Agencias – La Audiencia Nacional juzga a partir de hoy a cinco dirigentes de Askapena, el aparato internacional de la banda terrorista asesina comunista vasca: Euskadi Ta Askatasuna «País Vasco y Libertad»), conocida por sus siglas ETA, acusados de un delito de colaboración con organización terrorista por recabar apoyos exteriores para la banda y recaudar fondos para el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Madrid, 19 ocubre 2015. <Fotografía: Agentes de la policía nacional en los registros y detenciones en Pamplona de varios dirigentes Askapena («liberación» en euskera) en 2010. Efe>.
Se trata de Walter Wendelin -considerado el máximo responsable de Askapena-, Gabriel Basáñez Ruiz, Unai Vázquez Puente, David Soto Aldaz y Aritz Gamboa de Miguel, detenidos el 28 de septiembre de 2010 en una operación desarrollada en el País Vasco y Navarra.
Según relata la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, Askapena se integra en una estructura mancomunada y bajo la dirección de ETA y la ilegalizada Batasuna llamada NLT (Nazioarteko Lan Taldea o Grupo de Trabajo Internacional), al que pertenecen representantes de todas las organizaciones constitutivas del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) «con proyección internacional».
Además, también participaba en el sistema establecido por la «Izquierda Abertzale» para su «autofinanciación», o «lo que es lo mismo, para el sostenimiento económico de las distintas estructuras que la integran y del conjunto de sus actividades orgánicas».
La financiación de todo el MLNV, prosigue el escrito, partía de una «caja común» constituida a partir de las «subvenciones públicas electorales» recibidas por las agrupaciones políticas ilegalizadas como ANV y PCTV y que llegaron a suponer un total de 2,3 millones de euros entre tres años (de 2005 a 2007).
«Otro dato que abunda en la integración de Askapena en el proyecto financiero establecido por el MLNV vendría acreditado por la obtención de recursos mediante la explotación de ‘Txoznas’, la gestión de ‘Zozketas’ o loterías, la colecta de fondos mediante ‘cuotas’ de su militancia y, finalmente, la ‘venta de materiales’, como chapas, mecheros, camisetas, vídeos o publicaciones», destaca.
Wendelin está considerado el máximo responsable de Askapena, grupo que sería el encargado de «recabar apoyos exteriores» para la banda y de brindar el respaldo de ésta a «organizaciones y entidades implicadas en procesos revolucionarios o de ‘liberación nacional y social'».
Un documento intervenido al ex dirigente etarra ya fallecido Francisco Javier López Peña, «Thierry», llamado «Mapa de la estructura 83», detalla el papel que cada uno de los ahora procesados desempeñaba en Askapena.
Así, Gamboa de Miguel y Soto eran los responsables de Organización, Basáñez de Solidaridad y de los Euskal Herriko Lagunak (comités de apoyo en el exterior) y Vázquez de Internacionalismo.
Otro documento que cita el fiscal revela que ETA encargó a Askapena crear un entramado de relaciones internacionales mediante la constitución de «comités de solidaridad» en países europeos, la participación en iniciativas como el Foro Social Europeo y el Foro Social Muncial, la organización de seminarios internacionalistas y la formación de «brigadak» que se desplazan cada año a distintos países.
Los «comités de solidaridad» deben «generar presión en el extranjero» organizando anualmente campañas de movilización en las que, junto a actos políticos y de difusión de las reivindicaciones, se llevan a cabo actos de protesta frente a representaciones del Estado español, presentando a los etarras como «perseguidos políticos».
Uno de esos comités es el instalado en Venezuela, formado por miembros de ETA, que el 11 de septiembre de 2010 divulgó un comunicado apoyando el «cese de acciones armadas ofensivas» anunciado por la organización terrorista seis días antes.
En el texto, no obstante, se hacía un llamamiento «a continuar la lucha, sin prisas y con la mayor contundencia, porque sólo así podremos transitar el camino hacia la soberanía de nuestro pueblo».
En cuanto a los seminarios, uno de sus objetivos era «el establecimiento de marcos de colaboración con otros movimientos y grupos revolucionarios», como las FARC.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía pide imponer a cada uno de los acusados una multa de 7.200 euros y pena de inhabilitación absoluta durante 14 años.
