Efe – La CUP ha criticado este martes que Barcelona en Comú, el partido de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, no levante la voz ante el teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle, quien «tiene ganas de que la ciudad sepa que ha llegado el sheriff» y con quien comparte gobierno. Barcelona (España), martes 6 de agosto de 2019.
Así se ha expresado en declaraciones a la prensa en la Barceloneta quien fuera número dos de la lista de la CUP en las municipales por Barcelona, Jordi Magrinyà, acompañado por la diputada en el Parlament Natàlia Sànchez.
La CUP, que no obtuvo representación en el consistorio barcelonés tras una legislatura en la que sí contó con tres concejales, considera que ha cambiado «la determinación» del gobierno municipal en relación con la venta ambulante, pues si en el mandato pasado hubo «muy buenas palabras» y se impulsó una cooperativa de manteros, ahora BComú se habría subordinado a las políticas del PSC.
«Se debe afrontar este reto desde la izquierda y sin miedo», ha señalado Magrinyà, que se ha preguntado «hasta qué punto» el dispositivo policial contra la venta ambulante responde a «estrategias de partido» con las que los socialistas buscan desgastar a los comunes.
Y es que el PSC, a su juicio, está lleno de «animales políticos» con experiencia, entre ellos «monstruos y dinosaurios», que saben cómo desgastar a sus adversarios.
Magrinyà ha reconocido que ahora «es complicado esperar que haya una gran discrepancia» entre las dos fuerzas que comparten ejecutivo municipal y que si finalmente las diferencias se muestran insalvables «pasará dentro de dos años y por razones electorales».
«Hay que parar este despropósito: dejen de ponerse de perfil ante los comentarios racistas y el comportamiento racista de Batlle», ha añadido.
Sànchez ha censurado el que ha calificado de «clima de racismo institucional», así como el papel jugado por los medios de comunicación -en particular los medios públicos catalanes-, y ha aseverado que «las políticas de Batlle y del Ayuntamiento son un peligro público contra los derechos fundamentales».
La CUP reclama «la anulación inmediata del dispositivo racista contra los manteros», buscar alternativas laborales para estas personas, mesas con profesionales del tercer sector y colectivos migrantes y la eliminación de las unidades antidisturbios de la Guardia Urbana.
