Ciudadano C ‘s presenta su Programa Económico con 0 % de IRPF, un Seguro de Desempleo y la anulación de contratos temporales

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Ciudadano C 's presenta su Programa Económico con 0 por ciento de IRPF, un Seguro de Desempleo y la anulación de contratos temporales - copia

El Partido liderado por Albert Rivera ha presentado este martes, 17 de febrero 2015, en Madrid -en el Círculo de Bellas Artes- su programa económico con 0 % de IRPF para aquellos trabajadores que tienen un sueldo inferior a 12.000 euros anuales, un seguro de desempleo y la anulación de contratos temporales. Albert Rivera, acompañado del catedrático de Economía en la London School of Economics Luis Garcian, y del exdirector General del Tesoro y exsecretario de Estado de Economía, Manuel Conthe, ha defendido el programa económico de Ciutadans C’s titulado “El Cambio Sensato, Propuestas de Ciudadanos C’s Para Devolver a España su Futuro”, que les reproducimos íntegramente a continuación.
Ciudadanos C’s: “El Cambio Sensato” Propuestas de Ciudadanos para devolver a España su futuro

Entre los años 1978 y el 2000, España experimentó un período de creciente convergencia económica y política con Europa. Desde la Constitución democrática hasta la entrada en el euro, pasando por la entrada en la OTAN o en la Unión Europea, España fue cumpliendo hitos hacia un futuro común con Europa. Y a medida que el país se hacía más libre y democrático, la economía crecía.

Desgraciadamente, y aunque los españoles no fuimos conscientes de ello, tras la entrada en el euro, el proceso de convergencia se detuvo y España entró en un camino muy diferente del que había seguido con anterioridad. El euro permitió unos años de dinero fácil, de gasto suntuario en ciudades de las artes y la cultura, de pelotazos, de corrupción, de capitalismo de maletín y de “amiguetes.” No hay indicador más claro de este cambio que el abandono escolar, que, tras haberse reducido continuamente durante dos décadas, invirtió su tendencia en el 2000 hasta convertirse en uno de los mayores de Europa. Los jóvenes recibían la señal de que, con el dinero fácil, no hacía falta estudiar, sino empezar a trabajar cuanto antes, y preferentemente en la construcción. El espejismo del dinero fácil fue breve: tras unos años de de un crecimiento sin aumentos de productividad, alimentado por el ladrillo, la burbuja explotó y nos sumergimos en una profunda crisis.

La burbuja, y la cultura del pelotazo, los chanchullos y los enchufes nos han dejado con una España que no está preparada para competir en el mundo de la globalización: el fracaso de nuestro sistema educativo, el abandono de los principios del mérito y del esfuerzo, la excesiva politización de nuestras instituciones y la desaparición de miles de PYMES, en muchos casos por retrasos e impagos del sector público, dejan una economía que tendrá muchos problemas para generar el crecimiento necesario para acabar con el paro y asegurar la sostenibilidad del Estado del bienestar. Además el reparto del coste de la crisis ha sido brutalmente injusto. Los jóvenes y los desempleados de larga duración han visto recortadas radicalmente sus legítimas expectativas. Es difícil construir una vida desde la precariedad.

Ahora se trata de que España vuelva a la senda del crecimiento económico, la igualdad de oportunidades y la profundización de la democracia que inició tras la Transición. Para ello necesitamos un modelo de crecimiento inclusivo basado en el conocimiento y en la formación, en el esfuerzo y en el mérito. España necesita una revolución educativa e institucional que permita a los españoles recuperar la confianza en que el futuro será mejor que el presente, que nuestros hijos podrán aspirar a una vida mejor que la nuestra . Pero también necesitamos ofrecer respuestas inmediatas a las enormes injusticias sociales que la herencia de la crisis nos ha dejado: el paro, la desigualdad, la precariedad y la pobreza.

