Efe.- Madrid (España), lunes 31 de enero de 2022. Amnistía Internacional ha denunciado la deficiente actuación de la Fiscalía para esclarecer los más de 35.000 fallecimientos de mayores en residencias durante los primeros meses de pandemia, que ha concluido con el archivo del 89 % de las diligencias y muchas de ellas sin recabar el testimonio de los familiares.
Cuando se cumplen dos años de la detección del primer caso de coronavirus en España, Amnistía junto a familiares de víctimas han exigido a los grupos parlamentarios la creación de una comisión de verdad en el Congreso que analice lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, ofrezca respuesta a las familias y adopte recomendaciones para que no vuelva a pasar.
Amnistía y los familiares han conmemorado ese aniversario en un acto simbólico frente al pebetero que se construyó como homenaje a las personas fallecidas durante la pandemia en el Palacio de Cibeles, en Madrid.
Su director, Esteban Beltrán, ha lamentado que el «escaso impulso de las investigaciones ha extendido la impunidad y obstaculizado el acceso a la verdad de las familias».
La ONG denuncia que 451 de las 517 investigaciones fueron archivadas por la fiscalía «sin un mínimo esfuerzo por esclarecer lo ocurrido» y solo 40 acabaron en denuncias que tampoco han prosperado.
Las víctimas confiesan sentirse abandonadas y reivindican su derecho a conocer la verdad.
«Tengo derecho a saber qué estaba pasando. A mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo así, que se podría haber evitado, queremos que no pase nunca más», ha señalado Ana María, cuya madre falleció en la residencia Federica Montseny de Barcelona sin haber sido trasladada al hospital. Ha presentado una denuncia particular ante el juzgado, que año y medio después sigue en trámite.
También en Barcelona, en la residencia Bertran y Oriola, falleció la madre de Enriqueta López, a quien la Fiscalía le ha archivado las tres querellas que ha presentado: “Y ya estoy preparando la cuarta. Dicen que no hay indicios, pero no nos han pedido que les facilitemos documentos, fotos o testimonios», ha explicado en declaraciones a Efe.
Tras analizar en una investigación las denuncias que afectan a más de un centenar de residencias en Madrid y Cataluña, Amnistía expresa su preocupación «por la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia».
«Las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos», expone la ONG en un extenso informe.
«No se está garantizando la verdad para las víctimas, se está extendiendo la impunidad y, como consecuencia, no se asegurará una adecuada reparación del daño causado, ni garantías de no repetición en el futuro», añade.
Esa falta de verdad la sufre Ángela Arreba, cuya madre falleció en una residencia del distrito madrileño de Arganzuela. Ha relatado que el centro trató de ocultarles «una verdad que necesitamos saber» y que la justicia tampoco está solucionando esa opacidad.
“Quieren que pasemos página y que nos olvidemos de esta tragedia. He presentado una querella a través de una asociación de familias damnificadas, pero ningún juez quiere hacerse cargo”, ha aseverado.
La organización considera que la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las muertes en los centros.
Ante el archivo de esas investigaciones, son los familiares quienes están presentando denuncias o querellas en los tribunales, que están avanzando de manera desigual y muy lentamente.
El director de Amnistía ha lamentado que también se hayan cerrado las comisiones de investigación en algunos parlamentos autonómicos, como los de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La-Mancha y Navarra.
La única comisión de investigación que estaba actualmente en marcha, en Castilla y León, también ha sido cerrada recientemente al disolverse las cortes por las elecciones. En Cataluña se ha rechazado la creación de una comisión y se ha propuesto un grupo de expertos en su lugar. En Madrid, la convocatoria de elecciones también supuso el cierre de la Comisión y en la nueva legislatura no se aprobó su creación, recoge la investigación.
