El PP de Rajoy se convierte en primer partido español a sentarse el banquillo por “encubrimiento”

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El jefe del Ejecutivo en funciones y presidente del PP, Mariano Rajoy, y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, al inicio del Comité Ejecutivo Nacional de la formación a ochos días del debate de investidura de Pedro Sánchez y por vez primera desde la dimisión de Esperanza Aguirre. EFE

Lasvocesdelpueblo y Agencias – [Auto pdf del juez que investiga el Caso de la destrucción a martillazo de ordenadores del PP por el PP]. El Partido Popular (PP), organización del poder en funciones de España del presidente Mariano Rajoy Brey se ha convertido hoy en el primer partido español a sentarse en el banquillo de los acusados por robar a los españoles y por un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento que habría cometido por la supuesta destrucción “a conciencia” de la información que contenían los discos duros; dice el Tribunal. La magistrada propone juzgar a la actual tesorera y gerente, Carmen Navarro. También lleva al banquillo al asesor jurídico Durán y al jefe informático. Les atribuye supuestos delitos de daños informáticos y encubrimiento. El PP recurrirá la decisión de la juez que quiere sentarle en el banquillo. Madrid (España) martes 26 de julio de 2016. Fotografía: El jefe del Ejecutivo en funciones y presidente del PP, Mariano Rajoy, y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, al inicio del Comité Ejecutivo Nacional de la formación a ochos días del debate de investidura de Pedro Sánchez y por vez primera desde la dimisión de Esperanza Aguirre. Archivo Efe.

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La juez que investiga el borrado de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas ha acordado este martes procesar al Partido Popular -el paso previo a sentarlo en el banquillo- por un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento que habría cometido por la supuesta destrucción “a conciencia” de la información que contenían los discos duros.

Una información, señala la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid en un auto [.pdf], que “podría ser muy relevante” no solo para la defensa de Bárcenas, sino para la investigación de la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, “una evidencia que no pudo pasar desapercibida” para sus responsables investigados en esta causa “pese a lo cual, o quizá por ello, impidieron incidiariamente, su acceso”.

En este sentido, la magistrada Rosa María Freire Pérez también propone juzgar a la tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro; al asesor jurídico Alberto Durán; y al director de sistema de información del partido, José Manuel Moreno, en el auto de fin de instrucción dictado este martes.

La juez acusa a estas tres personas y al PP de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles a “conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”, según informa Europa Press. Con esta decisión la juez cierra la instrucción y da el primer paso para sentar al PP en el banquillo, tras desestimar la petición de archivo que planteó la Fiscalía y el propio partido. Se trata de la primera vez que una formación política es procesada, señala Efe.

El Juzgado dará ahora traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas con el objeto de que, en el plazo de diez días, soliciten el sobreseimiento o la apertura del juicio oral. El PP ya ha anunciado que recurrirá el auto porque, en su opinión, la decisión de la juez es “abiertamente infundada y contraria a derecho” y se basa en las “simples palabras” de quien está encausado en varios procedimientos penales y ha “cambiado sus versiones en muchas ocasiones” para “dañar” al partido.

Dice la jueza Rosa María Freire que existen indicios de que el PP cometió un delito de daños informáticos “por no haber establecido un modelo de gestión y organización adecuado para impedir la comisión de este delito” ya que en la actualidad “no existe un inventario de los elementos informáticos en su sede”. Pese a que tanto el PP como sus tres responsables investigados afirmaron ante juez que el borrado se hizo según el protocolo de la formación política, la magistrada afirma que “no existe un protocolo interno de seguridad”.

Añade que Durán es responsable por “haber ordenado la destrucción de los discos duros con el fin de eliminar los archivos que contuviese”, que Moreno también lo es por “haber ejecutado la orden a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello”, y que “Navarro conocía sobradamente las circunstancias”.

Respecto al delito de encubrimiento, la juez dice que viene determinado por el conocimiento de todos los implicados sobre la investigación por financiación ilegal del PP que dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 5 del Audiencia Nacional. Y también, destaca el auto, “por la determinación de impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que Bárcenas guardaba en los ordenadores portátiles usados por él a lo largo de los años de su desempeño como tal pudiesen acceder a la investigación, acordando su destrucción física con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer (…) lo que se almacenaba en su interior”.

Sobre las dudas del PP y de la Fiscalía respecto al testimonio de Bárcenas, la juez manifiesta “no apreciar contradicciones palmarias” con relevancia para impedir la continuación del procedimiento.

Es más, afirma que su relato en sede judicial se apreció “coherente, firme y meticuloso”; y que el ejercicio de memoria en su segunda declaración sobre la información que contenían los discos duros “aparece justificada por el tiempo transcurrido y por la necesidad de localizar un soporte en papel en el que decía tenía una relación pormenorizada de sus archivos informáticos (…) y que sorprendentemente para él no pudo localizar”.

“Por lo tanto, no existen razones fundadas para dudar de su testimonio acerca de lo que almacenaba en los discos duros de sus ordenadores, información que fue destruida a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico”.

La causa se inició a raíz de una querella por daños informáticos y encubrimiento presentada por una acusación del caso Bárcenas liderada por IU ante el exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz quien remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, que acordó el archivo provisional, lo que fue recurrido por las acusaciones.

Pero la causa se perdió y la jueza citó a las partes para que aportaran toda la documentación que tengan, con el fin de reconstruir la causa perdida y dar trámite al recurso. Cuando la causa fue reconstruida, la jueza dio traslado del recurso para que lo resolviera la Audiencia de Madrid, que acordó el pasado enero reabrir el caso de la destrucción de los discos duros al entender que “el archivo provisional se adoptó sin practicar diligencia de investigación alguna”.

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