Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido hoy no admitir a trámite el incidente de recusación promovido por el presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, contra los jueces que acordaron investigarle por desobedecer las sentencias judiciales y convocar el referéndum separatista del uno de octubre de 2017 en Cataluña (1-O), al entender que solo buscaba «dilatar injustificadamente» la tramitación de la querella. Barcelona (España), martes 19 de septiembre de 2017. Fotografía: El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras (i), durante la reunión semanal del Gobierno catalán, el mismo día en que expira el plazo dado por el Gobierno a la Generalidad para que justifique los gastos no esenciales de su gobierno al Ministerio de Hacienda del Gobierno central del presidente Mariano Rajoy. Efe.
En un auto dado a conocer este mediodía, el TSJC asegura que esa recusación era un «burdo intento de burlar el derecho al tribunal natural predeterminado por la ley para acometer la investigación» y de evitar así «que pueda darse la respuesta urgente que demanda en su querella el Ministerio Fiscal».
La representación legal del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y del conseller de Presidencia, Jordi Turull, presentaron el 15 de septiembre un escrito ante el TJSC en el cual solicitaban la recusación de los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que acordaron investigarle por el referéndum del 1-O y también de la juez encargada de instruir el caso.
En ese escrito argumentaban que los cuatro magistrados, entre ellos el presidente del alto tribunal catalán Jesús María Barrientos, no eran imparciales y que la querella de la Fiscalía contra el Govern obedecía a un «conflicto de naturaleza política».
En el auto difundido hoy, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC censura esa «tosca instrumentalización» por parte de los querellados y añade que «por su absoluta falta de fundamento integra un verdadero supuesto abuso de derecho y de fraude procesal tributario de la inadmisión a trámite».
El TSJC argumenta que la inclusión en la petición de recusación de la magistrada instructora de la causa contra los miembros del Gobierno catalán -Mercedes Armas- «es claramente indiciario de que, además de intentar impedir la formación del órgano judicial predeterminado apelando a razones institucionales ajenas por completo al sentido de la causa (…), el directo propósito de los querellados no es otro que dilatar injustificadamente la tramitación de la querella y el de procurar impedir el efecto ejecutivo inmediato del auto de admisión».
En esta línea, el tribunal añade que Puigdemont y Turull buscan la «remoción» de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC «en su integridad», de forma «que no pueda ejercer las competencias que la ley le atribuye a ella en exclusiva ni siquiera mediante la sustitución de todos sus integrantes por los magistrados de otras salas del Tribunal Superior de Justicia».
El incidente de recusación se dirigía, además de Barrientos, contra los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos, que formaban parte de la sala de admisión que el acordó admitir a trámite la querella de la Fiscalía por el referéndum, así como contra Mercedes Armas, la juez que instruirá la causa contra los miembros del Gobierno catalán.
En su escrito, Puigdemont y Turull mantenían que los tribunales españoles, en concreto el del TSJC, «no son imparciales para juzgar causas que tienen origen en un conflicto de naturaleza política», dado que en su opinión la independencia de los mismos ha sido cuestionada de forma expresa por «varios informes de organismos europeos».
El pasado 12 de septiembre el TJSC admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y el resto de miembros de su Gobierno catalán por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, al aprobar dos decretos para organizar un referéndum separatista, ambos suspendidos por el Tribunal Constitucional.
