El Tribunal Constitucional admite los recursos contra la prohibición del castellano/español en Cataluña

.También, el propio tribunal sancionador, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y Vox llevaron al Tribunal Constitucional el Decreto-ley y la Ley que prohíben el idioma español/Castellano
.La admisión a trámite de estos recursos por parte del TC no suspende la nueva normativa, puesto que sólo lo haría si los hubiera presentado el Gobierno de España de un Pedro Sánchez Pérez Castejón que se ha negado a presentar […]

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 16.09.2018. BARCELONA (ESPAÑA) ESPAÑA, 16.09.2018. Un baño de españolidad denuncia la prohibición del español o castellano en Cataluña por parte del separatismo, durante una protesta pacífica convocada por la plataforma Hablamos Español. Los manifestantes han reclamado la 'Libertad de elección de los padres y la educación en libertad sin adoctrinamiento separatista en las aulas. Castellano, español, 25 % de clase en español. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), martes 13 de septiembre de 2022. El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este martes los recursos del PP y Cs contra la nueva normativa catalana que ha detenido la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de las clases en castellano/español en todas las escuelas e institutos de la comunidad autónoma española de Cataluña.

Se trata del decreto-ley del régimen supremacista amarillo que preside el coordinador general de la izquierda radical y separatista ERC Pere Aragonès García, que rechaza el uso del idioma oficial de Cataluña y resto de España, español/castellano, en la enseñanza y la llamada «ley del catalán», aprobadas antes del verano. por el separatismo -a excepción de la ultraizquierda CUP- con los votos de los » traidores » y cómplices del PSC-PSOE y las extremas izquierdas Unidas Podemos (Los Comunes) en el Parlamento de Cataluña; tras la aprobación de la Ley, los «traidores» del PSC-PSOE lamentaron la categoría de «curricular» asignada al idioma español mientras los dialectos: el catalán y l aranés pasaban a ser las únicas ‘lenguaa’ «vehiculares» en esta región española.

La tercera fuerza política en España, Vox que preside Santiago Abascal Conde, ya ha presentado también un recurso de inconstitucionalidad contra ese mismo decreto-ley hispanófobo. Los próximos las próximas semanas se tramitará dicho recurso de los verdes.

La admisión a trámite de estos recursos por parte del TC no suspende la nueva normativa, puesto que sólo lo haría si los hubiera presentado el Gobierno de España de un Pedro Sánchez Pérez Castejón que se ha negado a presentar ni recursos ni querellas contra una iniciativa del régimen secesionista en un acuerdo firmado por las partes en la mesa de la traición a Cataluña y resto de España, en marco de la llamada «desjudicialización del Procés».

También, el propio tribunal sancionador, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llevó al Tribunal Constitucional el Decreto-ley y la Ley que prohíben el idioma español/Castellano, al constatar que su vigencia imposibilita el cumplimiento de su sentencia del 25 % de clase en español en Cataluña.

Basándose en el nuevo marco normativo hispanófobo, el régimen amarillo dio la orden a los centros educativos catalán es de que se dejara de aplicar el 25% de castellano en las escuelas e institutos que lo estaban haciendo por orden del TSJC, ya sea por sentencia o medidas cautelares. Se trata de 27 centros en toda Cataluña y 48 aulas en total.

El régimen amarillo pisoteaba así nuevamente la Ley porque la sentencia del TSJC sigue activa dado que la Consejería de Educación del régimen nunca ha presentado una petición ante el TSJC para que deje sin efecto la sentencia. El separatismo es consciente que si presenta ese recurso el Tribunal lo rechazará.

Es por eso que la entidad catalana Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha presentado querellas contra los directores de centros escolares que han prohibido el idioma español en las aulas en cumplimiento de la nueva normativa separatista.

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