ERC: «Jové y Salvadó son víctimas de una segunda ola de represión de España»

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 11.03.2020. ERC ha denunciado este martes una "segunda oleada de represión" por el procesamiento de sus diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, a raíz de su papel en la organización del 1-O y la Hacienda catalana, mientras ha reafirmado su presencia en la mesa de diálogo con el Gobierno. Efe

Efe – ERC ha denunciado este martes una «segunda oleada de represión» por el procesamiento de sus diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, a raíz de su papel en la organización del 1-O y la Hacienda catalana, mientras ha reafirmado su presencia en la mesa de diálogo con el Gobierno. El coordinador nacional de ERC ha apelado a la ciudadanía a hacer de nuevo aportaciones a la «caja de solidaridad» impulsada por las entidades soberanistas para recaudar fondos con los que hacer frente a los 4,5 millones de euros de fianza que les ha impuesto el tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Barcelona (España), jueves 12 de marzo de 2020. 

Una delegación de ERC, encabezada por su coordinador general Pere Aragonès, ha arropado esta mañana a los diputados Jové y Salvadó en su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), para comunicarles su procesamiento por haber formado parte de la organización del 1-O desde sus cargos en el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.

En su auto de procesamiento, la magistrada Maria Eùgènia Alegret atribuye a Jové y Salvadó los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos por los preparativos del referéndum y por planificar la recaudación de los impuestos de los catalanes a través de la Agencia Tributaria propia, considerada por la juez una de las llamadas «estructuras de Estado».

Jové, que fue secretario general de Vicepresidencia y Economía, forma parte de la delegación catalana en la mesa de diálogo con el ejecutivo de Pedro Sánchez y encabezó las reuniones de negociación para facilitar la investidura del presidente del Gobierno.

En la comparecencia de este miércoles, uno de los últimos trámites antes de que el caso se envíe a juicio, tanto Jové como Salvadó, que fue secretario de Hacienda de Junqueras, se han acogido a su derecho a no declarar y se han proclamado ante la magistrada víctimas de una «causa general» contra el independentismo.

Como ya hiciera en su declaración como imputado, Jové se ha negado además a someterse a una prueba caligrafía para que los peritos determinen si es el autor de las anotaciones de la agenda «Moleskine» que según las acusaciones esbozaban la hoja de ruta del «procés», un documento que el procesado no reconoce como suyo.

Pese a ello, han apuntado fuentes jurídicas, la magistrada ha dado por hecho que las anotaciones pertenecen al exsecretario general, tras cotejar su caligrafía con la de la firma que estampó en los requerimientos que le remitió el Constitucional para advertirle de las consecuencias legales de seguir adelante con el referéndum suspendido.

A las puertas del TSJC, Aragonès ha denunciado que los diputados de su partido son víctimas de una «segunda ola de represión de la causa general por el independentismo», tras la sentencia del «procés», y ha advertido de que «nunca» será un tribunal el que decida el futuro de Cataluña.

Para el líder de ERC y vicepresidente del Govern, Jové y Salvadó han sido procesados por «hacer posible que dos millones de personas pudiesen votar. Se quiere hacer pagar a dos personas la ilusión y la esperanza de todo un país para decidir su futuro», ha agregado.

El coordinador nacional de ERC ha apelado a la ciudadanía a hacer de nuevo aportaciones a la «caja de solidaridad» impulsada por las entidades soberanistas para recaudar fondos con los que hacer frente a los 4,5 millones de euros de fianza que les ha impuesto el TSJC.

Los procesados, que han presentado un recurso contra su auto de procesamiento, alegan que parte de la fianza impuesta está ya depositada en la causa que dirige el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra una treintena de exaltos cargos del Govern implicados en la organización del 1-O y en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas por el desvío de gastos del referéndum.

Por el contrario, 1,6 millones de la fianza exigida corresponden al coste de la gestión informática impulsada por la Hacienda catalana para supuestamente recaudar los impuestos de los catalanes, una partida que no está asegurada ni en el Tribunal de Cuentas ni en el juzgado de instrucción.

Tras ordenar su procesamiento, el TSJC dio quince días de plazo a Jové y Salvadó para pagar la fianza impuesta y les retiró el pasaporte, al tiempo que les impone la obligación de comparecer mensualmente ante la justicia mientras esperan juicio.

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