Para lograr esos objetivos no existen atajos ni soluciones mágicas, sino buenas políticas basadas en la experiencia de otros países. Existen sociedades, sobre todo en el norte de Europa, que han demostrado ser capaces de combinar la flexibilidad para encajar en la economía mundial con la igualdad de oportunidades y la seguridad para sus ciudadanos. Este programa intenta orientar a nuestra economía e instituciones en esa dirección.

Se trata de cambiar, de reformar, de regenerar, sí. Hemos sufrido demasiados años la corrupción y el chanchullo. Pero se trata de hacerlo desde la sensatez, desde la seguridad, manteniendo la confianza tanto de los españoles como de los extranjeros que nos deben prestar cientos de miles de millones cada año para refinanciar nuestra deuda.

Frente a visiones colectivistas y estatistas de la regeneración que España necesita, en nuestra visión los ciudadanos son el centro de nuestra actuación. Queremos que los ciudadanos tomen sus propias decisiones y para ello necesitan toda la información, sin trampas. Por eso, el cambio que proponemos parte de la seguridad y la confianza, pero también de la transparencia.

Nuestro programa económico tiene dos grandes ejes. Como el médico que trata a un paciente con un grave trauma, lo primero es estabilizarlo, que deje de sangrar. Luego hay que tratar las lesiones para conseguir la recuperación completa. Nuestro primer eje intenta luchar contra la crisis. El segundo buscar poner los cimientos del crecimiento sostenible:

  1. Dar herramientas a los ciudadanos, a los trabajadores, a los parados, a las empresas y a los autónomos para superar la crisis. Los jóvenes, los desempleados de larga duración, los autónomos y pequeñas empresas y las familias con alta carga de deuda han cargado con el principal peso de la crisis. Nuestra primera prioridad es ayudarles a salir. Además, todos los ciudadanos y empresas necesitan una fiscalidad que sea justa, eficiente y que asegure la sostenibilidad de la deuda.
  2. Poner los cimientos del crecimiento a largo plazo de la economía española y asegurar que España puede competir en la economía global y generar un crecimiento de calidad. Esto requiere acabar con el capitalismo de amiguetes, con la corrupción, y preparar a nuestros jóvenes para competir en la economía global del conocimiento.

En cada uno de estos dos grandes ejes tenemos tres grupos de propuestas.

  1. Propuestas para dar herramientas a los ciudadanos y empresas para superar la crisis:
  2. Luchar contra el paro y la precariedad, atacando directamente las dos grandes causas de la pobreza: la precariedad laboral y el exceso de endeudamiento.
  3. Favorecer la innovación, simplificar la regulación y eliminar las trabas para el crecimiento de las empresas en un mercado transparente, que garantice la igualdad de oportunidades.
  4. Una reforma fiscal para acabar con la fiscalidad injusta y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
  5. Propuestas para poner los cimientos del crecimiento a largo plazo:
  6. El objetivo más importante de nuestro programa a largo plazo es educar a los niños y jóvenes para participar en el futuro globalizado en la economía del conocimiento.
  7. Una economía no puede funcionar si la justicia y la administración no funcionan bien. Propondremos medidas decididas para eliminar la corrupción impune y asegurar la independencia y transparencia de las instituciones.
  8. El mercado debe estar al servicio de los ciudadanos y de los consumidores. Haremos las reformas necesarias para asegurar la competencia en los mercados, destruiremos los cárteles y acabaremos con el capitalismo de amiguetes.

Hoy, martes 17 de febrero, presentamos la primera de esas seis propuestas, que aborda nuestros problemas sociales más urgentes: el paro, la desigualdad y la pobreza. Ofrecemos una fórmula viable para asegurar un salario digno y medidas para abordar la precariedad laboral y el excesivo endeudamiento de nuestros ciudadanos. En semanas sucesivas presentaremos los otros cinco objetivos. Aunque tenemos listo el programa entero, queremos prestar la atención requerida a cada una de estas áreas.

