El ministro de Justicia recuerda precedentes de vulneración protección datos por separatistas

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El expresidente de la Generalidad de cataluña, Artur Mas Gavarró, y el nuevo presidente catalanista excluyente, el antiespañol Carles Puigdemont Casamajó, enlazan sus manos tras el acto de toma de posesión que se ha celebrado hoy en el Palacio del gobierno autonómico español en cataluña. archivo Efe.

Agencias – El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha opinado hoy que la creación de una base de datos fiscales por parte de la Generalidad de Cataluña catalana supondría una vulneración de la legislación en materia de protección de datos y ha recordado que ya hay precedentes en ese sentido por parte de entidades separatistas. Madrid (España), lunes 30 de enero de 2017. Fotografía: El expresidente de la Generalidad de cataluña, Artur Mas Gavarró, y el nuevo presidente catalanista excluyente, el antiespañol Carles Puigdemont Casamajó, enlazan sus manos tras el acto de toma de posesión que se ha celebrado hoy en el Palacio del gobierno autonómico español en cataluña. archivo Efe.

Catalá ha hecho estas consideraciones al ser preguntado por la preparación de esa base de datos que, según El País, habría reconocido en público el secretario de Hacienda de la Generalidad de Cataluña, Lluís Salvadó.

El ministro ha dejado claro que se trataría de un incumplimiento de la ley de protección de datos y ha recordado que hay precedentes de incumplimientos y sanciones a entidades secesionistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural cuando realizaron la ‘gigaencuesta‘ con motivo de la consulta alternativa del 9N.

Catalá ha insistido en la importancia de las declaraciones realizadas por el exsenador y juez Santiago Vidal en las que reveló que la Generalidad de Cataluña estaba recopilando datos fiscales de los catalanes, pues no las ha hecho «cualquiera».

Y ha reiterado que merece investigación tanto en términos penales (como ha anunciado la Fiscalía) como administrativos en materia de protección de datos, dado que lo que quieren los ciudadanos es saber que las «instituciones y los responsables públicos» cumplan la ley.