Efe.- Madrid (España), 7 de marzo de 2021. El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig contra la fianza de 88.000 euros impuesta por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Huesca en la causa de los bienes de Sijena.
Con esta fianza el Juzgado trata de asegurar las responsabilidades derivadas de un presunto delito de desobediencia por su negativa a devolver los bienes del Monasterio de Sijena.
El Constitucional ha confirmado la admisión a trámite del recurso en un reciente escrito en el que informa al juzgado de instrucción de una decisión que retrasará la celebración del juicio promovido por el Ayuntamiento de Sijena contra Puig y su antecesor en el cargo, Santi Vila, por desobedecer la orden judicial de entrega de los bienes del cenobio.
El recurso de inconstitucionalidad planteado por el representante legal de Puig, al que ha tenido acceso Efe, argumenta que la fianza impuesta a su cliente supone una vulneración de su derecho de presunción de inocencia al constituir en sí una «auténtica pena anticipada».
Destaca, además, que la fianza se estableció en virtud de la pena de multa solicitada por la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Sijena, sin guardar relación con las multas de 5.940 euros instadas contra ambos exconsellers por la fiscalía.
A juicio del letrado de Puig, «la imposición de la fianza fijando su cuantía en lo solicitado por la acusación articular supone además una medida desproporcionada e irrazonable, por cuanto dicho importe se encuentra muy alejado de lo solicitado por fiscal».
Por esta razón, solicita al Constitucional la anulación de todos los autos del juzgado de instrucción que rechazaron inicialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada, así como los confirmatorios de la Audiencia de Huesca.
A este recurso, canalizado a través del juzgado instructor, se opuso el representante legal de Sijena, Jorge Español, en un escrito en el que se refiere a la numerosa jurisprudencia existente que avala la inclusión en las fianzas no sólo de las posibles responsabilidades sino las posibles multas y los constes procesales.
A su juicio, ha asegurado Español en declaraciones a Efe, afianzar las cantidades reclamadas no supone adelantar una condena sino establecer una medida cautelar para evitar que el investigado, del que recuerda se halla fugado de la justicia española, trate de eludir sus responsabilidades.
Tras destacar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los mecanismos y criterios de las fianzas, este letrado refiere en su recurso los elevados sueldos cobrados por Puig desde tiempo atrás por la Generalitat y el actual de 85.000 euros que percibe desde agosto de 2018 como responsable de internacionalización de la cultura catalana.
Español ha mostrado su «extrañeza» ante la decisión del Constitucional, un tribunal, destaca, que sólo admite a trámite un 2 por ciento de los recursos de amparo interpuestos.
Mientras tanto, se encuentra en trámite de resolución en el juzgado instructor un recurso interpuesto por el abogado de Sijena para cuestionar la solvencia del exconseller Santi Vila y advertir de que la finca presentada para el pago de parte de la fianza de 216.000 euros que le fue puesta por presunta desobediencia.
El escrito de este letrado, al que también ha tenido acceso Efe, destaca que sobre el piso hipotecado por el exconseller en Figueras (Gerona) pesa ya una carga hipotecaria de 310.800 euros desde 2006 para su liquidación en 33 años, sin que conste como cancelada en el registro de propiedad de la población.
Tanto Vila como Puig, que satisfizo ya los 88.000 euros que le reclamó la magistrada a través de la Caixa de Solidaritat de Cataluña, que se negó a pagar la de su compañero, se enfrenta a peticiones penales de la fiscalía y de la acusación particular por desobedecer la orden judicial de entrega de los bienes.
A este delito, el representante de Sijena añadió otro de usurpación de atribuciones judiciales en el caso de Vila al dictar una orden para no autorizar la salida del Museo de Lérida de los bienes que debían ser devueltos.