Las propuestas que presentamos a continuación reflejan las mejores prácticas de otros países y la mejor evidencia sobre lo que funciona, teniendo en cuenta las restricciones que existen en la economía. Pero cada país es diferente y lo que funciona en uno puede no funcionar en otro. Por ello

O nos comprometemos a instaurar un riguroso programa de evaluación continua de todas las políticas, de forma que aquellas que no funcionen como deseamos sean rediseñadas o eliminadas.

Queremos destacar que tanto las propuestas que se expondrán a continuación, como los demás documentos que presentaremos en estos meses no pretenden ser un punto final, sino solamente el punto de partida. Abriremos un debate con la sociedad sobre nuestras propuestas, de modo que podamos incorporar las mejores ideas de todos. Pretendemos que este documento se discuta en las redes sociales Twitter y Facebook, en hogares, en escuelas, en Universidades, en empresas y administraciones. Pretendemos que sea un documento vivo que cambie y evolucione con las aportaciones de todos los ciudadanos.

Primera Parte: Medidas para luchar contra la crisis [Primer Objetivo. Priorizaremos la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión y aseguraremos que todos los ciudadanos reciben un salario digno por un trabajo digno.]

La crisis ha golpeado duramente a los más necesitados y las desigualdades han aumentado. Los jóvenes no consiguen emanciparse y desarrollar su vida de forma independiente. Hasta el momento, las políticas aplicadas por los dos principales partidos han sido ineficaces: la desigualdad ha aumentado y los recursos se han malgastado inútilmente.

Algunos plantean respuestas poco realistas o imposibles de financiar, como la renta universal, crear millones de puestos de funcionarios públicos, u otros subsidios que llevan a aumentar el endeudamiento y terminan siendo fuentes de corrupción.

Para ofrecer soluciones hay que tener primero un buen diagnóstico de las causas. En España hay 11 millones de trabajadores precarios, si sumamos parados, desanimados, subempleados y asalariados que no han podido encontrar un puesto de trabajo estable. Representan nada menos que el 45% de nuestra oferta de trabajo.

La clave es entender que la precariedad laboral, producto de la excesiva rotación entre contratos, es la fuente de la pobreza. Y que la gran mayor parte de estos trabajadores precarios no alcanzan el salario mínimo, porque trabajan una pequeña parte del año.

Los datos de 2012 (último año para el que existen los datos necesarios) ) ilustran ese fenómeno. Así, por ejemplo, En 2012, el número medio de asalariados de acuerdo con la EPA en cada trimestre fue de 14.5 millones de trabajadores. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida de 2012, el número de quienes trabajaron por cuenta ajena alguna vez en 2012 fue de 19,3 millones de personas, cifra bastante superior, pues algunas solo trabajaron una pequeña parte del año (pasa como en la medición de la audiencia de un programa de televisión: una cosa es la audiencia media y otra la audiencia total). Por eso, no es de extrañar que 6.5 millones de trabajadores cobraran en 2012 un salario total inferior al mínimo anual. Si incluimos también a los trabajadores por cuenta propia, el empleo medio subió a 17.6 millones, los que trabajaron alguna vez a lo largo del año fueron 21.9 millones y los que no llegaron al salario mínimo anual fueron 7.5 millones.

Nuestro programa para luchar contra la desigualdad y la exclusión tiene cinco elementos:

  1. Un nuevo marco de relaciones laborales que elimine la temporalidad y acabe con la precariedad
  2. Un complemento salarial anual garantizado concentrado para asegurar que todos reciben un salario digno y que no les desincentiva para trabajar
  3. Un plan de choque contra el paro de larga duración
  4. Una ley de segunda oportunidad
  5. Una política activa europea contra el desempleo

Acabaremos con la precariedad laboral

El mercado de trabajo español genera mucha desigualdad, sobre todo porque el único mecanismo de ajuste que se usa es la rotación de los trabajadores temporales. Ahora que el empleo se recupera, solo el 9% de los nuevos empleados consiguen contratos fijos. Las empresas usan los contratos temporales incluso cuando tienen necesidades que no son temporales. Como consecuencia, un número muy elevado de trabajadores viven en la temporalidad y la precariedad.

