Efe – La empresa a la que la exasesora de Podemos Dina Bousselham remitió la tarjeta de su móvil para recuperar su contenido después de que Pablo Iglesias se la entregara, ha informado al juez del caso Villarejo que llegó inaccesible a su sede en Gales en septiembre de 2017.
No obstante, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, la tarjeta habría llegado intacta físicamente y la empresa se responsabiliza de parte de los daños que presenta.
Así consta en la documentación que el magistrado reclamó a Reino Unido vía comisión rogatoria, relativa a los datos que sobre esa tarjeta pudiera conservar la empresa Recuperación Express, con sede en Gales, a la que Bousselham declaró que su pareja, Ricardo Sá Ferreira, acudió tras no poder acceder al contenido.
A través de esta comisión rogatoria, el juez, según reflejó en un auto, pedía información a la empresa para conocer el estado de la tarjeta cuando le fue remitida, y «en el momento de la devolución a su remitente», así como los procedimientos que, con carácter general, se siguen cuando se recibe una tarjeta y qué afectación puede tener sobre la tarjeta.
El resultado de esta diligencia es clave, decía el juez, para «el esclarecimiento de la posible existencia» de un delito de daños sobre dispositivos informáticos y otro de apoderamiento de datos reservados de carácter personal, de los que podría ser responsable Iglesias.
Si el juez finalmente considera que el vicepresidente ha incurrido en algún tipo de delito deberá solicitar su imputación mediante una exposición razonada al Tribunal Supremo, al tratarse de un aforado.
Al abrirse esta causa, Iglesias declaró que cuando recibió la tarjeta del presidente del Grupo Zeta, esta funcionaba, mientras que Dina señaló, por su parte, que ella no pudo acceder al contenido de la tarjeta, que según se ha comprobado en la instrucción, se encuentra parcialmente quemada.
Estas contradicciones llevaron al juez a retirar a Iglesias la condición de perjudicado en esta pieza del caso Villarejo, a la vez que rechazó «por precipitada» la propuesta de la Fiscalía de citar a Bousselham para que especificara contra quién iba a ejercer la acción penal o a quiénes, en su caso, otorgaba el perdón por estos hechos.
Ante esta decisión, la exasesora, que ahora dirige un periódico digital próximo al partido, optó por remitir una carta al juez exculpando a Iglesias de los daños en la tarjeta y aseguraba que cuando él se la entregó funcionaba, y que luego dejó de hacerlo.
Iglesias está pendientes del recurso de apelación que interpuso ante la Sala contra su expulsión de la causa, alegando que, a la luz de las diligencias practicadas, «no se ha podido probar aún que el robo del móvil (…) fuese un hecho casual o una actuación deliberada, encaminada a obtener información sensible, privada e íntima» para perjudicarle políticamente.
