Lasvocesdelpueblo y Agencias – El consejero de Justicia del gobierno separatista catalán, Germà Gordó Aubarell (Lérida; 1963), aseguró el pasado sábado, 18 de julio 2015, que las estructuras de estado separatista catalán en materia de administración de Justicia ya son prácticamente creadas. El gobierno de Artur Mas Gavarró prevé que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se convierta en la última instancia judicial de la futura Republica Catalana, a partir del 28 de septiembre 2015. Además, el consejero separatista de Justicia del gobierno catalán ha explicado también que el relevo en septiembre del año pasado del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por parte del nuevo ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá Polo, ha mejorado la relación política entre ambas instituciones. Admite que la relación personal era buena con Gallardón, pero también lo es con Rafael Catalá Polo del PP, y actualmente ha habido pequeños avances en algunas materias. «Es una evidencia, hemos visto una gran mejora desde el punto de vista político y práctico». <Fotografía: Germà Gordó Aubarell, el consejero de Justicia del Gobierno de Artur Mas Gavarró, durante una entrevista con la Agencia de Noticias catalana, este sábado 18 de julio 2015>.
En declaraciones el pasado sábado a la Agencia catalana de noticias, Germà Gordó Aubarell, consideró que en materia de administración de justicia no serían necesarios «muchas modificaciones» para tener estructuras de estado propias, en caso de una posible separación de Cataluña con el resto de España. Según él, con un Consejo Catalán de Justicia, que ya prevé el Estatuto autonómico de Cataluña, y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se convierta en la última instancia judicial del país bastaría para tener la arquitectura básica de una administración de justicia separatista. «No sería el ámbito más dificultoso», admitió. Por otra parte, ha anunciado que la Nueva Oficina Judicial estará implantada en todos los juzgados el año 2020, y admite que las relaciones con el ministro de Justicia del gobierno del Partido Popular, Rafael Catalá Polo, son buenas pero mejorables.
Consideró que si se hicieran realidad dos de las tradicionales reivindicaciones catalanas en materia de justicia sería suficiente para construir una «arquitectura básica» de la administración de justicia catalana. Así, habría que crear un Consejo de Justicia, previsto en el Estatuto pero que el gobierno español no ha querido desarrollar. Este organismo sería el órgano de gobierno de los jueces que ejercen en Cataluña, equivalente en parte al Consejo General del Poder Judicial español. Igualmente, habría que convertir el TSJC en la verdadera última instancia judicial del país, lo que ahora sólo pasa parcialmente en el ámbito civil.
Por otra parte, durante su entrevista, Aubarell anunció que la llamada Nueva Oficina Judicial (NOJ) terminará de implantar en todos los juzgados catalanes el año 2020. Este nuevo modelo de juzgado unifica y centraliza en un solo espacio y por parte de los mismos funcionarios algunos servicios de tramitación que hasta ahora hacen los funcionarios de cada uno de los juzgados. Esto, teóricamente, hace que la tramitación de los casos sea más ágil y permite a los jueces y secretarios judiciales dedicarse casi exclusivamente a su función jurisdiccional.
La NOJ se empezó a implantar durante la primera década de este siglo XXI y se han hecho varias pruebas piloto. Actualmente, en Cataluña, funciona en los juzgados de Olot, La Seu, El Vendrell y Cornellà de Llobregat, además de la Audiencia de Girona. Próximamente se implantará en los juzgados de Balaguer, aprovechando el nuevo edificio judicial, Amposta y El Prat de Llobregat. Hasta la pasada legislatura había un solo equipo de implantación de la nueva oficina, que se trasladaba durante semanas o meses en los juzgados afectados para hacer la transición de un tipo de organización a otro. En la actual legislatura hay tres equipos de implantación, lo que permitirá ser más ágil en la aplicación del nuevo modelo además juzgados.
Esta implantación de la NOJ va en la misma línea de impulsar aún más la digitalización de los trámites y reducir a la mínima expresión los documentos en papel también en el año 2020. Para mejorar el funcionamiento de la administración de justicia, también se impulsan nuevos edificios judiciales, como el de Balaguer, que se está acabando, o el de Tortosa y el Foro Judicial de Tarragona, que ya están licitados. Respecto al complejo judicial tarraconense, recordó que se pasará de 17.000 a 32.000 metros cuadrados, incluidos 3.000 metros cuadrados de reserva para futuras necesidades, y que se inaugurará durante el 2018. La nueva Audiencia de Barcelona debería estar terminada en 2019 al lugar donde estaban los antiguos juzgados y será la última gran obra hasta 2020.
Pero el separatista excluyente de CDC, Aubarell, consideró que lo más necesario es aumentar la plantilla de jueces y magistrados, pasando de los 750 actuales a 1.000. Creando nuevos juzgados y convocando nuevas plazas de juez, secretario y fiscal, que dependen del Ministerio del gobierno del PP, Cataluña debería aportar los medios materiales y los funcionarios necesarios, y el consejero Aubarell dice que el gobierno de Artur Mas Gavarró se compromete a hacerlo. Además, recuerda que actualmente en Cataluña hay unos 200 jueces sustitutos o magistrados suplentes, que el gobierno español ha casi apartado del todo de la carrera judicial, al obligar a los actuales jueces titulares a sustituir las bajas o ausencias de sus colegas. Para Aubarell, estos jueces, que ya tienen experiencia, podrían asumir de buen inicio del aumento del número de juzgados.
Relaciones del departamento de Justicia de Mas con el Gobierno del PP
El consejero explicó también que el relevo en septiembre del año pasado del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por parte de Rafael Catalá Polo ha mejorado la relación política entre ambas instituciones. Admite que la relación personal era buena con Gallardón, pero también lo es con Rafael Catalá Polo del PP, y actualmente ha habido pequeños avances en algunas materias. «Es una evidencia, hemos visto una gran mejora desde el punto de vista político y práctico», aseguró.
Así, por ejemplo, se pudo «endulzar» la reforma del Código Penal, que a pesar de mantener algunos puntos polémicos no incluye aspectos como las intervenciones telefónicas sin autorización judicial, dijo. También se pudo «detener» la privatización del Registro Civil, que aún está prevista legalmente pero está congelada por orden del nuevo ministro, así como el cambio en la ley de servicios profesionales, que liberalizaba la afiliación a muchos colegios profesionales. También reconoció que el ministro ha sido sensible a las demandas del Gobierno, otorgando el 25% de las plazas de nuevos funcionarios de justicia en Cataluña o buena parte del presupuesto para mejoras tecnológicas, y que se han reducido las tasas judiciales estatales, que se sumaban a las que Cataluña ya había implantado previamente.
Sin embargo, recordó que todavía hay cuestiones pendientes, como los anteriormente citados Consejo de la Justicia o convertir el TSJC en la última instancia judicial de Cataluña, además de establecer la lengua catalana como requisito para los jueces y fiscales que trabajen en el territorio. «Todavía hay cosas sobre la mesa del ministro, cosas empantanadas o paros», recordó.
En este sentido, admitió que la relación con el ministro se ve afectada por la relación general entre sus respectivos gobiernos. «A partir de esta base, las personas mejoran o empeoran determinadas situaciones; mi relación con el ministro mejora la situación general, pero la situación general es un impedimento para que vaya aún mejor», sentenció el consejero separatista excluyente catalán, Germà Gordó Aubarell.