Aspiramos a que la norma habitual de contratación laboral sea un contrato indefinido (Contrato para la Igualdad de Oportunidades) que constituya el germen de un nuevo marco de relaciones laborales en el que sean compatibles la flexibilidad empresarial y la estabilidad laboral de los trabajadores. Para ello, junto con el Contrato para la Igualdad de Oportunidades, proponemos una “Cuenta Individual contra el Despido” y una reducción de las cotizaciones sociales a las empresas que ofrezcan una mayor estabilidad laboral a sus trabajadores. El conjunto de medidas que proponemos son:

* Eliminar los contratos temporales para las nuevas contrataciones, pues, en la actualidad, se usan en fraude de ley para necesidades que no tienen carácter temporal.

* Todas las nuevas contrataciones se harán con un contrato indefinido con indemnizaciones crecientes, proporcionales a la antigüedad del trabajador en la empresa. Este cambio no afectará a los contratos existentes.

* Adicionalmente a las indemnizaciones por despido que corresponden al contrato de igualdad de oportunidades, se constituirá un Seguro contra el Despido mediante las aportaciones empresariales a una cuenta individual de cada trabajador de un 1% de su salario. El trabajador podrá disponer de los fondos acumulados en dicha cuenta en caso de despido o en el momento de su jubilación. Esta cuenta también servirá para canalizar las eventuales subvenciones públicas a la formación o las relativas al programa de lucha contra el paro de larga duración, de manera que sean los trabajadores los que reciban directamente dichas ayudas. Tanto las aportaciones empresariales como las contribuciones públicas garantizarán que la protección efectiva de los trabajadores despedidos sea más elevada que la que reciben en la actualidad.

* Por analogía con el régimen de “bonus-malus” que utilizan las compañías aseguradoras para favorecer a quienes tienen pocos siniestros, se establecerá una bonificación en las cotizaciones de la seguridad social de las empresas que despidan menos para dotar de mayor estabilidad a las relaciones laborales.

Introduciremos un Complemento Salarial Anual Garantizado

El excesivo uso de la rotación laboral y del tiempo parcial involuntario no sólo impide que un número muy elevado de personas no alcancen el salario mínimo anual, sino que les impide también consolidar derechos a otras prestaciones contributivas. Nuestra solución es un Complemento Salarial Anual Garantizado (CSAG) que complemente los ingresos laborales de los hogares y del que se beneficiarán aquellos trabajadores con salarios más bajos y empleos más precarios. Este programa es similar a los que existen en EEUU (donde se conoce como “Earned Income Tax Credit” o EITC), el Reino Unido y muchos países europeos y lo recibirían alrededor de 5 millones de hogares.

Tendrán derecho a percibir el CSAG aquellos hogares en los que las personas principales hayan obtenido rentas salariales y/o ingresos del trabajo por cuenta propia, sin llegar a alcanzar una cuantía mínima anual.

El CSAG se diseñará en tres tramos: uno creciente, uno fijo y finalmente un tramo decreciente, a los que se irá accediendo a medida que aumenta la renta laboral y hasta un nivel de renta máximo por encima del cual dejará de percibirse. Los tramos y los niveles de renta máximos se fijarán en función de la situación familiar de las personas principales (únicas o parejas, y el número de hijos).

Con este diseño se pretende que, además de ofrecer un instrumento de protección social frente al trabajo precario, el CSGA sirva de incentivo a la actividad laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y también de apoyo a las decisiones de emancipación y de planificación familiar.

