El golpe del 9N lleva a Artur Mas al banquillo con una condena de más de 10 años inhabilitación

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Imagen de la sala del vistas del TSJCat donde a partir del lunes comenzará el juicio al expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, por organizar la consulta independentista del 9N de 2014. EFE

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El golpe de Estado separatista del pasado 9 de noviembre de 2014 en Cataluña (9N), bajo el eufemismo secesionista de «Referéndum Participativo» tras su suspensión por el Tribunal Constitucional, lleva al banquillo el próximo lunes, 6 de febrero de 2017, al ex presidente del Gobierno de la generalidad de Cataluña quien es el actual líder del PDECAT, Artur Mas Gavarró. Este separatista encausado por atentar contra la Unidad Nacional de España se expone a una condena de más de 10 años inhabilitación que, así, amenaza su eventual regreso como candidato a la Generalidad de Cataluña, si finalmente no hay referéndum y el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, disuelva la cámara catalana. Barcelona (España), sábado 4 de febrero de 2017. Fotografía: Imagen de la sala del vistas del TSJCat donde a partir del lunes comenzará el juicio al expresidente catalán Artur Mas y las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, por organizar la consulta independentista del 9N de 2014. Efe.

Artur Mas, Joana Ortega e Irené Rigau serán juzgados por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, de la moderada asociación de jueces Francisco de Vitoria, junto a los magistrados Carlos Ramos —designado a propuesta del Parlamento de Cataluña— y Eduardo Rodríguez Laplaza, refuerzo procedente de la sala contenciosa del alto tribunal catalán.

El fiscal pide 10 años de inhabilitación para Artur Mas y 9 para sus consejeras, Sindicatos de Policías piden 12 años

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará la semana próxima a los delincuentes Artur Mas y a las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta separatista del 9 de noviembre de 2014, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) la había suspendido cinco días antes.

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas —y nueve para Ortega y Rigau—, una pena que la acusación popular ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP y Manos Limpias eleva a 12 años y que, en ambos casos, impediría a los procesados ejercer cualquier cargo público durante el tiempo de condena.

Las consecuencias legales del 9N amagan con ensombrecer el futuro político de Artur Mas, en un escenario en que el ex presidente catalán sigue sin despejar la incógnita de si aspirará a encabezar, en unas futuras elecciones catalanas, la lista de un PDeCAT falto de un liderazgo claro tras la renuncia de Carles Puigdemont a repetir como presidente de la Generalidad de Cataluña.

Mientras su eventual condena no fuera firme, Artur Mas podría encabezar una lista electoral a la presidencia de la Generalidad de Cataluña y ocupar cualquier cargo público, lo que deja su futuro político en manos del calendario del Tribunal Supremo (TS), que será quien tenga la última palabra en el caso al resolver los recursos de casación que puedan presentarse contra la sentencia.

De hecho, el alto tribunal tendrá ocasión de conocer a fondo los prolegómenos del 9N en el juicio contra Francesc Homs, ex consejero de Presidencia y diputado de Convergencia en el Congreso de los Diputados, por su papel en el golpe de Estado del 9N, que el Supremo tiene previsto celebrar en los próximos meses.

Como ocurriera en su declaración como imputados ante el TSJC, Mas, Ortega y Rigau acudirán el lunes al banquillo arropados por los manifestantes a los que las entidades separatistas han convocado a las puertas del Palacio de Justicia, no sin polémica, después de que la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, animara a los funcionarios a pedirse fiesta par ir a alentar a los encausados.

el golpista Artur Mas (i) junto a su vicepresidenta Joana Ortega (d) aplaude el 'éxito total' de un golpe de Estado secesionista 9N con más de dos millones de votos gracias al PP de Mariano Rajoy Brey y Alicia Sánchez-Camacho. Archivo Lasvocesdelpueblo.
El golpista Artur Mas (i) junto a su vicepresidenta Joana Ortega (d) aplaude el ‘éxito total’ de un golpe de Estado secesionista 9N con más de dos millones de votos gracias al PP de Mariano Rajoy Brey y Alicia Sánchez-Camacho. Archivo Lasvocesdelpueblo.

De hecho, el juicio por el 9N, en el que Artur Mas siempre se ha proclamado víctima de una causa política, puede convertirse en baza electoral para el propio ex presidente catalán y para el PDeCAT, una formación a la que las encuestas vaticinan resultados poco halagüeños en unos futuros comicios y que, a partir del próximo 1 de marzo y durante cuatro meses verá airear las sospechas de corrupción de Convergència democrática de Cataluña en el juicio por el expolio del Palacio de la Música.

La investigación judicial por el 9N arranca de una querella de controvertida gestación, impuesta por la Fiscalía General del Estado después de que los fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña se opusieran en bloque a encausar a Artur  Mas por la consulta, al entender que no existió una orden expresa del Constitucional que prohibiera la votación.

Las reticencias de la Fiscalía de Cataluña serán uno de los principales argumentos que esgrimirá la defensa de Artur Mas, quien en su declaración como imputado ante el TSJC se erigió en único responsable político del 9N, pero alegó que tras la suspensión la consulta se quedó en un mero “proceso participativo” organizado por voluntarios, sin que ninguna autoridad del Estado lo impidiera.

Precisamente, el argumento de la Fiscalía de Cataluña de que Artur Mas no incurrió en un delito de desobediencia porque el TC no advirtió expresamente de las consecuencias de desoír la suspensión del 9N ha dado aire a las tesis de las defensa, en una cuestión que será clave para que el TSJC dirima las responsabilidades penales del Gobierno catalán en golpe de Estado.

Artur Mas, Joana Ortega e Irené Rigau serán juzgados por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, de la moderada asociación de jueces Francisco de Vitoria, junto a los magistrados Carlos Ramos —designado a propuesta del Parlamento de Cataluña— y Eduardo Rodríguez Laplaza, refuerzo procedente de la sala contenciosa del alto tribunal catalán.

El caso del 9N será enjuiciado por el TSJC —aunque Artur Mas perdió su condición de aforado después de que la CUP pidiera su cabeza para investir a Carles Puigdemont y Joana Ortega también al abandonar la política—, gracias a que Irene Rigau decidió conservar su escaño en el Parlamento de Cataluña para garantizar la “protección” de los acusados, que de otra forma habrían sido juzgados por un juzgado ordinario

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