Autonomías del PP y Cs también exigen a Sánchez más dinero para sus regiones

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FOTOGRAFÍA. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL REINO DE ESPAÑA, 27.06.2019. Los líderes del PP y Ciudadanos Pablo Casado y Albert Rivera, durante el homenaje celebrado hoy en el Congreso de los Diputados a las víctimas del terrorismo, en un acto que se celebra desde 2010. Efe.

Efe – La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cifra en 1.300 millones la cuantía pendiente y critica que el Gobierno se escude en un «informe inexistente» de la Abogacía del Estado para no transferir estos fondos. Los presidentes autonómicos de Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León, así como los distintos líderes regionales del PP, se han sumado este miércoles para exigir al Gobierno en funciones la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre financiación autonómica. Madrid (España), miércoles 28 de agosto de 2019.

El objetivo es que en este foro, integrado por el Ministerio de Hacienda y los consejeros de las distintas comunidades en este ámbito, se aborden los fondos pendientes de transferir a las autonomías, un total de casi 7.000 millones de euros, entre las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA de 2017.

Unas cuantías que están sin abonar por encontrarse el Gobierno en funciones, ya que el Ministerio de Hacienda ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado sobre esta cuestión que determina que el Ejecutivo tiene muy limitada su capacidad de actuación y no puede actualizar las entregas a cuenta.

El vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, ha advertido esta mañana de que este «informe fantasma» no puede esgrimirse por Hacienda para estar «amenazando y chantajeando» a las comunidades, sobre todo a las del PP, y ha pedido la convocatoria «urgente» de un Consejo de Política Fiscal.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho esta misma reclamación en su cuenta de Twitter, en la que dice que el Ejecutivo «se ha quedado sin excusas para pagar a Andalucía los 1.350 millones que nos adeuda de 2019».

El resto de presidentes autonómicos del PP se han unido a esta petición, al igual que los líderes regionales del partido, a través de mensajes en sus cuentas de Twitter.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cifra en 1.300 millones la cuantía pendiente y critica que el Gobierno se escude en un «informe inexistente» de la Abogacía del Estado para no transferir estos fondos.

Para el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, «un Gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones» y lo más importante es que los servicios se presten «con normalidad» por lo que es necesario un Consejo Fiscal «inmediato» sobre esta cuestión.

Desde Murcia, el presidente Fernando López Miras advierte de que el Gobierno «no puede quedarse de brazos cruzados» ante la situación «extrema» a la que está llevando a las comunidades.

Y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha considerado «urgente» que el jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, establezca las fórmulas más adecuadas de financiación para «garantizar el desarrollo de las competencias autonómicas y, por lo tanto, el bienestar de la personas».

Se han sumado a esta petición, así como a las críticas a la ministra María Jesús Montero, los líderes del PP en Canarias, Australia Navarro; Baleares, Biel Company; Castilla-La Mancha, Francisco Núñez; o Comunitat Valenciana, Isabel Bonig; Asturias, Mercedes Fernández; y Aragón, Luis María Beamonte, entre otros.

Así como el Extremadura, José Manuel Monago, que asegura que el Estado adeuda a la comunidad 200 millones correspondientes a 2019; y la de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que habla de 130 millones.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya ha asegurado este miércoles que el Gobierno «busca fórmulas» para pagar las entregas a cuenta a las comunidades y «sortear» el informe de la Abogacía del Estado, según el cual un Gobierno en funciones no puede transferir dinero a las autonomías.

Ha reconocido que el informe escrito fue solicitado la semana pasada y llegó ayer al Ministerio de Hacienda, pero ha subrayado que la Abogacía mantiene desde 2016 el criterio de que «un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen la actuación de un nuevo Ejecutivo».

La estrategia del PP se completa con varias preguntas presentadas en el Congreso por la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y el portavoz adjunto para asuntos económicos, Mario Garcés, en las que se reclama un Consejo de Política Fiscal por los «incumplimientos con las comunidades».