En el escenario más adverso, el coste de este Complemento será inferior al 1% del PIB de acuerdo con nuestros cálculos (siguiendo los datos individuales de la Encuesta de Condiciones de Vida del 2013, que son los más recientes), y será fácilmente financiable con las reducciones que se prevé se produzcan en las prestaciones por desempleo.

El programa tiene tres objetivos. Primero, luchar contra la desigualdad, incrementando los ingresos de los trabajadores más desfavorecidos. Segundo, hacer esto asegurando que no se crean desincentivos al trabajo en forma de excesivas pérdidas de ingresos cuando uno trabaja más horas o más miembros del hogar consiguen encontrar trabajo. Al contrario que la subida del salario mínimo, que expulsa del empleo a los trabajadores peor pagados, o una renta garantizada, que desincentiva el trabajo, nuestro programa anima a los trabajadores a trabajar y facilita que el empleo, incluso aunque sea a tiempo parcial, tenga una remuneración digna. Tercero, muchas de las familias que cobrarán este complemento salarial se encuentran en una situación extrema de falta de liquidez y consumirán más, lo que también contribuirá a reducir el coste del programa.

Programa contra el Paro de larga duración

La peor herencia de las grandes recesiones es el paro de larga duración. Los parados de larga duración encuentran enormes problemas para conseguir un nuevo empleo y cuando lo consiguen es de baja calidad. La experiencia muestra que el resultado es la salida, a menudo definitiva, de los parados de larga duración del mercado de trabajo. Por ello, recuperar a estos parados y conseguir re-emplearlos debe ser una prioridad de la política económica. Para conseguirlo, es necesario combinar tres medidas: formación, ayudas en la búsqueda de empleo, y subsidios a la contratación.

  1. Un programa de formación para parados de larga duración. Desgraciadamente, las políticas activas y especialmente las de formación son uno de los mayores fracasos de nuestro sistema político. En un país con tanto desempleo, los fondos de formación han resultado ser una inagotable fuente de corrupción, han estado marcados por el clientelismo político y han sido usados, sin ningún rubor, como fuentes de financiación por sindicatos y empresarios. ¿Podemos poner en marcha un sistema de políticas activas que evite tal expolio y permita, al mismo tiempo, reducir el paro de larga duración y formar a los trabajadores para la economía del futuro? Muchos españoles, desalentados por tantos escándalos, prefieren ni intentarlo y abandonan por imposibles las políticas activas. Pero eso no es una opción. La población adulta española muestra en las comparaciones internacionales (como la “PIA”) graves déficits de formación y capacitación profesional. No es que gastemos menos, sino que el déficit de formación de la población adulta es enorme, en gran parte por el malgasto del dinero que iba destinado a remediar este déficit.

Nuestra propuesta principal es poner el dinero en manos de los trabajadores, y que los proveedores de educación compitan por ellos, en vez de poner el dinero en manos de los sindicatos y organizaciones empresariales o de empresas a través de concursos poco limpios, que luego no lo usan para dar formación útil sino para extender su red clientelar.

* Proponemos la introducción de cheques de formación para todos los parados de larga duración (más de 1 año) que se puedan usar para pagar cursos, tutorías individuales y programas remotos por ordenador cuando el trabajador pueda acreditar que ha participado en el curso. Para evitar el fraude, introduciremos esta medida de forma escalonada con programas piloto cuyos efectos serán rigurosamente evaluados con colaboración de expertos externos.

* Los cursos podrán ser ofrecidos por diversos agentes. Con sujeción a consideraciones de coste, podrán tener lugar tanto en España como en el extranjero.

* Introduciremos un sistema de auditorías aleatorias externas para detectar fraude. La entrega de fondos se paralizará en cuanto se detecten indicios racionales de fraude. Se requerirá la devolución de todas aquellas cantidades que no se encuentren justificadas.

* El catálogo de cursos y de cualificaciones que se puedan pagar con el cheque se establecerá en colaboración con representantes de las empresas y de la industria, con el fin de asegurar que están dirigidos a favorecer la empleabilidad del trabajador.

