Orgaz (Toledo), miércoles 28 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- Vox se ha querellado contra la directiva del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tras el trágico accidente acontecido este miércoles a las 8:54 horas en el término municipal de Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas y ha dejado decenas de heridos tras colisionar por alcance un tren AVE contra otro de la compañía Iryo. La representación jurídica del partido, ejercida a través de la letrada Marta Castro Fuertes, ha acudido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Orgaz para exigir responsabilidades penales contra los técnicos del Puesto de Mando de Atocha y sus superiores por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes en concurso, solicitando el aseguramiento de urgencia de las fuentes de prueba para evitar que la entidad pública altere el escenario de la tragedia.
El grave siniestro se produjo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía cuando el tren AVE 2080 de Renfe, en el que viajaban 397 pasajeros, impactó a gran velocidad contra la parte trasera del convoy Iryo 6079 —ocupado por 146 viajeros y un bebé— que permanecía detenido en la vía. Como consecuencia de la embestida, dos vagones del tren Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén. Los balances de los servicios de emergencia y de las autoridades de la Administración confirman un saldo provisional de 68 fallecidos y multitud de heridos que han sido trasladados a diversos centros hospitalarios de Toledo y de la Comunidad de Madrid, habilitándose además el pabellón polideportivo de Urda para la primera asistencia de los damnificados.
Infracción de la normativa de seguridad y negligencia en Atocha
Según los datos técnicos incorporados a la querella formulada por la acusación popular, los hechos se desencadenaron a las 8:32 horas tras registrarse una avería en el sistema de seguridad y señalización LZB que obligó a detener seis trenes a lo largo de un tramo de 90 kilómetros. Únicamente ocho minutos después del fallo generalizado, un operador del centro de control de ADIF en Atocha autorizó la reanudación de la marcha de los convoyes sin respetar los protocolos de seguridad. La acción penal subraya que «tras un fallo de ese tipo, la única autorización posible era la de circular con «velocidad de marcha a la vista», limitada a 40 kilómetros por hora, y que la decisión adoptada vulneró la normativa ferroviaria».
Al permitirse la circulación ordinaria sin la protección activa que garantiza la distancia entre trenes, el AVE de Renfe alcanzó una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora antes de embestir al Iryo estacionado. En la calificación jurídica se recalca la gravedad de la omisión cometida por los responsables del tráfico ferroviario, recordando que la actuación infringió el deber de cuidado más básico, que exige «no autorizar la marcha normal de un tren de alta velocidad hacia un tramo en el que existe otro tren detenido sin la protección del sistema que garantiza la separación entre ambos».
Atribución de responsabilidades penales en la cadena de mando
La querella articulada por Vox se dirige de forma concreta contra personas físicas estructuradas en tres niveles de responsabilidad dentro de ADIF: los operadores del Puesto de Mando de Circulación de Atocha que permitieron la marcha, los jefes de turno que supervisaban la operación en ese tramo y los directivos con competencias en la implantación y formación del procedimiento de operación degradada. El escrito invoca la posición de garante contemplada en el Reglamento de Circulación Ferroviaria y en la Ley del sector ferroviario, recordando que «la conducta atribuible a los operadores del Puesto de Mando es, según las informaciones disponibles, activa, porque consistió en autorizar la reanudación de la circulación», mientras que para la cúpula técnica se aplica la comisión por omisión al no supervisar la aplicación estricta de las normas de seguridad.
Exigencia de medidas cautelares ante la posible retirada de vestigios
Para prevenir la manipulación o pérdida de pruebas clave durante los trabajos de restauración del servicio en la vía, Vox ha solicitado al Juzgado de Orgaz la adopción inmediata de medidas de aseguramiento sin audiencia previa de los custodiantes. La formación patriota argumenta el riesgo real de alteración de evidencias apoyándose en lo acontecido tras el accidente de Adamuz (Córdoba) de enero de 2026, donde se constató la retirada de tramos de vía sin el conocimiento judicial previo.
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En el paquete de medidas cautelares de preservación digital y física, se exige la incautación y custodia policial de las cajas negras y registradores jurídicos de ambos trenes, el precinto de las cintas de audio y registros de voz GSM-R entre el Puesto de Mando y los maquinistas, así como el requerimiento formal a ADIF de los libros de incidencias, cuadrantes de trabajo e historiales de mantenimiento del sistema LZB. Asimismo, se demanda la prohibición expresa de cortar, desguazar o limpiar piezas de la vía, bogies (bujía) o componentes de frenado hasta que los peritos judiciales hayan certificado su estudio integral.