Redacción – El Defensor del Pueblo Catalán, conocido como ‘El Síndic de Greuges de Cataluña’ hace caso omiso a las más de 9.000 firmas presentadas para solicitar que se inicien actuaciones penales contra las profanadoras de la Virgen de Montserrat. El Síndic de Greuges de Cataluña defienda peligrosamente la preeminencia de la libertad de expresión frente a la libertad ideológica, religiosa o de conciencia. Madrid a viernes 12 de mayo de 2017. Fotografía: Plaza San Jaime de Barcelona (Cataluña). Más de 3 mil catalanes se manifiestan contra la ‘Cristianofobia’ y por la unidad de España, derecho a la libertad de culto y de Expresión’ en España y precisamente en Cataluña. Archivo Lasvocesdelpueblo.
El pasado 26 de abril de 2017 militantes extremistas feministas del Movimiento Arran, una de las organizaciones de escuadras de asalto de CUP, ofendieron públicamente los sentimientos de los católicos al profanar a la Virgen de Montserrat tras publicar un vídeo en el que se ve cómo tras llegar al camarín de la Moreneta se «morrean» pudiéndose oír de fondo una música en la que se puede escuchar «saca el rosario de nuestros ovarios, saca tu doctrina de la vagina».
Según las autoras del vídeo con la ofensa a la Madre de Dios y al pueblo católico se pretendía provocar y «atentar contra la moral de la Iglesia» y «profanar sus símbolos sacros».
Igualmente llegaron a afirmar que «profanaremos los símbolos (de la Iglesia) y todo lo que representan las veces que haga falta».
Desde el Observatorio Contra la Cristofobia (dependiente del Centro Jurídico Tomás Moro) se pidió al Defensor del Pueblo Catalán que denunciara ante la Fiscalía estos hechos al ser constitutivos de delito, pues el artículo 525 del Código Penal dice que:
«Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican».
A la petición lanzada por el Centro Jurídico Tomás Moro se han adherido más de 9.000 ciudadanos que firmaron (enlace) una petición por la que se pedía al Defensor del Pueblo Catalán que defendiera los derechos de los católicos frente a los continuos ataques a los católicos.
Con fecha 10 de Mayo el Centro Jurídico ha recibido la respuesta del Síndic del Greuges que considera que la profanación de la Virgen de Montserrat es «un ejercicio reivindicativo por parte de miembros del colectivos que han sufrido históricamente, y aún padece, graves situaciones de discriminación legal y social, a los que buscan amparar dos recientes leyes del Parlamento autonómico de Cataluña (leyes 11/2014 y 17/2015).
Un ejercicio de libertad de expresión en el que no detecto ni escarnio de «dogmas, creencias, ritos o ceremonias» católicas, ni «vejación de quienes los profesan o practican».
Es curioso que en el escrito del Síndic ni siquiera se afee la conducta de las mujeres que profanaron a sabiendas una de las imágenes más veneradas por el pueblo católico.
Igualmente resulta curioso que el Síndic afirme que el colectivo de lesbianas ha padecido y padece graves situaciones de discriminación sin aportar ningún dato numérico que permita acreditar dicha afirmación.
Por ello el Centro Jurídico Tomás Moro se ve en la necesidad de recordar al Defensor del Pueblo Catalán que al Observatorio Contra la Cristofobia si le consta que los cristianos han sufrido y siguen sufriendo persecución.
Así la entidad Puertas Abiertas (con sede en Holanda) en su informe anual denuncia que 1 de cada 12 cristianos en el mundo sufre persecución -el equipo de investigación de Puertas Abiertas Internacional (World Watch Unit) ha establecido que, en total, 215 millones de personas en el mundo sufren niveles de persecución «altos, muy altos o extremos» a causa de su fe cristiana-.
Igualmente el Center for Study of Global Christianity cifra en 90.000 cristianos los asesinados a causa de su fe en el año 2016.
Igualmente se hace necesario recordar que en la historia reciente de España el número de religiosos asesinados en la Guerra Civil ascendió a 6832, de las cuales 4.184 eran sacerdotes, 2365 frailes y 283 monjas, siendo imposible determinar los miles de seglares asesinados por causa de su fe.
Ya recientemente el presidente en España de la fundación vaticana Ayuda a la Iglesia Necesitada, don Javier Menéndez Ros, denunció la intención deliberada en los medios de ocultar la información sobre la persecución y discriminación religiosa que se produce en todo el mundo.
Precisamente para paliar dicho déficit informativo el pasado 17 de abril el Centro Jurídico Tomás Moro creó «El Observatorio Contra la Cristofobia».
Las cifras del propio Observatorio constatan la preocupación de los españoles por el incremento de la violencia en España contra los católicos. Así en menos de un mes el Observatorio ha recibido más de 40 denuncias de hechos cristofóbicos correspondientes al año 2017, y casi una decena de denuncias internacionales correspondientes al año 2017.
9 mil firmas contra la cristianofobia en Cataluña
Igualmente desde el Observatorio se ha denunciado la falta de respeto al pueblo católico presentándose en tan sólo de una semana más de 8.000 firmas para que la empresa Movistar respete los sentimientos religiosos, o más 9.000 firmas presentadas ante el Defensor del Pueblo Catalán.
Desde el Centro Jurídico Tomás Moro «nos vemos en la obligación de recordar al Síndic de Greuges que su obligación es defender a toda la ciudadanía y no a parte de ella», defiende la entidad.
«La actitud de pasividad que están tomando las diferentes Instituciones Públicas y Poderes del Estado frente a la cada vez más frecuente violencia ejercitada en nuestras calles y templos frente a los católicos y sus creencias solo puede conducir a nuestra sociedad a un futuro de imposición ideológica, de censura del disidente y de abierta persecución», critican.
Desde el Centro Jurídico Tomás Moro considera que «sólo se puede construir una sociedad justa desde el rechazo a todo tipo de violencia social y política y desde la condena absoluta a cualquier tipo de discriminación», sentencian.
