Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), lunes 19 de julio de 2021. El Tribunal de Cuentas ha denegado la prórroga solicitada por varios encausados ex altos cargos de los Gobiernos del Procés de la Generalidad de Cataluña para abonar de forma solidaria la fianza de 5.422.411,10 euros que les reclama por la promoción el procés en el extranjero mediante Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y también mediante las «Embajadas de la República Catalana» (Delegaciones de Cataluña) con los caudales públicos de todos los españoles.
Así lo han confirmado a Efe fuentes del Tribunal de Cuentas, órgano que ha encausado a 34 altos cargos de todos los Gobierno del Procés, entre 2011 y 2017, entre ellos los expresidentes de la Generalidad separatista: Carles Puigdemont y Artur Mas; sus vicepresidentes Oriol Junqueras; sus consejeros de Presidencia, Jordi Turull y Neus Monté; sus consejeros de economía y Hacienda, Oriol Junqueras Vies y Andreu Mas-Colell; sus consejeros de Exteriores: Raúl Romeva Rueda, etc. por la promoción del procés en el exterior con el dinero público de todos los españoles.
Una vez que se ha denegado esa ampliación de plazo, los 34 encausados tienen hasta el próximo miércoles 21 de julio para presentar una afianza por la cantidad total que se les reclama (5.422.411, 10 euros), pasado ese plazo, se procederá al embargo de sus bienes.
El pasado 6 de julio, el Gobierno de coalición de Generalidad de Cataluña de ERC y JxCat apoyado en CUP, que preside Pere Aragonés García, creó el «Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña» (FCRCAT) con dotación inicial de 10.000.000 de euros para pagar con ese dinero público las fianzas de estos individuos encausados por delinquir, malversando el dinero público.
Al FCRCAT, según el plan separatista de la Generalidad de Cataluña, se podrá acoger a él cualquier funcionario al que se pidan responsabilidades legales por actividades relacionadas con el desempeño de su cargo, siempre que cumpla ciertos requisitos.
Pere Aragonés García reivindicó la «legalidad» de ese fondo porque, a su juicio, «cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido por su administración» ante «decisiones arbitrarias».
Mientras VOX ya ha recurrido la creación del FRCAT ante la Justicia, el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez avanzó antes de la crisis del Gobierno que estaba estudiando la legalidad del FCRCAT para determinar si se ajusta a derecho o, en caso contrario, lo recurrirá, explicó la exvicepresidente Segunda del Gobierno, Carmen Calvo Poyato.