  1. Bonos de contratación para los parados de larga duración. Para que las empresas tengan incentivos para ofrecer formación y puestos de trabajo a parados de larga duración, los parados en formación que participen en estos programas y los concluyan recibirán bonos de contratación, de forma que los empresarios que contraten a estas personas se beneficiarán de una reducción de cuotas a la seguridad social.
  2. Orientación individualizada para parados de larga duración. Una vez formados, es necesario ayudar a los desempleados de larga duración a encontrar empleo. Pondremos a su disposición un servicio de búsqueda de empleo mucho más individualizado que el inefectivo sistema actual, que por ejemplo pueda ayudarles a resolver los obstáculos personales y profesionales que les impiden encontrar empleo (como por ejemplo el cuidado de sus hijos o el transporte). En particular, implementaremos las siguientes medidas:

* La difusión de las mejores prácticas y los casos de éxito entre los Servicios Públicos de Empleo.

* La utilización a tales efectos de las agencias privadas de colocación;

* La mejora e interconexión de los portales de empleo, y el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales para dotar de mayor transparencia a las oportunidades de empleo.

* La participación activa en esta tarea de muchas empresas, a través de sus programas de responsabilidad social y acción social, así como de sus Fundaciones.

* La elaboración de perfiles de cada parado (no utilizados actualmente) con modelos estadísticos que predigan las mejores opciones para ellos en función de sus características individuales (edad, educación, experiencia previa, etc.).

Aseguraremos una segunda oportunidad para todos los españoles

La euforia económica y el boom inmobiliario que España vivió hasta 2008 han dejado a muchos españoles lastrados con un endeudamiento excesivo, tanto por préstamos hipotecarios como por otras deudas. La clave para que la economía española se recupere es reducir ese endeudamiento excesivo. Desgraciadamente, los procedimientos que gobiernan la deuda de los individuos en España hacen de este proceso una enorme fuente de ineficiencias y de injusticia que debemos cambiar. En España las familias con menores recursos son las que acumulan mayores niveles de deuda con respecto a sus ingresos. En el 20% de hogares con menores ingresos, los pagos de deuda representaban un 60% de sus ingresos, según los datos de la Encuesta de Finanzas Familiares del Banco de España más recientes (Boletín enero 2014, datos de la encuesta de 2012 ) .

Por eso proponemos un nuevo marco jurídico que permita que aquellas personas físicas que se hayan endeudado demasiado puedan tener una segunda oportunidad.

Las empresas hasta ahora lo han tenido más fácil. La Ley Concursal de 2003 y otras normas intentaron que las empresas endeudadas alcanzaran acuerdos extrajudiciales con sus acreedores para reducir sus deudas y evitar la liquidación. El éxito ha sido limitado pero en los casos en los que no se alcanzaba un acuerdo y se llegaba a la liquidación, la sociedad se acababa disolviendo y desaparecían sus deudas.

Pero las familias y empresarios individuales no se han podido beneficiar de esa exoneración de dudas, porque según el artículo 1.911 del Código Civil las personas físicas responden de sus deudas no solo con sus bienes actuales, sino también con los futuros. De esta manera, las leyes vigentes condenan a la “muerte civil” a aquellos que no pueden pagar sus deudas puesto que nunca más podrán ahorrar para su vejez ni volver a empezar. Esto es nefasto tanto para los pequeños emprendedores, que solo tienen una oportunidad, como para los ciudadanos de a pie. La Unión Europea e incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) mostraron preocupación por ese problema, lo que llevó al actual Gobierno a hacer tímidos esfuerzos con la Ley de Emprendedores, que luego ha visto que era preciso ampliar, porque el endeudamiento excesivo sigue pesando como una losa sobre cientos de miles de españoles.

