Lasvocesselpueblo y Agencias.- Las Palmas de Gran Canaria (España), miércoles 29 de diciembre de 2021. Alberto Rodríguez Rodrígue, el exdirigente de la ultraizquierda Podemos, le ha pedido este miércoles a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que le restituya el acta «sustraído que actualmente nadie ocupa» en la Cámara porque ya ha finalizado su condena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. El ultra a quien Batet le retiró el acta tras ser condenado por agredir a un policía en una manifestación antes de ser diputado, ha indicado que el Tribunal Supremo le ha comunicado que su condena finalizó el 5 de diciembre, por lo que ha pedido la restitución «inmediata» de su escaño para «poder continuar ejerciendo las tareas que le eran propias tras haber sido elegido por más de 64.000 canarios y canarias».
El exdiputado de la ultraizquierda Podemos ha solicitado después de que el pasado 22 de octubre, la máxima representante de la Cámara Baja, Meritxel Batet, se lo retirara, en cumplimiento de la sentencia judicial, por la condena impuesta por el Tribunal Supremo por pegar a la policía en 2014 durante una manifestación varios ultras en La Laguna, Tenerife. Una pena que siempre ha considerado «injusta» y que adelantó que llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La condena, indica el ultra en su escrito, expiró el pasado 5 de diciembre, algo que el Supremo le notificó con «20 días de retraso y justo antes de Nochebuena».
Después de que se le comunicara la extinción de la misma, el diputado electo en 2019 ha solicitado a Batet este 28 de diciembre «la restitución inmediata en su escaño», que lleva sin ser ocupado desde su inhabilitación, «para poder continuar ejerciendo las tareas que le eran propias tras haber sido elegido por más de 64.000 canarios y canarias», indica Rodríguez.
«Con independencia de la discrepancia que podamos tener sobre la liquidación de la pena, lo cierto es y la verdad es que ambas instancias, que algo tenían que decir y resolver sobre la condena injustamente impuesta, han determinado, de una parte, en qué consistía dicha pena y sus efectos y, de otra, que la misma ha quedado ya extinguida», apunta.
Rodríguez insiste en su escrito a Batet en que no existe norma legal o constitucional que le habilite para privarle de su cargo de diputado electo. «Le solicito que tenga para bien, sin más demoras, restituirme en el mismo al o existir ya pena alguna pendiente de cumplir. Ténganse en cuenta la tardía notificación del Tribunal Supremo, que, según adjunto, me ha informado el día 23 de diciembre de que la condena finaliza el 5 de diciembre del presente año», añade.
Ya el pasado 25 de octubre, Rodríguez envió otra carta a Batet en la que le cuestionaba qué norma le atribuía la competencia de retirarle su escaño.
Entonces, remarcaba que la privación de su escaño como diputado (en representación de 64.000 canarios y canarias) no podía «ser aceptada sin más» y comunicaba su intención de ejercitar todos los recursos que la ley le permita para «revertir tan arbitraria medida».
La intención del ultra, que a los pocos días de ser privado de su escaño volvió a su empleo en una refinería de Tenerife como obrero industrial, es recuperar su acta de diputado si se produce una resolución que lo ampare ya que fuentes cercanas a él afirman que «lo considera casi una obligación con los miles de canarios que le votaron».
La marcha forzada de Rodríguez del Congreso y después su baja en el partido abrió en Podemos Canarias una etapa de duelo y nunca se marcó fechas ni prisas para reemplazarlo, en parte esperando a que avanzara esa batalla legal de Rodríguez.
La número dos en la lista en la que concurrió en 2019 por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Fátima González (de IUC), anunció su decisión de no recoger el acta por motivos personales.
Desde ambos partidos de la coalición, IUC y Unidas Podemos, sí han señalado abiertamente que son partidarios de ocupar ese escaño por los votos de 64.000 personas a quienes representan.
En las últimas semanas, desde Podemos Canarias han señalado que la siguiente persona en la lista, Patricia Mesa (Podemos) no había comunicado aún su decisión de ocupar o no este escaño porque la Junta Electoral Central no se había comunicado con ella.
Esta es la información que también manejaban desde IUC. La siguiente en la lista, María del Cristo González, tampoco se había pronunciado oficialmente. El asunto llegó a tratarse en el último Consejo Ciudadano Autonómico de la ultraizquierda, celebrado el pasado 18 de diciembre de forma telemática, sin embargo, no se produjo ningún movimiento al respecto.
