Agencias – El Tribunal Constitucional de la Nación avalará, probablemente hoy, y por segunda vez, la reforma que aprobó el Grupo Popular (PP) en la pasada legislatura que le permite suspender a altos cargos e imponerles multas cuando desobedezcan sus resoluciones, una capacidad diseñada pensando en el ataque de Juntos Por El Sí y la CUP contra Cataluña y resto de España desde la Mesa del Parlamento de Cataluña y los Plenos municipales de ayuntamientos españoles en Cataluña con gobierno separatistas. Madrid (España), martes 13 de diciembre de 2016. Fotografía: La sede del Tribunal Constitucional de la patria, Foto archivo Efe.
El pleno del Constitucional, que ha comenzado a las 10.30 horas de esta mañana, incluye como primer asunto del orden del día el recurso que la Generalidad de Cataluña presentó contra la reforma de la Ley Orgánica del alto Tribunal, que le dotaba de instrumentos sancionadores como multas o capacidad de suspender a altos cargos.
El alto tribunal ya avaló una parte de este norma, recurrida por el Gobierno vasco, y ahora dictaminará la constitucionalidad de otra, concretamente referida a la posibilidad de imponer multas como medida cautelar para obligar a la obediencia de sus resoluciones.
Fue recurrida por la Generalidad de Cataluña y ese recurso será rechazado en una sentencia que volverá a contar con votos particulares de magistrados progresistas en minoría.
El Constitucional desarrollará a lo largo de las próximas dos semanas un pleno en el que se ocupará de otros asuntos relacionados con Cataluña, como la última impugnación que presentó el Gobierno central contra una resolución del Parlamento autonómico de Cataluña.
Previsiblemente será admitida a trámite -y suspendida cautelarmente esa resolución del Parlamento catalán-.
Se trata de la negativa a reconsiderar las resoluciones independentistas, solicitada por PSC, Ciutadans y PP a la Mesa del Parlamento catalán.
Después de que la Mesa rechazara las peticiones de reconsideración de las resoluciones separatistas sobrevino, por parte del pleno del Parlamento catalán, la aprobación de un referéndum, con o sin el aval del Estado, para septiembre de 2017 como fecha máxima.
