Madrid (Reino de España), martes 9 de abril de 2024 (Lasvocesdelpueblo).- Aprobada la iniciativa de VOX para que se garantice el uso del español en todo el territorio nacional. El Congreso insta al Gobierno a proteger el español en España.
La comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados ha aprobado la Propuesta No de Ley (PNL) de VOX —registrada por los diputados verdes María José Rodríguez de Millán Parro, Jorge Campos Asensi, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carina Mejías Sánchez— relativa a garantizar el uso del español, como lengua común de todos los españoles, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en ciertas regiones españolas.
El diputado de VOX por Baleares, Jorge Campos Asensi, ha sido el encargado de defender la iniciativa presentada por el grupo parlamentario en la comisión de Política Territorial.
Campos ha comenzado su intervención explicando que es «ridículo presentar esta iniciativa en cualquier país del mundo menos en España», debido a que «en estos momentos un tercio de la población española, los que viven en las comunidades autónomas bilingües, no pueden, por ejemplo, escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado».
El diputado por Baleares ha denunciado que esta situación es «ilegal», tal y como ha acreditado el Tribunal Constitucional en varias sentencias y que esta situación no sólo afecta al ámbito educativo, sino también a la administración en las comunidades bilingües «donde se ponen barreras por la lengua cooficial».
- Discriminación lingüística que se produce hoy en día en España| El Congreso insta al Gobierno a proteger el español en España
Posteriormente, Jorge Campos ha dejado claro que la intención de VOX no es arrinconar a las lenguas cooficiales, lo que se busca es que «se garanticen los derechos de los hablantes de todas las lenguas que se hablen en España».
«Nosotros lo que pretendemos es acabar con la utilización política de separación que usan los partidos separatistas con las lenguas regionales y crear una concordia lingüística en aquellos territorios bilingües donde actualmente no se produce», ha añadido.
Finalmente, Campos ha puesto encima de la mesa que quien vote en contra de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario VOX «vota en contra de la concordia y acabar con la discriminación lingüística que se produce hoy en día en España».
- Texto íntegro aprobado de la PNL de VOX| El Congreso insta al Gobierno a proteger el español en España
Congreso de los Diputados
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Proposición No de Ley ante Comisión
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Jorge Campos Asensi, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carina Mejías Sánchez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición No de Ley dirigida a garantizar el uso del español, como lengua común de todos los españoles, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en ciertas regiones españolas, para su discusión en la Comisión de Política Territorial.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 28 de diciembre de 2023.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.- EL ESPAÑOL EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO
La lengua es fruto del devenir histórico de la nación y constituye un elemento distintivo de la misma, al tiempo que su uso es un derecho de los españoles. En este sentido, el artículo 3 del texto constitucional declara el español como lengua oficial del Estado y establece el deber de todos los españoles de conocerlo y el derecho a utilizarlo. Asimismo, la CE reconoce el valor cultural del resto de lenguas españolas, que sólo tendrán carácter cooficial en aquellas regiones con particularidades lingüísticas propias.
Esto mismo ha sido reiterado en múltiples ocasiones por la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), que, en sus sentencias 82/1986 y 84/1986, indicaba que «sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen». Asimismo, en las sentencias 82/1986 y 46/1991, el Alto Tribunal manifestaba que «el castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español». Por otra parte, el TC ha delimitado también el deber constitucional de conocimiento de las lenguas cooficiales en la Sentencia 84/1986 enunciando que «No existe un deber constitucional de conocimiento de una lengua cooficial».
Sin embargo, en contra del espíritu de la CE y de la doctrina constitucional, los partidos separatistas están haciendo un uso torticero de las lenguas cooficiales para relegar el español a un segundo plano y mermar la cohesión política y territorial de España. Estas fuerzas separatistas se están sirviendo de las leyes regionales para obstaculizar la promoción y desarrollo del español, lo que tiene nefastas consecuencias para la igualdad y la convivencia pacífica entre los españoles.
En definitiva, los poderes del Estado deben velar por los intereses de los españoles y garantizar el derecho al uso de la lengua común, protegiéndola, impulsando su uso y desarrollando todas las acciones pertinentes contra quienes, haciendo un mal uso de su posición de poder, la atacan. Esta es sin duda una de las principales conclusiones del informe El español en el actual estado de las autonomías.
SEGUNDO.- JURISPRUDENCIA ACERCA DEL AGRAVIO PERPETRADO POR VARIAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES AL ESPAÑOL COMO LENGUA COMÚN DE TODOS LOS ESPAÑOLES| El Congreso insta al Gobierno a proteger el español en España
Durante las últimas décadas hemos asistido al ataque continuo por parte de algunas administraciones territoriales a la lengua común de todos los españoles en beneficio de las lenguas cooficiales. Así pues, desde los distintos gobiernos regionales se han promulgado decretos y disposiciones que han postergado el español a una segunda posición en contraste con la situación de preferencia de la lengua cooficial.