Resolver ese problema no es fácil, porque las medidas para reducir el endeudamiento excesivo tienen que conciliar varios objetivos:

  1. Que los deudores de buena fe, tras negociar con sus acreedores, puedan tener una “segunda oportunidad” y, en virtud de una decisión judicial, verse incluso exonerados de parte de sus deudas, pero también;
  2. Que no se aprovechen de tales medidas deudores deshonestos que dejen de pagar pudiendo hacerlo o que se vean liberados de sus deudas frente a personas vulnerables (por ejemplo, pensiones alimenticias en favor de hijos o cónyuges); y
  3. Que las medidas no sean excesivamente gravosas para los bancos y entidades acreedoras, porque si no, tras esa mala experiencia reducirán la disponibilidad futura de créditos.

Ese riesgo sería obvio si, como proponen algunos, una nueva Ley autorizara a todos los actuales deudores hipotecarios, con carácter retroactivo y sin distinción, a liberarse por completo de sus antiguas deudas hipotecarias, obligando a los bancos a aceptar la “dación en pago” de los inmuebles hipotecados, con efecto liberatorio pleno, cualquiera que sea el valor actual del inmueble.

Para conciliar esos objetivos, proponemos una nueva legislación que permita a todas las personas físicas deudoras, ya sean consumidores o empresarios:

  1. Que, en el caso de préstamos hipotecarios, puedan obligar al banco acreedor a aceptar en pago el inmueble hipotecado a un precio igual al 100% del valor de mercado que tenga en ese momento, previa tasación por un profesional independiente designado por el Registrador de la Propiedad (en la actualidad, en las subastas de bienes hipotecados, los inmuebles pueden resultar adjudicados a un precio bastante inferior a su valor en ese momento, lo que perjudica al deudor hipotecario).

Esa posibilidad de “dación en pago” solo reducirá la deuda hipotecaria por el valor del inmueble, no por la totalidad del saldo vivo del préstamo, si éste fuera mayor. Pero tiene dos grandes ventajas:

1ª La valoración del inmueble al 100% de su valor de mercado reducirá el saldo de la deuda remanente más de lo que ocurre en la actualidad.

2ª La deuda remanente, ya sin garantía hipotecaria, podrá ser objeto de renegociación, e incluso extinción, en aplicación del mecanismo extrajudicial que se describe a continuación.

  1. Que, en el caso de deudas sin garantía, puedan proponer un acuerdo extrajudicial con todos sus acreedores, en los siguientes términos:

* La persona deudora deberá dirigirse a la institución (no judicial) que la futura Ley determine (p.ej. colegio notarial, corte de arbitraje o centro de mediación) y presentar una solicitud de convenio extrajudicial con sus acreedores, a la que acompañará información fiel y completa sobre sus deudas, sus bienes, sus ingresos y sus cargas, así como una propuesta de restructuración de sus deudas.

* La institución designará a un profesional cualificado (p.ej. notario, árbitro, mediador profesional o similar) para que convoque a los acreedores y tras analizar la propuesta del deudor y las contrapropuestas de los acreedores, proponga un convenio de restructuración de deudas.

Durante la tramitación de ese procedimiento extrajudicial, quedará suspendida la ejecución y pago de cualquier crédito, pero no el devengo de intereses.

Si el profesional tuviera noticia o indicio de que el deudor ha ocultado maliciosamente alguno de sus bienes, pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal y dará por concluido el procedimiento, con imposición de costas al deudor.

* Si la propuesta de convenio por el profesional especializado es aprobada tanto por el deudor como por la mayoría de acreedores que la Ley establezca, se formalizará en documento público (p.ej. escritura notarial o laudo de conformidad) y tendrá a partir de ese momento fuerza vinculante, modificándose en consonancia las deudas afectadas.

* Si la propuesta de convenio no fuera aprobada, el profesional especializado dictará una resolución que pondrá fin al procedimiento extrajudicial y:

– Distribuirá las costas del procedimiento de la forma que considere más apropiada (podrá, por ejemplo, condenar en costas a la parte que, a su juicio, no hubiera actuado de buena fe).

