Barcelona, lunes 12 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo). El Tribunal Supremo ha asestado un golpe letal a la estrategia de ingeniería electoral del Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y de la ultraizquierda. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ratificado de forma contundente la suspensión cautelar de los efectos electorales de la mal llamada «Ley de Nietos», desestimando de plano el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado. Con este fallo judicial definitivo de cara a las urnas, la justicia frena en seco el intento del binomio liberticida del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Movimiento Sumar de adulterar masivamente el censo electoral con vistas a los decisivos comicios a las Cortes Generales del próximo domingo 29 de noviembre de 2026 (29N), convocados con urgencia tras el desesperado adelanto decretado por el autócrata de la Moncloa.
«El 29 de noviembre todos a votar y a votar en las urnas solo los españoles, sin fraude y sin alteraciones del censo», ha manifestado visiblemente satisfecho el eurodiputado patriota de Patriots for Europe y jefe de los Servicios Jurídicos de Vox, Jorge Buxadé Villalba, al conocer que los magistrados han priorizado la limpieza de los comicios frente a las trampas del Ejecutivo. Fuentes nacionales de la formación de calle Bambú 12 han transmitido a Lasvocesdelpueblo su enorme euforia por esta «gigante victoria judicial frente al Gobierno de Pedro Sánchez».
Con este varapalo judicial, los tribunales amparan la tesis patriota y frenan un proceso que pretendía incorporar de forma exprés a miles de supuestos descendientes de exiliados comunistas que ni siquiera conocen la realidad diaria de nuestra nación, cortocircuitando así un plan urdido en pleno año electoral para inflar artificialmente el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA).
Declaraciones de última hora de Santiago Abascal desde Ceuta
Desde la cubierta de un barco en aguas de Ceuta, en un día de la Hispanidad cargado de simbolismo y con la mirada puesta en un territorio nacional constantemente asediado, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal Conde, ha concedido unas declaraciones urgentes al rotativo digital OK Diario. Visiblemente sereno ante este triunfo histórico, Abascal ha sentenciado: «Nos sentimos muy tranquilos por el hecho de que sea más difícil robar las elecciones, por el hecho de que los tribunales españoles le digan al Gobierno que no se puede fabricar votantes de manera ilegítima y de manera ilegal, que es en lo que estaba Sánchez». El líder patriota subrayó que la formación ha pillado al presidente socialista «con las manos en la masa», ofreciendo un blindaje de garantías democráticas indispensables para el conjunto de la sociedad española frente al asalto gubernamental.
En su contundente alocución contra la manipulación informativa de la Moncloa, Abascal desmontó la propaganda izquierdista que acusa a la oposición de querer privar de derechos a los compatriotas: «Sánchez anda por ahí gritando y mintiendo, diciendo que no queremos que los españoles voten. No. Lo que no queremos es que Sánchez regale la nacionalidad española a gente que no sabemos si se siente española, si está conectada a España o si tiene los intereses del conjunto de los españoles». El dirigente advirtió con severidad sobre el peligro real de las redes clientelares que pretendían utilizar el voto exterior: «Sánchez quiere regalar la nacionalidad únicamente para que millones desde Hispanoamérica puedan votar con la ayuda de funcionarios cubanos, venezolanos o de cualquier otra mafia de las que son aliadas de Sánchez en esos países. Gracias a Dios lo hemos parado».
¿Qué es la «Ley de Nietos»? El mecanismo de nacionalización masiva bajo la lupa jurídica
El nombre técnico e institucional de este resquicio legal es la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Concebida originalmente por el bloque de la izquierda como una supuesta medida de «reparación integral» orientada a otorgar la nacionalidad de origen a los nacidos en el exterior de padres o abuelos españoles exiliados por motivos ideológicos, la normativa abrió una gigantesca compuerta administrativa. El verdadero peligro democrático denunciado por Vox nació de las instrucciones de desarrollo posteriores redactadas por el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica. A través de circulares internas, el Ejecutivo diluyó de forma extrema los requisitos de acreditación del exilio efectivo, permitiendo que meras presunciones y declaraciones juradas sirvieran para nacionalizar a cientos de miles de solicitantes en consulados de América Latina.
Esta manga ancha administrativa provocó una avalancha migratoria en los registros consulares. Según los datos oficiales del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta mediados de 2026 se llegaron a acumular más de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales más de 570.000 ya habían recibido el visto bueno ministerial y por encima de 330.000 se hallaban inscritas definitivamente como nuevos ciudadanos españoles. La maniobra del Gobierno socialcomunista pasaba por volcar de forma masiva este contingente sobre el censo CERA, sin dar tiempo material a una fiscalización pormenorizada de la veracidad y legalidad de los expedientes presentados.
La resolución del Tribunal Supremo de este 12 de octubre es letal para el Gobierno porque congela provisionalmente los efectos censales de estas altas masivas. El Alto Tribunal ha dictaminado con rotundidad que debe «prevalecer la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral sobre el interés particular del ciudadano», aplicando las medidas cautelares solicitadas tras el adelanto electoral del pasado viernes 2 de noviembre de 2026 y confirmando que el crecimiento de inscripciones en el exterior genera un riesgo fundado de adulterar la voluntad popular mayoritaria el 29N.
Cronología de la batalla judicial de Vox contra el pucherazo del Sanchismo
La ofensiva de Vox para proteger la democracia de las argucias monclovitas se inició de forma contundente a las puertas del verano. El equipo jurídico de la formación patriota, liderado por Jorge Buxadé, interpuso en primer término denuncias e impugnaciones ante la Junta Electoral Central (JEC) y, de manera paralela, un recurso de urgencia ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El partido alertó desde un inicio de que la masiva inscripción de ciudadanos residentes en el extranjero a través de una instrucción ministerial ilegal constituía un dopaje encubierto del censo CERA a escasos meses de la cita electoral.
Garriga sacude la Hispanidad: O reaccionamos el 29N o el sanchismo destruirá la Nación
El primer gran hito de esta resistencia jurídica se fraguó el pasado 8 de septiembre de 2026, cuando el Tribunal Supremo atendió las medidas cautelarísimas solicitadas por Vox e dictó un auto histórico ordenando paralizar la incorporación electoral de los beneficiados por la instrucción laxa de la ley. Aquella resolución encendió todas las alarmas en el palacio de la Moncloa, desatando una agresiva campaña de presiones gubernamentales donde Pedro Sánchez llegó a acusar públicamente al Alto Tribunal de «socavar la democracia» y la propia Fiscalía y la Abogacía del Estado salieron en tromba a exigir la revocación del auto.
El desenlace definitivo de este pulso democrático ha tenido lugar hoy, 12 de octubre de 2026, coincidiendo simbólicamente con la festividad de la Hispanidad. Con su último pronunciamiento, la Sala del Supremo tumba de manera firme las alegaciones de la Abogacía del Estado. Con este portazo judicial al sanchismo, la justicia deja blindada la inamovilidad del censo electoral a partir del cierre de alegaciones, impidiendo que el PSOE y la extrema izquierda utilicen a 163.020 votantes externos sin arraigo real verificado como una balsa de salvamento frente a su inminente descalabro en las encuestas. La caída del régimen sanchista se palpa ya en la calle y en las urnas del 29N, un vuelco histórico que los propios sondeos de cabeceras de la izquierda como El País o la Cadena SER son ya incapaces de ocultar.