a la falsificación de los hechos judiciales para amparar el asalto a los espacios públicos y la propiedad privada, un pucherazo callejero que Vox pretende fulminar definitivamente en los tribunales madrileños.