Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), lunes 19 de diciembre de 2022. El Tribunal Constitucional (TC) se reúne este lunes en un Pleno Extraordinario en el que deberá resolver si frena la tramitación parlamentaria de los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) , aprobados por el Congreso de los Diputados -a prpuestas del PSOE, Unidas Podemos y ERC- y pendientes de votarse en el Senado, a riesgo de provocar una crisis institucional sin precedentes en democracia.
Los once magistrados del TC están citados a las 10.00 horas para un pleno que se prevé de alto voltaje y en el que se abordará el recurso de amparo presentado por el Partido Popular (PP), que pide suspender la tramitación parlamentaria de dos enmiendas por las que se reforma el sistema de elección del propio Constitucional de los dos candidatos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Una suspensión que podría eludirse si los magistrados deciden debatir previamente las recusaciones reclamadas por Unidas Podemos (UP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), formaciones de la la coalición gubernamental que preside el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Pérez Castejón, y que han estado reuniéndose con los separatistas de ERC en marco de la llamada «Mesa de negociación» del Procés para «desjudicializar» el proceso separatista, anulando encubierto las sentencias condenatorias y dejando estériles los procesos judiciales en marcha contra los líderes del golpismo en Cataluña y las «milicias callejeras» del Procés: los Comités de Defensa de la República Catalana (CDR).
Además del recurso del PP, hay el recurso de amparo de VOX. Los de Santiago Abascal Conde han también pedido que se paralice la reforma de la malversación y la derogación de la sedición. Ayer, el PP amplió su recurso también sobres la sedición y malversación de dinero público.
El pleno fue convocado inicialmente el pasado jueves, pero el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, lo aplazó a instancias de un escrito de los cinco magistrados progresistas con el argumento de disponer del «tiempo indispensable» para estudiar la cuestión, tras el goteo de escritos presentados entre la noche del miércoles y la mañana del jueves por loa partido del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos).
Ello permitió a los socialistas ganar tiempo y que el Congreso de los Diputados aprobara aquella tarde las enmiendas, incluidas en la proposición de ley que deroga la sedición, que era justo lo que pretendían evitar el PP y VOX con su petición al Constitucional de medidas cautelarísimas.
Unidas Podemos reclama la recusación de dos magistrados
Pero no se ha desactivado el proceso de paralizar el «plan Sánchez», que el Senado tiene previsto debatir el martes en la Comisión de Justicia para aprobarla en pleno el jueves, toda vez que el ponente Enrique Arnaldo, propuesto por el PP para ser magistrado del Constitucional y que ha colaborado con FAES, es partidario de frenar la tramitación.
De este modo, el pleno del lunes tendrá que resolver sobre la admisión a trámite del recurso del PP y VOX y, las cautelarísimas, pero previamente habrá un capítulo inicial abierto por Unidas Podemos y PSOE, que han pedido la recusación del presidente del tribunal y del magistrado Antonio Narváez. Ambos están afectados directamente por las enmiendas que el PP quiere paralizar, ya que se han diseñado para facilitar la renovación de magistrados con el mandado caducado y ambos saldrían del tribunal.
En primer lugar habrá que resolver si se admiten o no a trámite esas recusaciones, salvo que ellos mismos opten por abstenerse del proceso, algo que incluso pueden pedir otros magistrados, de hecho, fuentes jurídicas señalan a Efe que es imperativa la abstención de los dos magistrados afectados por la ley, porque se pretende suspender una norma que determina directamente su cese.
Dada la fragmentación del tribunal en este asunto, si se abstienen los números serían favorables al PSOE y Unidas Podemos, por cinco a cuatro, por lo que esta cuestión puede resultar crucial para el desenlace de la cautelarísima y del fondo del recurso.
Desde Unidas Podemos consideran que ambos magistrados tienen un «interés directo» porque serían los reemplazados por los dos aspirantes nominados por el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos -el ex ministro Juan Carlos Campo a fines al PSOE y la ex alto cargo del Gobierno de coalición, Laura Díez- si la reforma queda aprobada.
Ahora bien, si no se abstuvieran y se admitieran a trámite las recusaciones, se abre un incidente de recusación que tiene un efecto suspensivo sobre el conjunto del procedimiento hasta que quede resuelto, para lo cual hay una tramitación concreta que contempla plazos de varios días, un paréntesis durante el cual daría tiempo a que el Senado aprobara en su Pleno del próximo jueves la proposición de ley que elimina la sedición y todas sus enmiendas, incluidas esas dos.
VOX Y PP CON EL PUEBLO ESPAÑOL Y DEFENSA FIRME DE SEPARACIÓN DE PODERES
A ello se suma que Vox ha seguido los pasos del PP y pide la suspensión de la iniciativa parlamentaria, mientras que el PSOE y Unidas Podemos solicitan personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier cautelar que afecte al trámite legislativo.
Según fuentes jurídicas, que cita Europa Press, los seis magistrados de la mayoría patriótica se inclinan por dar vía libre a la suspensión de la tramitación parlamentaria, aunque algunas voces advierten de que hay «entusiasmos distintos», mientras que los cinco magistrados de la mayoría socialista no ven con buenos ojos la injerencia en el Poder Legislativo (Congreso de los Diputados); así que como no podría ser de otra manera, darían luz verde al «Plan Sánchez».
A la espera de lo que decida el TC, el Senado, con mayoría absoluta del PSOE y sus socios separatistas y filoetarras, ya ha incluido la proposición de ley en su agenda semanal.
Porque el Constitucional puede bien denegar la cautelarísima, en cuyo caso la reforma podría ser aprobada de forma definitiva el jueves en la Cámara Alta, o estimarla e impedir la tramitación de la iniciativa, lo que desencadenaría una crisis institucional sin precedentes ya que, en más de 40 años de historia, el TC nunca ha impedido discutir y votar en las Cortes Generales En 40 años de existencia, el tribunal de garantías nunca ha impedido una votación en las Cortes Generales hasta que el Gobierno de coalición de España entre PSOE y Unidas Podemos y sus socios separatistas y filoterroristas iniciaran un pulso institucional sin precedentes en plena democracia con el fin de controlar el Poder Judicial e iniciar la federalización de España mediante nuevos derechos, como referéndum de autodeterminación o «consultas» similares encubierto.
Fuentes del Gobierno de coalición de Sánchez que cita Efe ven «inimaginable» que el Constitucional paralice la tramitación parlamentaria ya que consideran que esta circunstancia generaría una situación de «extrema gravedad» y un «choque entre poderes como nunca se ha visto en democracia».
Los socialistas presentaron a última hora de domingo dos escritos para intentar que el TC no admita el recurso de amparo del PP, alegando que la paralización de la tramitación parlamentaria de la reforma «vulneraría» el derecho de la ciudadania «a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes».
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mostró el domingo su confianza en que el TC adopte una decisión «justa y con arreglo a la ley» y advirtió de las «graves consecuencias» de que el dictamen sea favorable a los postulados del PP.
Y todo ello con un pleno del Consejo General del Poder Judicial 24 horas después, en el que previsiblemente se nombren a los dos magistrados que debe designar el órgano de Gobierno de los jueces. Con ello se podría evitar que la crisis entre los Poderes del Estado saltara por los aires y, al mismo tiempo, convertir en estéril la votación en el Senado.