– Levantará la suspensión de la ejecución y pago de los créditos.

– Comunicará lo actuado, incluida la propuesta de convenio que no hubiera sido aprobada, al Juzgado de lo Mercantil competente, por si el deudor o alguno de sus acreedores optaran por solicitar la declaración judicial de concurso de acreedores.

* Si el deudor o alguno de sus acreedores solicitaran al Juez el concurso de acreedores, el Juez acordará que se proceda directamente a la liquidación de los bienes del deudor. Y al aprobar esa liquidación de los bienes y deudas del deudor, el Juez:

– Podrá recabar el apoyo del profesional cualificado que hubiera dirigido la frustrada negociación extrajudicial, y delegar en él las tareas que considere preciso, con excepción de la sentencia final y de otras resoluciones que no sean de mero trámite.

– Excluirá de dicha liquidación los bienes inembargables.

– En las deudas que queden insatisfechas tras esa liquidación, podrá, con respeto a las reglas de prelación de acreedores y los límites que establezca la nueva Ley, a la vista de las circunstancias personales del deudor y de la naturaleza de la deuda:

  1. a) Reducir su cuantía, o incluso declararla totalmente extintas y exonerar de ella al deudor;
  2. b) Reducir su tipo de interés o alargar su plazo de pago.

Para que el Juez pueda conceder al deudor alguno de tales privilegios, será preciso que el deudor:

1º No se hubiera beneficiado de una exoneración judicial de deudas en los X años previos; y, además,

2º Hubiera actuado de buena fe tanto antes de producirse su situación de insolvencia como con posterioridad y, especialmente, durante su negociación con los acreedores.

Lucharemos por una Europa de los ciudadanos en solidaridad contra la exclusión: un política activa europea contra el desempleo

El camino del progreso en España pasa por Europa. Pero desgraciadamente, desde que comenzó la crisis, muchos ciudadanos se sienten desilusionados. Lo cierto es que, aunque se han logrado importantes avances en la gobernanza de la Eurozona, se podría haber hecho más para aliviar el sufrimiento de los ciudadanos durante la crisis. Algunos han ido por el camino fácil, culpando al rico Norte de todos los males. Nosotros no creemos que esa sea una actitud responsable, ni constructiva, ni Europeísta. Pero al mismo tiempo, tampoco creemos que la crisis sea simplemente de irresponsabilidad fiscal en el Sur. Los bancos del norte prestaron de forma excesiva sin preocuparse demasiado de que sus créditos fueran devueltos. Ahora es responsabilidad de todos responder al legado de la crisis. Además un arreglo monetario que permite tasas de paro superiores al 20% durante años, no puede durar mucho tiempo.

Creemos en más Europa, pero somos conscientes de que ahora no es realista hablar de una Europa Federal, porque no existe el apoyo político suficiente para sacarla adelante. Tampoco es realista presentar a nuestros socios europeos “cartas a los Reyes Magos” que sabemos de antemano que son irrealizables en un plazo razonable. Por eso queremos centrar nuestros esfuerzos en dos ejes principales:

  1. Los países del Sur se deben comprometer con seriedad a un programa de reformas estructurales en profundidad como el que planteamos desde Ciudadanos.
  2. Por su parte los países del norte deben comprometerse a hacer más para que Europa no sea sólo la Europa de los mercaderes y banqueros, sino cada vez más la Europa de los ciudadanos. En particular, propondremos crear un Programa Europeo Contra el Desempleo, con un fondo común y un sistema de políticas activas inspiradas por las mejores prácticas del norte de Europa. El dinero de este programa europeo sería destinado íntegramente a la formación a elección del trabajador. Estamos convencidos de que nuestros socios del Norte aceptarán medidas que muestren clara voluntad de reforma y eliminación del despilfarro y la corrupción.

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