Lasvocesdelpueblo y Agencias – El tribunal del caso sobre el golpismo en Cataluña, la llamada «Causa Procés», en el Tribunal Supremo del reino de España, ha pedido un informe al Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de responsabilidad contable que, en relación a los golpistas condenados en esta causa, estén en tramitación con motivo de los gastos ocasionados por el referéndum separatista no autorizado por el tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por el Tribunal Constitucional, organizado y celebrado el pasado 1 de octubre de 2017 (1-O) por el Gobierno golpista de la Generalidad de Cataluña del huido de la Justicia, Carles Puigdemont Casamajò. Madrid (España), lunes 1 de marzo de 2021.
Este requerimiento fue solicitado por la Abogacía del Estado en relación al expediente que se sigue por las peticiones de indulto a dichos condenados, para incorporarlo al mismo.
En concreto, la Sala II del Supremo, a través de un oficio, pide informe a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre las actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que estén en tramitación con motivo de estos gastos, con remisión de testimonio de las actas de liquidaciones provisionales.
En particular la del 28 de enero de 2020, para acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de la cantidad de 4,1 millones de euros.
La Abogacía del Estado, que depende directamente del Gobierno de coalición socialcomunista del presidente Pedro Sánchez y vicepresidente Pablo Iglesias, pidió al Supremo que en su decisión sobre los indultos a los condenados por el proceso golpista tenga en cuenta el dinero malversado y si han resarcido al Estado el daño causado.
La Abogacía solicitaba así al Supremo que incorpore al expediente de indulto la documentación que obra en el expediente que tiene el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable de los condenados.
El Tribunal Supremo no determinó en la causa que siguió contra los doce dirigentes del Procés la cuantía económica de la malversación, tan solo la situó ampliamente por encima de los 250.000 euros que marcan el tipo agravado.
Corresponde fijar el importe y exigir las responsabilidades contables a los condenados por malversación al Tribunal de Cuentas, que aún tiene el expediente abierto.
Por esa razón, la Abogacía del Estado -que fue parte en el juicio precisamente por el daño causado a las arcas públicas por la celebración del referéndum ilegal del 1-O- quiere ahora que el Supremo tenga en cuenta si los condenados han resarcido ese perjuicio a la hora de informar sobre los indultos solicitados.
El Supremo, como tribunal sentenciador, debe presentar al Gobierno su informe sobre la solicitud de esta medida de gracia, cuya concesión depende del Consejo de Ministros.
