Agencias – Si pasan 10 días y el Partido Popular (PP) no paga la fianza el Tribunal embargará los bienes del PP. No han sido satisfechas las fianzas reclamadas a los principales acusados. El PP asegura que se defenderá de «acusaciones infundadas». El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dado este lunes 10 días al PP para que abone la fianza como responsable civil subsidiario, que en el auto de apertura de juicio oral por el caso Bárcenas sobre la supuesta caja B del PP se fijó en 1,2 millones de euros. Barcelona, 23 de mayo 2016. Fotografía: Detalle de la entrada de la sede del PP, en la calle Génova de Madrid. Efe.
De la Mata ha ordenado al PP abonar esta cantidad al comprobar que no han sido satisfechas la totalidad de las fianzas reclamadas como responsables civiles directos a los principales acusados -los extesoreros del PP Luis Bárcenas (8,9 millones de euros), Álvaro Lapuerta (8,9) y Cristóbal Páez (7,4)- y tampoco lo ha hecho el despacho de arquitectos Unifica, el que reformó la sede del PP en la calle Génova y que debía pagar 577.249 euros.
«No alcanzándose a cubrir la totalidad de las cantidades exigidas a los acusados y responsables civiles directos antedichos, procede requerir al Partido Popular, en su condición de responsable civil subsidiario, en la persona de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el auto de apertura de juicio oral», explica.
Este lunes mismo un abogado del PP ha comparecido ante el juez De la Mata, que le citó el pasado viernes, y según han informado a Efe fuentes de la formación se le ha dado un plazo de 10 días para cubrir la cantidad que quede por abonar por parte de los acusados -algunos de los cuales han pagado parte de las fianzas-, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes si no presta la caución. Esta cantidad obedecía a las cantidades defraudadas en la reforma de la sede de Génova y los donativos presuntamente irregulares.
De la Mata sentó en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con ‘cajas B’, que se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar «gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido».
Así constaba en el auto del pasado mayo en el que abría juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede de Génova Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero y consideraba que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.
Por su parte, el Partido Popular ha declarado a través de un comunicado que se defenderá de las acusaciones, que considera «infundadas», para «esclarecer por completo su falta de responsabilidad» por estos hechos, según dice dicho comunicado. Los populares aseguran que aparecen en esta pieza «exclusivamente como posible responsable civil subsidiario de posibles delitos fiscales cometidos por otras personas», aseverando que no es el partido el que está acusado y que solo responderán «si existe delito».
«Ni el Ministerio Fiscal ni la Hacienda Pública entendieron que existiera delito en relación con los hechos de los que se pretende hacer responder subsidiariamente al Partido (…) el asunto se encuentra pendiente de celebración de juicio ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por lo que los hechos no han sido todavía enjuiciados), dice dicho comunicado.
En este sentido, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha explicado este lunes que su partido pagará la fianza impuesta por el juez, aunque queriendo dejar claro que la imposición de dicha fianza no es ni una multa ni una condena a esta organización política. En rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, Levy ha señalado que «desde luego» se depositará la cantidad que pide el juez «como una garantía cautelar», pero ha subrayado que «en ningún caso es una condena o una multa».
La responsabilidad que tenga el partido, ha señalado, se dirimirá en el juicio oral y una vez que haya sentencia, y en cualquier caso ha insistido en que el partido sigue negando las afirmaciones de Bárcenas sobre la supuesta caja B y sigue diciendo que son «falsas» las anotaciones de los papeles del extesorero.