Uno de los ejemplos más recientes se produjo en el País Vasco, donde el pasado 23 de noviembre de 2019 entró en vigor el Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi. Esta norma, que procede del desarrollo reglamentario de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, incluía en varios de sus artículos la imposición del uso preferente del vascuence, como lengua cooficial, en detrimento del español. Como respuesta a la referida discriminación, el partido político VOX planteó un recurso contencioso- administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). La Sección 3.a de la Sala Contenciosos Administrativo del TSJPV dictó sentencia3 estimando parcialmente el recurso y anulando los artículos 9.2, 11.1 12, 18.1, 24.3 y 27.1 por el agravio cometido contra el castellano como lengua vehicular entre los españoles. Entre los fundamentos de derecho aportados por este tribunal que justifican este fallo destacan:
- La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, que precede a este decreto, equiparaba el «euskera» y el «castellano» como lenguas oficiales, lo que a ojos del tribunal permitía «una interpretación perfectamente acomodada a la Constitución y tal es la que ha de dársele ya que es la que garantiza la equivalencia entre una y otra lengua, la que excluye interpretaciones que puedan servir para primar a una de las lenguas en detrimento de la otra». Este mismo criterio fue el asumido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia n.o 31/2010 dictada el 28 de junio de 2010 en el recurso n.° 8045- 2006. Así pues, el alto tribunal vino a reclamar en aquella ocasión que «la definición del catalán como «la lengua propia de Cataluña» no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano».
- Al hilo del punto anterior, el TSJPV recuerda la citada STC 31/2010 cuando decía que «toda lengua oficial es, por tanto también allí donde comparte esa cualidad con otra lengua española, lengua de uso normal por y ante el poder público. También, en consecuencia, lo es el castellano por y ante las Administraciones públicas catalanas, que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales».
- En relación con la cooficialidad, la Sala argumentó que esta «supone la igualdad entre ambas lenguas de modo que la actuación bien de elaboración normativa bien propiamente administrativa ha de desarrollarse de modo que no se altere el equilibrio entre ambas; no puede haber predominio o superioridad de una sobre la otra». Además, advirtieron que «si bien resultan admisibles medidas correctoras tendentes a evitar la inicial postergación de una respecto de la otra, su posición inicial secundaria, ha de valorarse si con ellas es todo lo pretendido o si por el contrario se trata de dotar a una de ellas de preferencia en perjuicio de la otra», siendo ambas medios normales de comunicación entre las administraciones y los sujetos privados.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe destacar que a fecha de redacción de la presente iniciativa no se ha llevado a cabo ninguna medida dirigida a hacer cumplir la citada sentencia del TSJPV ni ninguna otra medida análoga para exigir el cumplimiento de la legalidad en el resto de las regiones donde están ocurriendo situaciones similares de ataque y discriminación del español. Por contra, el Ejecutivo de la XIV Legislatura no ha hecho más que exacerbar el odio de los separatistas hacia España y la división social pretendida por estos últimos.
TERCERO.- CONCLUSIONES
De todo lo anterior puede inferirse, en primer lugar, que el español es la única lengua oficial de la Nación española y, por tanto, debe ser objeto de una especial protección por parte de los poderes públicos. Sin embargo, las fuerzas separatistas con el beneplácito de gobiernos de distinto signo político- están haciendo uso de la normativa regional para atentar contra la unidad de España y la igualdad entre los españoles. El plan de los separatistas pasa por convertir una lengua que solo se habla en una parte de España en una lengua nacional y por ello arrinconan el español en muchos ámbitos de la vida pública y persiguen su uso, limitando los derechos de los españoles.
Ejemplo de ello es la aprobación de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, que sitúa la lengua regional en una posición preeminente respecto del español. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha reconocido en su sentencia 1797/2023, de 29 de septiembre, el agravio cometido contra el castellano, anulando determinados preceptos de las normas anteriormente referidas para devolver al español el lugar que le corresponde.
Pese a todo, a fecha de redacción de la presente iniciativa, el Gobierno de España no ha tomado ninguna medida dirigida a garantizar el cumplimiento de la sentencia y a proteger el español en todo el territorio nacional.
- Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente| El Congreso insta al Gobierno a proteger el español en España
PROPOSICIÓN NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en materia lingüística, garantizando el derecho al uso del español en todo el territorio nacional.
2. Derogar cualquier normativa nacional o regional que imponga el uso preferente de una lengua cooficial en detrimento del español.
3. Promover las actuaciones necesarias para remediar la postergación del español respecto de las lenguas cooficiales en aquellas comunidades en las que esta discriminación ya exista.
4. Garantizar el derecho de cualquier nacional o extranjero a utilizar el español y desenvolverse plenamente a través del uso de la lengua española, contando para ello con el apoyo de los poderes públicos.
5. Eliminar cualquier tipo de limitación por razón del uso de la lengua española en todas las regiones de España«.
