Agencias – Tribunal Supremo, Juicio del golpe separatista de 9 de noviembre de 2014 en Cataluña. «En mi casa me enseñaron a no interrumpir», se había quejado el encausado ex consejero de presidencia de la Generalidad de Cataluña, Francesc Homs Molist, en referencia a la forma de preguntar del fiscal, ante lo que Marchena le ha respondido: «Esto no es su casa, pero puede decir cuanto quiera en su defensa». Madrid (España), lunes 27 de febrero de 2017. Fotografía: El portavoz de la antigua Convergencia (CDC), ahora Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) en el Congreso y ex consejero de Presidencia de la Generalidad de Cataluña, Francesc Homs Molist (d), en el Tribunal Supremo donde ha comenzado a ser juzgado hoy por desobediencia al Tribunal Constitucional en la celebración de la consulta separatista del 9N de 2014 en Cataluña, desoyendo al la Justicia. Efe.
El diputado de PDeCAT Francesc Homs ha declarado hoy en el juicio por la consulta separatista del 9N en 2014 que el Gobierno de Artur Mas no podía dejar de llevarla a cabo para preservar los derechos de los ciudadanos, que la volvería a celebrar y que el Tribunal Constitucional (TC) no fue claro al prohibirla.
El Tribunal Supremo ha iniciado hoy el juicio de Francesc Homs, que era el consejero de Presidencia cuando se celebró el 9N, para quien el fiscal Jaime Moreno pide que sea inhabilitado para ejercer cargo público durante nueve años como autor de los delitos de prevaricación y desobediencia grave, en concreto al TC.
Francesc Homs ha asegurado que en ningún momento tuvo la conciencia de estar cometiendo dichos delitos, ya que además la providencia de 4 de noviembre de 2014 en la que el TC ordenó la suspensión de la cita del 9N no le fue notificada personalmente sino que llegó por correo electrónico al departamento de Presidencia de la Generalidad, a diferencia de otras posteriores que sí ha recibido.
Ha insistido en que el Gobierno catalán tuvo que elegir entre los derechos políticos de los ciudadanos y una providencia del Constitucional que a su juicio no prohibía claramente el proceso participativo. «No podíamos hacer otras otra cosa», ha apostillado.
De hecho, ha recordado que la Generalidad pidió una aclaración al TC «y esa aclaración no se produjo», ya que querían saber si la providencia incluía una advertencia de apercibimiento, pero ha insistido en que en ningún momento el Govern pensó que estaba cometiendo algo ilegal y menos un delito.
Ha recordado que el Gobierno catalán se replanteó el proceso del 9N con la participación de la ciudadanía a través de voluntarios después de que la Generalidad cumpliera la providencia de septiembre de 2014 del TC que suspendió la primera convocatoria de consulta separatista.
«Estaban en juego los derechos fundamentales a la participación política de los ciudadanos y, al lado, una providencia inconcreta, que era un automatismo del Constitucional, algo que no es estrictamente una resolución judicial… Y en ese marco el Govern tiene que tomar decisiones», ha declarado Homs.
En todo caso, Homs ha declarado que, aun si hubiera conocido la sentencia del TC, que en 2015 consideró inconstitucional el proceso participativo, «lo hubiera vuelto a hacer».
A preguntas de su abogada, Eva Labarta, ha comentado: «Estoy aquí por un debate político», y ha considerado un error que esté sentado en el banquillo «por poner unas urnas» en un proceso en el que se quiere expresar el 80 por ciento de los catalanes, según su estimación y la del separatismo en general.
Ha recordado que el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, habló con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña sobre la posibilidad de afinar un expediente ante la Fiscalía para perjudicarle a él políticamente y ha añadido que estos días se están conociendo «manifestaciones de fiscales que hablan de presiones del Gobierno de España».
Asimismo, ha denunciado que entre el 8 y el 9 de noviembre de 2014 recibió un mensaje del Gobierno de España relativo a que, si no celebraba la rueda de prensa para informar de los resultados del 9N, no habría actuación de ningún tipo en su contra.
Al comienzo del interrogatorio del fiscal, el presidente del tribunal, formado por siete magistrados, Manuel Marchena, le ha recordado al acusado que el Supremo «no es su casa».
«En mi casa me enseñaron a no interrumpir», se había quejado el encausado separatista Francesc Homs Molist en referencia a la forma de preguntar del fiscal, ante lo que Marchena le ha respondido: «Esto no es su casa, pero puede decir cuanto quiera en su defensa».
Al finalizar su declaración, el tribunal ha recordado a Homs que tiene el derecho, como letrado que es, de acompañar en el estrado a su defensa a lo largo del desarrollo de la vista pública. Aunque Homs ha recordado que no está en ejercicio, Marchena ha insistido y ha pedido que se le haga llegar una toga.
Al inicio del juicio, el tribunal ha vuelto a desestimar la petición de la defensa de Homs para que testifiquen en el juicio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos; y el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce, a lo que se opuso también el fiscal.
Francecs Homs ha llegado al Tribunal Supremo con su mujer y arropado por el expresidente separatista catalán, Artur Mas, parte del actual Gobierno catalán y más de un centenar de separatistas catalanes.
Entre otros, además de Artur Mas, le han acompañado en una marcha desde la madrileña plaza del Rey hasta el alto tribunal la vicepresidenta del gobierno catalán, Neus Munté; el consejero, Raúl Romeva; la cúpula del PDeCAT y cargos de ERC como Joan Tardá y Gabriel Rufián.
También el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y el diputado e integrante de la Mesa de esta Cámara Marcelo Expósito, de la coalición de Podemos en Cataluña.
