Redacción.- Barcelona (España), jueves 16 de febrero de 2023. Yo soy una de las muchas víctimas del adoctrinamiento en las aulas catalanas, aunque, en mi caso, no les funcionó. Recuerdo algunas de las infamias que encontrábamos en los libros de texto: el país de Cataluña, la Corona catalano-aragonesa, un personaje histórico elevado a mártir llamado Rafael Casanova, que cuentan que murió a manos de las tropas borbónicas españolistas que nos invadieron en la Guerra de Sucesión, y todo en un impositivo catalán por aquello de «preservar la cultura».
Hoy, al adoctrinamiento escolar y a la terrible imposición lingüística disfrazada de falsa inmersión (recordemos el brutal ensañamiento que las instituciones catalanas ejercieron sobre un niño, alumno de la escuela Turó del drac de Canet de Mar, cuando a sus padres se les ocurrió exigir el miserable 25% de español en las clases) debemos añadirle la feroz doctrina de género. Ésta se transmite, no sólo en el ámbito escolar, sino que se extiende a todo espacio social desde campamentos de verano a cualquier festividad de barrio.
Hablemos de Coeduca’t, el programa de sexualización que la Generalidad de Cataluña imparte en más de 1000 centros educativos. En él se promueve la masturbación entre niños de 3 años, el consumo de pornografía en los de 8, el sexo oral a los 12 y los juegos para «desvincular la asignación de género de los genitales» en infantil. Este proyecto, de perversión de menores, es inculcado por activistas ajenos a los centros escolares, a los docentes y absolutamente desconocidos para los alumnos y familias. Hace 4 días conocíamos la noticia de la retirada del taller de masturbación a denuncia de VOX y elevado al TSJC por Abogados Cristianos.
El pasado 22 de julio, en la localidad costera de Vilassar de Mar, el ayuntamiento, gobernado por ERC, organizó una gincana nocturna para niños a partir de 12 años. La actividad consistía en poner un preservativo con la boca en un palo o plátano, reproducir posturas del kama sutra con un compañero hasta explotar un globo colocado entre ambos y modelar con plastilina penes y vulvas, todo a espaldas de los padres que demandaron al consistorio ante Fiscalía de Menores y que obligaron a Montse Gual, concejal de Juventud e impulsora de la «gincana porno», a tener que dimitir pocos días después. También, en Sabadell, un grupo de padres denunció que en un instituto público se estaba difundiendo propaganda sexual a niños de 11 años bajo el epígrafe «fiebre del viernes noche». En los carteles se representaba un bloque de viviendas en el que se podían visualizar diferentes prácticas sexuales como el sexo oral, con o sin preservativo, o la marcha atrás.
Mi ciudad no se queda atrás. El primer fin de semana del pasado octubre el Ayuntamiento de Tarrasa organizó el Drag Kids, que describieron como un «taller intergeneracional de travestismo dirigido a familias con niños de entre 6 y 12 años». En la actividad, varios Drag Queens reflexionaron con padres e hijos, debidamente maquillados y disfrazados, sobre «qué cuerpos podían construir por ellos mismos más allá de lo que la sociedad les impuso al nacer». Más tarde supimos que la generalidad catalana subvencionó este show con 240.000 euros.
Y hay más. Hace una semana, en una escuela pública de primaria, también de Tarrasa, se canceló la clase de Religión para niños de 10 años y a cambio, una técnico experta en no sé qué, dio una lección de LGTBI en la cual los alumnos visualizaron un anuncio de whisky, repito, niños de 10 años, en el que aparecía un hombre de avanzada edad maquillándose mientras observaba tristemente su retrato nupcial y que concluía con la aparición del nieto Álvaro, aparentemente menor de edad, que, con unos buenos brochazos de colores del orgulloso abuelo, apareció convertido en Ana ante el resto de la emocionada familia. El mensaje es muy claro: hacer apología a la pederastia, criminalizar las relaciones entre hombres y mujeres, negar el sexo biológico e imponer el género que no es más que un constructo social puramente ideológico. Como en los casos anteriores, no se precisó de la autorización de los padres para que la escuela ejerciera su violencia institucional de agresión a la infancia.
Ahora podemos entender mucho mejor las declaraciones de Isabel Celáa, ex Ministra de Educación, cuando afirmó que «los hijos no pertenecen a los padres» o las de Irene Montero cuando rebuznó aquello de que «los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quienes les dé la ganagana» legitimando la perversión de menores desde las instituciones. No olvidemos que la educación afectivosexual es un derecho y deber de los padres y en ningún caso de ministros, ministras o ministres.
Alicia Tomás Martínez
