Redacción.- Sevilla (España), miércoles 3 de noviembre de 2021. Un total de 12 organizaciones progresistas 8progres) -de izquierdas- han manifestado este miércoles, a través de un comunicado, su «profundo desacuerdo» con la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, el pasado 26 de octubre de 2021, que ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad contra la Prisión Permanente Revisable, por lo que han remitido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados una petición para que «inicien su inmediata derogación».
Las organizaciones sostienen que «el fallo del Alto Tribunal confirma un claro y terrible retroceso en el respeto de los derechos fundamentales», ya que, tal y como recuerdan, «la prisión perpetua se encontraba derogada desde el año 1928».
Desde entonces, tanto durante los regímenes constitucionales como dictatoriales, «la privación de libertad a perpetuidad no estaba contemplada en el ordenamiento jurídico».
En este sentido, desde las organizaciones coinciden con el enjuiciamiento realizado por los magistrados progres del Tribunal Constitucional Xiol Ríos y Conde-Pumpido y la magistrada Balaguer Callejón en su voto particular a la sentencia en el que indican que «aunque la Constitución Española de 1978 no prohíba expresamente la prisión a perpetuidad, no implica que la medida sea constitucional».
Curiosamente, se trata de los mismos magistrados progres que apoyaron las teorías del Gobierno de coalición socialcomunista del presidente Pedro Sánchez en los recursos de VOX contra el primer y segundo estado de alarma, que finalmente, dando razón a VOX, el Tribunal Constitucional tumbó los dos decretos de la alarma por inconstitucional.
A su juicio de las asociaciones progres, la declaración de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional de la Prisión Permanente Revisable no respeta el «principio de no regresión», consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos.
Tal principio impide que, como recoge el voto particular de los magistrados progres, «se perjudiquen contenidos de los derechos y libertades fundamentales ya consolidados o que pudieran consolidarse» dentro de un país.
Las organizaciones progres también recuerdan que «ni existían ni existen razones que pudieran justificar de forma extraordinaria la incorporación de la prisión perpetua a nuestro ordenamiento jurídico» ya que, de acuerdo con los últimos datos de Eurostat, «nos situamos entre los países con una de las menores tasas de homicidios de toda la Unión Europea, junto a Estados como Suiza, Noruega, Italia o Luxemburgo».
Por otra parte, en su comunicado también han recordado que la prisión perpetua se aprobó «a pesar de la oposición de seis de los siete grupos parlamentarios existentes en el Congreso en el momento de su aprobación».
Además, como advierte el voto particular de la sentencia, contó con la negativa del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) por considerarla «inconstitucional» ya que, afirma, cualquier pena debe ir orientada a la reeducación y reinserción social.
Igualmente, los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria (SOAJP), dependientes de los Colegios de Abogados, también mostraron su desacuerdo ante una pena que «no nos protege más, no nos hace más libres y sí nos convierte en menos civilizados».
Entidades progres firmantes
1.- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
2.- Asociación Libre de Abogadas y Abogados Zaragoza (ALAZ)
3.- Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA)
4.- Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (CAMPA)
5.- EsCulCa (Observatorio para Defensa dos Direitos e Liberdades)
6.- Ilustre Colexio de Avogados de Ourense
7.- Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos
8.- IACTA Cooperativa d’Advocades
9. -Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH)
10.- Salhaketa Araba
11.- Salhaketa Nafarroa
12.- Oteando
