Redacción – El colectivo español «Centro Jurídico Tomás Moro» (CJTM) critica duramente la política de doble rasero de los políticos en España con su protección y claro apoyo a loos colectivos maricas y maricones –hombres afeminados que se parecen a las mujeres y se comportan como unas mujeres sin serlo físicamente– en inglés «gays«; y colectivos homosexuales (entre 2 mujeres) -lesbianas- ante el ninguneo de otros grupos sociales mayoritarios –heterosexuales (un hombre y una mujer)- cuyos hijos están obligados a seguir clases de adoctrinamiento de ideología contraria -de maricas y maricones-. Según el colectivo español (CJTM), la «Ley de NO discriminación LGTBI» del gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid sólo se alcanza el consenso político para privilegiar a las minorías poderosas. La Asamblea de Madrid aprueba con el respaldo de todas las fuerzas políticas una ley innecesaria pero profundamente ideológica. La Ley permitirá adoctrinar a los menores y difundir el homosexualismo incluso con la oposición de los propios menores y de los padres. Madrid (España), sábado 15 de julio de 2016. Fotografía: Los maricones y maricas, y lesbianas de Ciudadanos durante el ‘día del orgullo maricón’ 2016. Archivo Hazte Oír. lasvocesdelpueblo.
La «Ley de no discriminación LGTBI» aprobada este jueves 14 de julio de 2016 por la Asamblea de Madrid ha sido una de las primeras leyes tramitadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el inicio de la legislatura lo que da idea de la importancia que el Gobierno de la Comunidad de Madrid otorga a un minoritario grupo ideológico con gran poder en las instituciones.
La ley trata de evitar la discriminación y sin embargo no da ni un solo dato de dicha discriminación. En las ponencias parlamentarias se dio por presupuesta una discriminación que sin embargo la sociedad madrileña no percibe. La ley no proporciona datos de discriminación ni en el ámbito escolar, ni en el ámbito universitario ,ni en el ámbito laboral, y sin embargo se dispone la discriminación positiva de los LGTBI sin justificarse dicha discriminación positiva.
Desde el colectivo «Centro Jurídico Tomás Moro», la organización quiere «informar a los madrileños de datos y realidades que se han hurtado al debate público», aseguran fuentes del (CJTM) en un comunicado al portal español de noticias Lasvocesdelpueblo.
1.- La ley de no discriminación es un ley innecesaria, por cuanto el artículo 14 de la Constitución Española ya dispone que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», recuerda (CJTM) y añade que en este sentido tanto el Código Penal, como el Estatuto de los Trabajadores proporcionan a la sociedad instrumentos suficientes para combatir la discriminación.
2.- La ley supone una importante mutilación de los derechos de la mayoría. Efectivamente la ley aprobado por la Asamblea de Madrid no solo establece la discriminación positiva de los LGTBI, sino que violenta la libertad ideológica, moral y de pensamiento de la mayoría ciudadana, al imponer una ideología concreta. Así la ley recoge la elaboración integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género, que se aplicará a todos los niveles y etapas formativas y que será de obligado cumplimiento para todos los centros educativos, sin que los padres pueden objetar, y sin que los alumnos puedan voluntariamente decidir salir de clase cuando se critica su forma de entender la sexualidad conforme a las ciencias naturales y a las ciencias biológicas.
3.- Se establece una suerte de policía de pensamiento para combatir la libertad de expresión al establecerse diferentes mecanismos de adoctrinamiento y normas para controlar a los disidentes ideológicos.
4.- La ley establece privilegios para una minoría; así se establece que los poderes públicos de Madrid conmemorarán cada 17 de mayo el Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, y establece la obligación de instalar la bandera arcoíris LGTBI en la sede de Presidencia y sede de la Asamblea de Madrid, promoviendo igualmente el turismo LGTBI. De igual forma se privilegia a los grupos editoriales del movimiento LGTBI que suplirán sus escasas ventas con la obligación que la ley establece para las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de la región de adquirir libros para la creación de un fondo bibliográfico de temática LGTBI, censurando igualmente las publicaciones contrarias al reconocimiento de la diversidad sexual (es decir se censuran las mayorías de las publicaciones científicas).
Desde el «Centro Jurídico Tomás Moro» y aprovechando el total consenso en la aprobación de la Ley de no discriminación LGTBI, «instamos a los grupos políticos de la Comunidad de Madrid a seguir profundizando en la experiencia de los acuerdos y consensos para lograr la solución de los problemas reales de la sociedad» y muy especialmente en los siguientes:
«1. Consensuar medidas política para luchar contra el desempleo, medidas que hasta hoy no se han aprobado por falta de acuerdo político; 2. Consensuar medidas políticas que garanticen la calidad de nuestro sistema educativo, eliminando cualquier adoctrinamiento de los centros escolares, medidas que esta la fecha no se han adoptado; 3. Consensuar normas jurídicas para garantizar las libertades ciudadanas, garantizando en cualquier caso el derecho a la objeción de conciencia y garantizando la libre elección de contenidos ideológicos creando un plan integral educativo sin contenidos de ideología de género para que los padres pueden escoger las materias que estudiarán sus hijos», dice (CJTM).
Y añade: «4. Consensuar medidas de política social para fomentar la natalidad como única medida que garantizara el futuro en libertad de nuestra sociedad; 5. Consensuar medidas para evitar la trata de personas, muy especialmente de mujeres y niños, y consensuar medidas para evitar la explotación y el tráfico de menores mediante la prohibición de los vientres de alquiler y el establecimiento de controles para garantizar que en Madrid no se comercializan productos elaborados en terceros países con mano de obra infantil», sentencia.
Para acabar, el «Centro Jurídico Tomás Moro» aprovecha para felicitar «a nuestros representantes políticos que por primera vez se han puesto de acuerdo, pero manifestamos nuestro malestar al constatar que el consenso sólo se produce cuando está en juego la salvaguarda de los intereses de grupos minoritarios, aunque poderosos económica y mediáticamente.
