Lasvocesdelpueblo y Agencias – VOX (Acusación Popular) y el Ministerio Público español reclaman que los sediciosos sigan en prisión. Los ocho presos rebeldes exconsejeros del gobierno golpista de Cataluña del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y los líderes sediciosos de ANC y Òmnium, los llamados ‘Jordis’ (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) han acatado hoy ante el juez del Supremo la Constitución y la legalidad vigente, así como la aplicación del artículo 155, con el que sin embargo no se han mostrado de acuerdo, y se han comprometido a actuar por el cauce legal a partir de ahora. Madrid (España), viernes 1 de diciembre de 2017. Fotografía: PLAZA DE VINO (GERONA) ESPAÑA, 25.11.2017. Un denuncia a Lasvocesdelpueblo que no se trata de ‘presos políticos’ sino de ‘presos’ separatistas golpistas por la ‘traición’ de España. Lasvocesdelpueblo.
Fuentes jurídicas presentes en las comparecencias de los diez investigados por el proceso separatista catalán que permanecen en prisión han explicado que todos ellos han rechazado el uso de la violencia y dos, Raúl Romeva y Carles Mundó, han defendido la vía escocesa para Cataluña.
En sus declaraciones para pedir su puesta en libertad, los exconsejeros y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han acatado la Constitución y han destacado que es una norma flexible que se puede modificar para conseguir que se reconozca el derecho a decidir.
Lo han hecho en respuesta a la pregunta de si piensan seguir por la vía unilateral para conseguir la independencia, a lo que no han respondido expresamente que no, sino que han dicho que aceptaban la legalidad.
Los exconsejeros también han asumido la aplicación del 155 alegando, como prueba de ello, que han aceptado su cese, pero no se han mostrado de acuerdo con él.
VOX, Acusación Popular: Todos los acusados golpistas deben seguir en prisión
La única que ha reconocido errores en el referéndum del 1 de octubre ha sido Dolors Bassa y también ella, a preguntas de la acusación popular ejercida por VOX, ha admitido la inconstitucionalidad de la secesión de una parte del territorio en las circunstancias que se hizo.
El exconsejero de Interior Joaquim Forn ha insistido por su parte en que han revisado su estrategia política porque han entendido que había que hacer autocrítica, y Josep Rull ha querido dejar claro que no hay posibilidad de destrucción de pruebas.
Durante su interrogatorio, se les ha hecho a todos ellos una serie de preguntas en el sentido de si aceptaban la aplicación del artículo 155, si estaban en contra de la violencia, si son candidatos a las elecciones, si tienen bienes en el extranjero (la mayoría ha dicho que no) o si renuncian a lograr la independencia fuera de las vías de la Constitución.
Al exconsejero de Presidencia Jordi Turull se le ha recordado que prometió su cargo ante la Constitución y ha dicho que lo hizo porque era la fórmula legal para ello, pero que ahora se compromete a volver a la vía constitucional.
Las defensas de los exconsejero y de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han pedido su libertad, según ha explicado a los periodistas el abogado de tres de ellos, Jordi Pina, y tienen preparado dinero en el caso de que el próximo lunes el juez Pablo Llarena decida imponerles fianza.
Todos ellos se han comprometido en el marco constitucional, aunque «cada uno a su manera» y «con diferentes matices o diferentes acepciones», ha dicho el abogado.
El letrado de VOX, Javier Ortega, también ha hecho declaraciones al finalizar las comparecencias y ha manifestado su satisfacción «por coincidir con la Fiscalía en la petición y argumentación» para que todos los investigados sigan en prisión.
Esto es, según ha explicado, el riesgo de fuga ante la posibilidad de que algunos opten por unirse al expresidente Carles Puigdemont y al resto de exconsejeros huidos de la Justicia en Bélgica, que han defendido tanto ellos como la Fiscalía.
Y el riesgo de alteración, manipulación y destrucción de pruebas «al haber quedado acreditado que a través de organizaciones civiles, de despachos particulares, y en sus propios domicilios había importante carga probatoria».
Para el abogado, lo más importante es que «la reiteración del delito no ha sido negada por ninguno de los investigados», ya que los investigados han dicho que no renuncian a declarar la independencia de Cataluña y que lo harán «por vías democráticas», cuando en estos momentos «desde la Constitución no es posible».
